El reclamo fue ante una comisión senatorial que evalúa cambios a la antigua Ley 22, ahora Ley 60.

Un clamor por controles legales a la compra de propiedades por parte de inversionistas que disfrutan de incentivos contributivos por “residir” en el país, fue compartido ayer por varias organizaciones ante una comisión senatorial que evalúa cambios a la antigua Ley 22, ahora Ley 60.

La exigencia fue acompañada por relatos de experiencias vividas por los deponentes del área de Puerta de Tierra y el Viejo San Juan, que denunciaron que estos inversionistas compran en efectivo, a veces por encima de tasación, remueven a los residentes y transforman las mismas en apartamentos para alquiler a corto plazo.

“El desplazamiento de residentes de Puerta de Tierra comenzó a paso lento con las demoliciones de varios residenciales públicos. Este proceso de desplazamiento y despoblamiento se ha acelerado violentamente con Ia Ilegada al barrio de Ios inversionistas de Ley 22. Desde el Huracán María y mientras Ios puertorriqueños estábamos recuperándonos de desastres naturales y de Ia pandemia, nueve inversionistas de Ley 22 adquirían en Puerta de Tierra 30 edificios y cuadras completas, desahuciando en el camino a inquilinos y desplazando aceleradamente a toda una comunidad”, denunció la portavoz del Colectivo Puerta de Tierra No Se Vende, Laura Mía González Bonilla ante la Comisión de Hacienda del Senado.

Este organismo legislativo evalúa el Proyecto del Senado 684 que enmienda la mencionada legislación para “asegurar la creación de empleo e inversión a través del programa de Individuo Residente Inversionista Cualificado”.

González Bonilla relató que personalmente vivió la situación que denuncia. “En el 2019 fui desplazada junto a otras 20 familias del histórico edificio Méndez en la Calle San Agustín. Eramos 21 familias que pagábamos alquileres razonables, eramos una comunidad y ahora ese edificio es dedicado en su totalidad a alquileres a corto plazo con tarifas de $150 la noche”, dijo.

“El mismo inversionista que nos sacó de! edificio donde residía compró, en un periodo de menos de 3 años, 10 edificios adicionales, entre la calle San Agustín y la Calle del Tren. Es dueño de una cuadra entera y todos los usos otorgados hasta el momento son para alquileres a corto plazo para hostales, y actividades para ricos. En esa cuadra ya no vive gente”, agregó.

Propuso entonces una serie de medidas que entiende deben aplicarse para evitar este tipo de situación.

Entre ellas incluyó que los estos inversionistas no puedan adquirir edificios que estén habitados por inquilinos residenciales y que de permitirse estas adquisiciones, no podrá expulsar a los inquilinos ni subir el canon de renta por mas de 10% en un periodo de diez años seguidos, por un máximo de 1% anual.

Que tampoco se se les permita adquirir edificios en lotes o fincas que dentro de los 20 años previos hayan sido destinados a proyectos de vivienda pública y que no puedan comprar, poseer ni administrar casas o apartamentos en zonas residenciales para destinarlas al alquiler a corto plazo, ni como personas naturales ni a través de corporaciones con las cuales el participante tenga algún vínculo.

También que estos no puedan ser propietarios, poseedores o administradores de más de una unidad de alquiler a corto plazo y que tampoco puedan adquirir fincas agrícolas en las que al momento de la compraventa o dos años antes haya un arrendatario que esté operando un negocio de producción agrícola.

Por su parte Margarita Gandía, de Blanca B. Gandía Realty, sostuvo que a partir del 2014 se inició un proceso de degradación de la tradición histórica del Viejo San Juan, con la destrucción del interior de las viviendas adquiridas por una corporación, Morgan Reed, bajo la Ley 22.

