La Contraloría de Puerto Rico publicó el jueves, el resultado de la investigación de una querella relacionada con el uso de los fondos y propiedad públicos para beneficio personal, y los desembolsos emitidos para el desarrollo de un hotel municipal sin utilidad.

La investigación reveló un patrón por parte del alcalde de Quebradillas de utilizar las facultades y deberes de su cargo para obtener beneficios indebidos.

El alcalde compró pinturas para su negocio privado, utilizando los precios especiales de la cuenta de cliente comercial del Municipio para no pagar el impuesto sobre ventas y uso (IVU), obtuvo de un contratista del Municipio un estimado de daños a una propiedad suya sin pagar por el mismo y permitió que se realizara una fiesta de Navidad de la corporación Empresa Municipal para el Desarrollo Económico de la Ciudad Pirata, Inc, en un restaurante propiedad de su familia.

Por estas situaciones, se pudo haber configurado los delitos de aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios, tipificado en la Ley 146-2012, Código Penal de Puerto Rico, y acciones prohibidas en la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental.

Además, dos empleados municipales, el oficial de rehabilitación de viviendas y el inspector de proyectos, realizaron trabajos privados para su beneficio y para el alcalde. Los auditores de la Contraloría hallaron en las computadoras, dibujos de planos de propiedades a nombre del alcalde y sus familiares, facturas por dibujos técnicos, y planos por servicios a un exempleado municipal, y cotizaciones para trabajos no relacionados con la gestión oficial del Municipio.

Por estas acciones, los empleados municipales pudieron haber cometido delitos de aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios.

La investigación también reveló la compra e inversión de 2,426,376 dólares del 2011 al 2016, para el desarrollo de un hotel municipal que no ha tenido utilidad. En la casa tipo mansión, desarrollada con recursos del entonces Banco Gubernamental de Fomento y de una Resolución Conjunta de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de 2013, está abandonada y sólo ha generado 8,340 dólares por actividades privadas.

Los resultados de esta investigación se refirieron, el 9 de marzo de 2022 al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental para que tomen las acciones pertinentes. Además, se recomienda al Panel del Fiscal Especial Independiente, considerar el resultado de la investigación y al alcalde del Municipio velar por el uso diligente de los recursos para el beneficio del interés público.

El Resultado de esta investigación con fecha del 28 de abril de 2022, está disponible en www.ocpr.gov.pr.