Entre los principales objetivos está que la agencia salga de la quiebra bajo el Título III lo antes posible.

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) adelantó ayer los objetivos que buscará el gobierno de Puerto Rico en la negociación de un nuevo acuerdo de ajuste de deuda para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), luego que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia canceló el que se había ya negociado.

Estos objetivos, explicó el asesor especial de AAFAF, Jean Peña Payano, ante la comisión de Hacienda de la Cámara, está que la AEE salga de la quiebra bajo el Título III lo antes posible; promover la conversión a fuentes de energía renovable y, a corto plazo, el mayor uso del gas natural, que es más limpio y menos costoso que los demás combustibles que utiliza la AEE. Además que se respete el rol del Negociado de Energía de Puerto Rico de establecer las tarifas de electricidad y velar por el cumplimiento con el Plan Integrado de Recursos.

También, dijo, se buscará proteger a los pensionados de la AEE; y cumplir con los requisitos y objetivos de política pública establecidos en la Ley 17-2019, mejor conocida como la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico". La mencionada Comisión investiga la necesidad, justificación y legalidad de las emisiones de bonos de la AEE.

En su ponencia Peña Payano expuso extensamente los resultados del estudio que ordenó en el 2017 la Junta de Supervisión Fiscal a la empresa Kobre & Kim LLP sobre los factores que influyeron en la crisis fiscal del Gobierno de Puerto Rico, así como sobre asuntos relacionados a la emisión de deuda pública del territorio.

Resaltó que por la importancia y tamaño de las emisiones de deudas emitidas por la AEE, el reporte discutió también su impacto en las operaciones de la corporación pública, así como el uso que se brindó a los fondos obtenidos.

“Es preciso destacar que el reporte señala que las consideraciones de política partidista fueron uno de los factores que afectó la situación fiscal de la AEE. Del mismo modo, señala que, a pesar de los altos costos de energía que pagan los clientes de la AEE, los ingresos que estos producían no eran insuficientes para cubrir los costos operacionales y las mejoras de capital”, sostuvo.

Señaló el asesor que el estudio destaca que para compensar esta insuficiencia de ingresos, la AEE se convirtió en dependiente de las transferencias a corto plazo del BGF, las cuales posteriormente pagaba con los fondos que recibía emitiendo deuda.

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“Esto lo atribuye el reporte a la falta de voluntad política para aumentar la base de ingresos de la AEE; a proyectos dirigidos a reducir el costo de producción de energía con el cambio a gas natural incompletos; y a los subsidios políticamente motivados”, señaló.

Citando siempre el mencionado estudio dijo que los otros factores que también influyeron negativamente en las operaciones de la AEE y que provocaron su crisis fiscal, fueron el exceso de posiciones de empleados de confianza; cambios de personal constante; costos de beneficios a empleados mucho mayores que a otros empleados gubernamentales; y la falta de continuidad a los proyectos de mejoras de capital; entre otros.

“En esa línea, el reporte indica que el ajuste de la tarifa para cubrir la partida de los subsidios puede representar hasta un 11% de la factura que reciben los clientes”, dijo.

Indicó por otra parte, que el informe resalta que la AEE mantuvo su dependencia al petróleo en lugar de gas natural a consecuencia de decisiones políticas y menciona específicamente los fallidos proyectos del Gasoducto del Sur y Vía Verde.

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“En ambos proyectos, a pesar de no concretarse, la AEE invirtió decenas de millones de dólares. En ese sentido, haber completado la construcción de alguno de los proyectos hubiese significado la sustitución significativa de petróleo por gas natural”.

Utilizando cifras del documento señaló que en el robo de energía, la AEE perdía alrededor de $30 millones anuales en energía producida y utilizada por los clientes pero no facturada a estos. Por otra parte, el subsidio que se otorga a los municipios, comúnmente conocido como “contribución en lugar de impuestos” o “CELI”, conlleva a que entre un 17%-20% de la energía que produce la AEE no sea facturada”, añadió.

“La AEE necesita una reforma estructural que produzca un mejor uso de los fondos que recibe y desligue de su operación los factores que históricamente han impedido que sea autosuficiente”, concluyó el asesor de AAFAF.

El Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto fueron citados también a estas audiencias, pero ambas indicaron que el tema no está bajo sus respectivas funciones y jurisdicciones por lo que difirieron la discusión del mismo a la AAFAF.