A partir de julio, el sueldo base de los educadores iniciará en $2,750.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, firmó esta tarde el Proyecto de la Cámara 513, que eleva a $2,750 el salario base de los maestros en el sistema público de enseñanza.

La medida ya había sido aprobada tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado.

“Reconozco el empeño y el compromiso que tienen las maestras y maestros de la Isla, y que su labor es fundamental para el desarrollo de nuestras niñas, niños y jóvenes. Por eso, he firmado esta medida que establece el salario base en $2,750 que es consistente con el aumento que ya anuncié recientemente, pues es un paso en la dirección correcta. Como gobierno seguiremos trabajando para continuar haciéndoles justicia”, expresó el primer ejecutivo en declaraciones escritas.

Miembros de la FMPR celebraron ayer una protesta en la Fortaleza en contra de la implementación del Plan de Ajuste de la Deuda y del recorte a sus pensiones. La presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, y otros miembros del organismo, se reunieron con Yamil Ayala, asesor de asuntos laborales de La Fortaleza, quien le adelantó que hoy el primer ejecutivo lo convertiría en ley.

''Tal como se comprometieron ayer con nosotros en la Federación de Maestros en Fortaleza, el gobernador lo acaba de firmar. A partir de julio 2022 todos verán ese aumento", dijo Martínez en declaraciones escritas.

''Gracias a los miles de maestros que se ausentaron, gracias a los miles que han luchado sin parar. Es precisamente por su sacrificio que esto se logra. Gracias al trabajo unitario desde el FADEP porque llevamos librando esta batalla juntos mucho tiempo", agregó.

Martínez, sin embargo, hizo hincapié en que, a pesar de ese beneficio, la lucha debe continuar por defender el retro de todos los educadores.

''Esto, nos debe abrir los ojos: Logramos carrera magisterial, aumento salarial. Nos falta nuestro retiro y NO podemos descansar hasta lograrlo", sentenció.

Según indicó La Fortaleza, la Ley Especial de Salario Base para los Maestros y Maestras del Sistema de Educación Pública no menoscabará los derechos adquiridos incluyendo los tipos intermedios, aumentos y ajustes salariales otorgados con anterioridad a la aprobación de este estatuto, que haya sido obtenido por negociación colectiva, la reglamentación interna de la agencia o mediante legislación.

Tal como está dispuesto en la ley, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Departamento de Educación (DE) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) anualmente deberán identificar, separar, garantizar y certificar los fondos necesarios para cumplir con esta ley.

El pasado 8 de marzo el gobernador convirtió en la Ley 9 de 2022 el Proyecto del Senado 573 que devuelve derechos salariales a los maestros del sistema de educación pública que obtengan una maestría o un doctorado. Dicha pieza legislativa ordena al DE y OGP identificar $4,367,736 provenientes del Fondo General para cubrir en o antes de que culmine el presente año fiscal los pagos adeudados correspondientes al periodo que precede al año fiscal 2014-2015 conforme a la Ley de Carrera Magisterial de 1999.

El aumento salarial de $1,000 se logrará inicialmente con dinero del Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés), según se indicó.

Veto al Proyecto de la Cámara 752

Por otra parte, el gobernador emitió un veto expreso al Proyecto de la Cámara 752 que pretendía establecer, entre otras cosas, garantías para el manejo y entrega de las estadísticas vitales entre el Departamento de Salud (DS) y el Instituto de Estadísticas porque no es consistente con la Ley 53 de 2021 que es la Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico, según se indicó.

“Las enmiendas introducidas por dicha ley requieren que la Asamblea Legislativa solicite a la OGP una certificación que acredite la disponibilidad de fondos y en caso de que dicha agencia no la suministre en el término dispuesto, entonces la Comisión deberá consignar en su informe que la entidad no suministró la certificación oficial de disponibilidad de fondos en el tiempo dispuesto por ley, incumpliendo con el deber ministerial en la legislación vigente. En este proyecto, ese análisis no surge de los informes de Cámara o Senado”, argumentó el gobernador en una carta dirigida a los presidentes legislativos.

También, durante el proceso legislativo del proyecto cameral, no se contemplaron enmiendas sugeridas por el DS incluyendo el garantizar la continuidad de los procesos de validación-corrección y verificación por el que pasan los datos crudos obtenidos por el Registro Demográfico y proteger los datos personales de cada inscrito, subrayó.