Así lo aseguró el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos ante una comisión de la Cámara de Representantes.

Los fondos asignados y disponibles que tiene el gobierno para otorgar incentivos contributivos y salariales para las pequeñas y medianas empresas (PyMES) en Puerto Rico no están llegando a estos empresarios por contradicciones e incompatibilidad entre leyes locales existentes que lo están dificultando y en algunos casos impidiendo, asegura el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH)

La revelación la hizo el lunes la abogada Naomi Álamo que presentó una ponencia firmada por el secretario Gabriel Maldonado González ante la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios y Permisología de la Cámara de Representantes.

Dicho organismo legislativo evalúa una medida que enmienda la Ley 120 de 2014, que es la Ley de Incentivos para la Generación y Retención de Empleos en PyMEs.

“El fin loable que busca la Ley 120-2014 en cuanto al reembolso de salarios no ha podido cumplirse según previsto”, afirma el Secretario en su ponencia.

Explicó que cada año el DTRH separa del Fondo una cantidad exclusivamente para ser utilizada por PyMEs Elegibles que tramitarán su solicitud de incentivo a través del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), de conformidad con la Ley 120-2014.

La cantidad anual reservada para dicho fin, dijo, “promedia aproximadamente los $5,800,000.00. Sin embargo, la cuantía desembolsada ha fluctuado entre $0.00 a $664,434.40, siendo la utilización máxima aproximadamente 11%”.

Incluye una tabla que refleja que durante los pasados cinco años fiscales, en tres de ellos (2018-19; 2020-21; y 2021-22) no se pagó un centavo de dicho fondo para las PyMES. En el 2017-18 se pagaron solo $430,372.80; y en el 2019-20 los $664,434.40 que mencionó el Secretario en su ponencia.

Sostiene Maldonado González que “la razón para el bajo aprovechamiento de estos fondos, se debe a que la Ley 120-2014 estableció que los incentivos salariales se gestionarían a través del DTRH mediante los mecanismos provistos bajo la Ley 52-1991, pero existen puntos incompatibles entre ambas leyes que han dificultado y en ocasiones imposibilitado la aplicación de dicho mandato”.

Procede entonces a enumerar varios puntos que son incompatibles entre ambas leyes, que incluyen diferencias en torno al máximo del subsidio salarial que se puede pagar; el número de empleados cuyos salarios se pueden subsidiar y hasta la fecha en que tienen que someterse las solicitudes para el programa.

Aunque no lo expresa así, el Secretario en su ponencia parece proponer que se derogue la Ley 120 del 2014 pues afirma que “queremos garantizar que mediante los mecanismos provistos bajo la Ley 52-1991, el DTRH pueda ayudar a incentivar a las PyMEs por igual y no esté sujeto a las restricciones de elegibilidad de la Ley 120-2014”.

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Así, agrega, todas las PyMEs podrán disfrutar de los beneficios de Ley 52-1991, acudiendo directamente ante el DTRH.

"Es nuestro interés que el dinero del Fondo destinado para el beneficio de los patronos privados sea utilizado en su totalidad y que la mayor cantidad de PyMEs puedan disfrutar de los mismos, de manera que las partidas separadas para aprovecharles no continúen quedándose en desuso”.

Adelantó, sin embargo, que próximamente estarán presentando un proyecto de ley con las enmiendas correspondientes para alcanzar esos objetivos.

La medida que evalúa la comisión cameral, el P de la C 1081, busca expandir las categorías de PyMEs Elegibles en Expansión y PyMEs Elegibles con Pérdidas Netas Operacionales a aquellas empresas que hayan comenzado operaciones en una fecha posterior al 1 de enero de 2014 y atemperar el reembolso parcial de salarios al nuevo salario mínimo estatal establecido por la Ley 47-2021, se indicó.