La agencia estatal tiene tiene reclamaciones por sobre $1,780 millones a la agencia federal.

La Administración de Vivienda Pública (AVP) tiene reclamaciones por sobre $1,780 millones ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA) que ya “obligó” fondos por $936 millones, pero al momento solo le han desembolsado $631,000.

Esa reclamación, expresó el administrador de la agencia, Alejandro Salgado Colón, es para cubrir los costos de reparación permanente no cubiertos por el seguro privado e incluye $110 millones para medidas de mitigación de riesgos.

Precisó que de los dineros “obligados”, la porción federal es de $842 millones y la estatal es de $94 millones, al recordar que la agencia federal paga solo el 90% del costo del proyecto, según aprobado.

“FEMA solo ha hecho un pago de unos $631 mil dólares”, se quejó Salgado.

Para $320 millones de los $936 millones obligados, agregó, la AVP tiene ya el alcance de los trabajos y estará subastando una porción de los mismos dentro del próximo año fiscal. Para el resto, la agencia acaba de someter su plan de cinco años para la aprobación de FEMA de los alcances, dijo.

Secretario presenta presupuesto

Salgado hizo sus expresiones en una audiencia pública de las comisiones de Hacienda de Cámara y Senado, donde el secretario de Vivienda, William O. Rodríguez, defendió un presupuesto por $900,284,000, para el próximo año fiscal 2023. Este, indicó, supera por $13.3 millones el del periodo vigente.

Dicho aumento, explicó, proviene de la partida del Fondo General por la cantidad de $6,999,000 y es para cubrir el impacto de la nómina por la movilidad de los ex trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y al pago del plan de pensiones.

El resto es de la partida de Fondos Especiales Estatales, que se incrementó por $4.7 millones para el pago de los subsidios de arrendamiento y mejoras de vivienda para personas de mayor edad con bajos ingresos, a través de la Ley 173-1996.

Estimó el funcionario que para el programa de Community Development Block Grant (CDBG) el Departamento de Vivienda recibirá una asignación federal de $23,780,802 durante el año fiscal 2023.

“Entre los retos que se tenía en el año fiscal 2022, estaba la posible pérdida del remanente de los fondos otorgados desde el año 2008 al 2014, si no se utilizaban en o antes del 31 de agosto de 2021. El balance de estos fondos al mes de febrero de 2021 era de $10,761,183, pero el mismo se desembolsó en la fecha pautada”, dijo.

Durante la audiencia ante las comisiones de Hacienda de Cámara y Senado se informó que durante en el período del año 2019 al 15 de abril de 2022, el DV ha sido objeto de tres auditorías federales sobre el uso de los fondos de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG-DR) por parte de la Oficina del Inspector General del DV y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD-OIG).

“Sobre estas auditorías, solo se ha emitido dos reportes con un total de tres hallazgos. Los dos hallazgos de la HUD-OIG se encuentran abiertos, pero el DV ha cumplido sustancialmente con las recomendaciones de HUD-OIG”, dijo el secretario.

También se discutió el presupuesto de la Administración de Vivienda Pública (AVP), agencia gubernamental adscrita al DV y que tiene un presupuesto propuesto para el año fiscal 2022-2023 cercano los $672 millones. De esta cantidad, un 99.2% o $666.9 millones provienen de fondos federales.

Salgado expresó que la partida proveniente de fondos estatales es de $5.6 millones o 0.8% del presupuesto y es utilizado para cubrir nómina de 33 proyectos estatales, así como el gasto de nómina de los empleados de la AEE, transferidos a la AVP por la movilidad.

Indicó que entre las metas que tiene la AVP para el próximo año fiscal están la demolición; y el desarrollo y construcción de nuevos proyectos. “La inversión estimada de mejoras de capital y mantenimiento extraordinario ronda los $20 millones para este próximo año fiscal”, añadió.

Salgado Colón precisó además que los proyectos de mejoras para movilidad comprenden 512 unidades de vivienda existentes en diferentes residenciales públicos del país, para así estar en cumplimiento total con los estándares bajo la Ley Federal ADA (Ley de Estadounidenses con Discapacidades). Los trabajos de construcción se estiman en $18.9 millones, aproximadamente.

A su vez, el administrador planteó que, al presente, se encuentran en procesos de modernización y demolición de tres proyectos a través de todo Puerto Rico, para un total de 1,022 unidades de vivienda.

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