Luego de que solo el 22% de los egresados del país aprobara el examen.

Luego de que la pasada semana se revelara que solo el 22% de los graduados de Derecho que tomaron la reválida pasaron el examen, la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), Daisy Calcaño López, hizo un llamado urgente al Tribunal Supremo para que divulgue el informe del Comité para el Estudio y Análisis de la Reválida.

El referido informe fue realizado por un comité del que participaron las tres escuelas de Derecho de la isla, y cuyos resultados fueron referidos al Tribunal Supremo de Puerto Rico para evaluar, entre otras cosas, si bajar o no la puntuación del examen.

Ahora, Calcaño López pide que el Supremo revele los hallazgos del Informe y señala que la acreditación de las instituciones en la isla peligran debido, precisamente, a los pobres resultados de la reválida.

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"Este comité tenía la encomienda de estudiar la nota de pase de la reválida de abogados y las causas del alto por ciento de desaprobación de ese examen. El contenido del informe no ha sido divulgado y compartido con la comunidad jurídica ni el país y la situación es cada vez más difícil para los egresados y egresadas de las tres Escuelas de Derecho, pues la acreditación de estas por la American Bar Association (ABA) depende del por ciento de aprobación de cada institución en un plazo de dos años. Todos conocemos los resultados de las últimas reválidas", dijo en declaraciones escritas.

A su juicio, el alto porcentaje de fracasos demuestra que hay urgencia en conocer las causas de esta situación.

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La letrada destacó que el último estudio conocido y divulgado sobre la Educación Jurídica y la Reválida en Puerto Rico se presentó en diciembre de 1979 al entonces juez presidente, Hon. José Trías Monge, por la comisión especial designada con esa encomienda. No se ha vuelto a realizar un estudio de tal envergadura sobre un tema que afecta, no solo a la comunidad jurídica, sino al país, por la importancia de los servicios legales para la ciudadanía. Por eso la urgencia de retomar el estudio de este delicado asunto, para propiciar su discusión pública y aunar esfuerzos para su solución.

El Colegio de Abogados y Abogadas también le solicitó a la agencia acreditadora que conceda a las Escuelas de Derecho del país una moratoria, antes de aplicar los nuevos criterios de acreditación.

"La pérdida de la acreditación compromete el prestigio y la calidad de la educación jurídica de las Escuelas de Derecho de Puerto Rico. Por esto es necesario atender el urgente reclamo de los egresados y egresadas de los estudios jurídicos para que se estudien las causas del bajo por ciento de aprobación del examen que los acredita para ejercer su carrera", sostuvo finalmente.