“Estas propiedades han sido alteradas para convertirlas en propiedades de renta a corto plazo. El resultado ha sido el desplazamiento de residentes. Hoy día solamente quedan 20 apartamentos pequeños de $500 mensuales. La mayoría de los apartamentos para alquiler hoy día son tipo Airbnb, lo cual ha causado el desplazamiento de residentes y rápidamente está convirtiendo al Viejo San Juan en un "gran hotel" de transeúntes y por la noche en una ciudad de desorden donde vive cada vez menos gente”, dijo.

Afirmó que el Viejo San Juan está en franca desmejoría y muy pronto estará irremediablemente perdido, sin residentes que provean la cultura y el sabor local.

Reclamó que las inversiones de capital en el Viejo San Juan y Puerta de Tierra exigen un Plan Sectorial que garantice la conservación y protección de estos espacios para futuras generaciones. “Lo que no puede continuar es la "inversión" de capital extranjero de fuentes que no conocen ni respetan nuestro patrimonio arquitectónico edificado ni valoran la comunidad de residentes que es el Viejo San Juan”, señaló.

Vea: Legisladores del PIP investigarán el desplazamiento de residentes en Puerta de Tierra

La organización CasaTuya CasaMía coincidió con las denuncias antes mencionadas y su portavoz Yoamadil Cabán le propuso a la Comisión promover el empoderamiento de los locales para que puedan mantener sus comunidades.

“Tenemos la certeza de que si nos juntamos en colectivo, en Cooperativa, en sociedades, tendremos la misma capacidad que los inversionistas pero es sistema lo dificulta, no lo facilita. Esta ley favorece al inversionista poniendo en desventaja al local”, dijo.

Proponen cooperativas

Propuso entonces facilitar la creación de herramientas para que se unan los locales tales como cooperativas de vivienda. “Este proyecto de CasaTuyaCasaMia busca entender como maximizar la ley de Cooperativismo para asegurar viviendas para los estudiantes, los artistas, los músicos, las familias que hoy día se ven amenazados con el alza de sobre un 50% en sus rentas. Que en la industria de bienes raíces se practique discriminación positiva a favor del desaventajado residente local”, sostuvo

Propuso además restringir a los inversionistas extranjeros a cierto tipo de inversión. “Por ejemplo que inviertan donde los locales no pueden. Como las estructuras gigantescas que llevan décadas abandonadas. No permitir inversionistas extranjeros entren a las áreas naturales y reservas, ni en lugares de alta demanda para los locales. Sino que inviertan donde el capital local no llega a alcanzar”.

“Mi residencial está justo en medio del desarrollo de Bahía Urbana y de los edificios adquiridos por los inversionistas de Ley 22. Vivo en un lugar privilegiado y por ello siento que en cualquier momento nos sacarán ya que los residenciales públicos donde vive gente principalmente trabajadora y humilde y de la tercera edad, no están en los planes del desarrollo turístico que el gobierno y los inversionistas quieren para el área”, expresó por su parte Caroline Sánchez, presidenta de la Junta del Residencial Parque de San Agustin

“En los últimos años mi barrio ya no es el mismo. Hay cuadras en donde apenas viven personas. Nos han quitado servicios, un inversionista de Ley 22 compró la ultima escuela elemental que nos quedaba, nos cerraron el cuartel, el CDT ya casi no ofrece servicios médicos, en fin, nos quieren sacar de la comunidad”, expresó.

Denunció que la promesa para los residentes desplazados del residencial Puerta de Tierra, que fue demolido en 2015, de que regresarían a un moderno complejo de apartamentos, no se cumplió.

“Para ellos construyeron Bay Shore Villas un bonito y lujoso edificio a donde solamente 8 familias de las 484, volvieron. Los demás no pudieron volver porque no es vivienda accesible, no la pueden pagar”, dijo.

“El gobierno quiere regalarle nuestro barrio a los millonarios y a los turistas pero estamos combativos, de nuestro barrio no nos sacarán. Queremos preservar la esencia del barrio, de su gente y de nuestra comunidad. Por eso solicitamos que se eliminen los beneficios a los millonarios inversionistas que pretenden quedarse con el barrio”, concluyó.