Denunciaron que quieren desmantelar las áreas administrativas y trasladarlas al Negociado de Seguridad Pública.

Empleados del Negociado de Sistema de Emergencias del 9-1-1 celebraron hoy una manifestación frente a La Fortaleza para exigir transparencia en los fondos que se utilizan para administrar esa agencia y que se detenga el traslado de empleados administrativos para realizar funciones fuera de ella.

Según expresaron a NotiCel, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) está desmantelando la administración del 9-1-1, al transferir dependencias administrativas y utilizando fondos que son destinados para atender adecuadamente las emergencias para cubrir los gastos generales de la sombrilla.

Indicaron que empleados administrativos de los departamentos de Finanzas y de Recursos Humanos recibieron cartas la semana pasada en las que le anunciaban que, a partir del 1 de abril próximo, deberían reportarse al DSP.

“Una vez más, esta administración atenta contra los fondos del Sistema 9-1-1. Lo que quieren es desmantelar el área administrativa para llevarnos al embeleco del DSP. Antes que esto existiera, nuestras agencias de respuesta hacían su trabajo día a día, que es atender las emergencias de nuestro país”, sostuvo Carmen Santiago, empleada administrativa del Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1.

“Nosotros exigimos transparencia del fondo del 9-1-1 porque la atención de la emergencia es para lo único que tú, ciudadano, pagas los 50 centavos en la factura del teléfono. No es para sustentar el embeleco del DSP”, agregó.

“Hoy están empezando por desmantelar el área administrativa. Mañana no sabemos a dónde van a parar. Y los fondos, lo que tú pagas, veremos a dónde se van”, destacó.

Por su parte, María López Martínez, oficinista por más de 23 años en esa agencia, resaltó que el uso de fondos del Sistema 9-1-1 para otros fines, además de ilegal, tiene un impacto adverso en la operación de esa agencia.

“Se va a afectar la agilidad de compra y el servicio de mantenimiento de nuestro servicio tecnológico y la transparencia de los fondos del 9-1-1”, destacó.

“Nosotros recibimos fondos propios, que son los 50 centavos del celular y el $1 que pagan los comerciales. Eso suma alrededor de 22 a 24 millones de dólares al año que se distribuyen en todas las agencias de emergencia. Dentro de los demás negociados, ninguno tiene un presupuesto así, recurrente”, agregó.

Las manifestantes destacaron, además, que la FCC ha establecido que el dinero del Sistema 9-1-1 no puede ser utilizado para otros fines.

Según se indicó, entre administradores y telecomunicadores la agencia cuenta con unos 170 empleados.

Las portavoces reclamaron que se ponga en vigor la Ley 32, que fue firmada por la gobernadora Wanda Vázquez y que precisamente tenían como fin salvar esos fondos que, entre otras codas, son utilizados para actualizar sus sistemas e infraestructura; reducir el éxodo de telecomunicadores capacitados con experiencia como personal administrativo, y asegurarse de que los fondos están debidamente distribuidos entre las partes involucradas en las operaciones de respuesta, entre otros usos.

“Lo están utilizando para cubrir la administración del Departamento de Seguridad Pública. Crean estas cosas que lo que hacen es que afectan no solamente a los empleados, sino que repercute en el servicio al país”, sentenció López Martínez.

Los empleados esperaban reunirse hoy mismo con representantes de la Fortaleza para plantear formalmente sus reclamos.