Reclaman, además, que se abra un espacio para que los consumidores puedan expresarse acerca de las consecuencias que esta inmunidad crea a la ciudadanía.

El Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica de Puerto Rico (ICSE), solicitó al Negociado de Energía que inicie un proceso para examinar la “inmunidad” que se le concedió por vía administrativa a LUMA Energy y que también ostenta la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La solicitud se hizo mediante moción en la que se reclama además que se abra un espacio para que los consumidores puedan expresarse acerca de las consecuencias que esta inmunidad crea a la ciudadanía y la economía en general, informó Esther Cintrón, directora ejecutiva de ICSE.

Según indicó, esta inmunidad representa que ningún tipo de consumidor sería compensado por daños ni por pérdidas que pueda sufrir por la negligencia de la AEE y LUMA.

“Esto pone en un estado de total indefensión a los abonados del servicio y a la ciudadanía en general, ya que dicha inmunidad representa un amplio relevo de responsabilidad de parte para LUMA y la AEE, y evita la requerida fiscalización y rendimiento de cuentas por su ejecutoria y consecuencias necesarias”, señaló.

Recordó la portavoz que el 28 de julio de 2021, el ICSE radicó una Revisión Administrativa ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando en contra de dicha Resolución de “inmunidad” del Negociado.

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Tan reciente como el día 10 de marzo de 2022 el Tribunal de Apelaciones emitió sentencia, con el voto afirmativo de dos jueces, y un voto disidente, donde concluyó que ICSE carecía de legitimación activa (''standing”) para que se considerara el reclamo de ICSE de eliminar la inmunidad, tanto a LUMA como a AEE.

“Tanto la opinión mayoritaria como la disidente y un voto particular emitido, coinciden en reconocer los méritos de alto interés público del asunto planteado por ICSE y la pertinencia de que exista un foro que los atienda, ya que en esta etapa el Tribunal no podría. Cabe resaltar que los comentarios de la jueza disidente de Tribunal de Apelaciones, Grana Martínez, expone las graves consecuencias de sostener tal inmunidad”, añadió Cintrón.

Indicó que además el juez Adames Soto, quien votó con la mayoría (de dos jueces) emitió un voto particular en el que indicó que, ''lo cierto es que, juzgo, debería concederse espacio a una interpretación que facilite la revisión judicial sobre asuntos de tan alto interés público, como el que precisamente se plantea ante nosotros”.

“La decisión dictada por el Negociado atenta contra el desarrollo económico y la vida misma de los ciudadanos que residen en Puerto Rico. El avalar esta decisión privaría a las empresas del derecho a reclamar por las perdidas ocurridas como consecuencia de la negligencia ordinaria de LUMA al proveer el servicio de electricidad. Estas situaciones son solo algunos ejemplos de la gran cantidad de repercusiones que la inmunidad otorgada acarrea sobre el interés público”, dijo.

“Resulta altamente beneficioso para los consumidores que el tema de la inmunidad impuesta por vía administrativa y no legislada por la Legislatura de Puerto Rico sea objeto de un procedimiento separado, abierto, adjudicativo, que permita el más amplio debate de este tema, consistente con las expresiones del Tribunal de Apelaciones. Nosotros solicitamos y exigimos que se comience un nuevo proceso con participación ciudadana, abierto, transparente y adjudicativo sobre el tema de la inmunidad", concluyó Cintrón.

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