La Orden Ejecutiva establece un salario mínimo de $15.00 la hora para trabajadores diestros y de $11.00 para empleados no diestros y establece además los parámetros para la implementación de acuerdo laborales.

El presidente del capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Contratistas Generales (AGCPR), Eduardo Pardo, no dudó en repetir su descontento con la orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi que eleva el salario de los trabajadores de construcción y adelantó que estarán atendiendo enérgicamente el alcance de sus efectos.

“Nuestra Asociación, y otras asociaciones de la industria ya hemos expresado nuestro descontento con el mandato firmado el domingo 20 de febrero, porque no se nos informó ni consultaron con nosotros sobre el mismo. En el proceso, tampoco se tomaron en consideración las recomendaciones que ofrecimos y acordamos en el Consejo Asesor de la Industria de la construcción”, indicó Pardo durante la reunión almuerzo de esa agrupación.

La orden ejecutiva del gobernador establece un salario mínimo de $15.00 la hora para trabajadores diestros y de $11.00 la hora para empleados no diestros y establece además los parámetros para la implementación de acuerdo laborales o PLAs en los proyectos de reconstrucción financiados total o parcialmente con fondos federales, recordó.

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“AGCPR y la industria de la construcción estamos haciendo un llamado enérgico al gobernador de Puerto Rico para que se acojan nuestras propuestas sobre salarios, y PLAs. Ellas están basadas en las condiciones del mercado local, y su propósito es mantener un balance saludable entre el sector público y el sector privado para garantizar la viabilidad de los proyectos y la sostenibilidad de la industria y los empleos que generamos, aun cuando los fondos federales se agoten”, agregó.

Pardo indicó que actualmente, la industria está atravesando por un momento de inflación en el costo de los materiales de construcción que provocó incrementos de sobre 20% en tan solo un año.

“Ese aumento solamente se refiere a materiales y no incluye la nómina que también ha aumentado sustancialmente debido a la escasez de mano de obra que estamos experimentando”, abundó al recalcar que “adoptar política pública como la OE 2022-014 nos añade más presión económica y afecta la viabilidad de los proyectos programados”.

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Cuestionó cómo planifica el gobierno completar la obra programada y estimada a precios de hace dos años, con los costos actuales que son más altos y cual es el plan para mantener la actividad económica y los empleos en la industria de la construcción cuando los fondos federales se agoten.

“Firmes al compromiso que tenemos con nuestros socios, trabajadores de la construcción, y con Puerto Rico continuaremos procurando comunicación efectiva con el gobierno para que se adopten iniciativas que rindan los resultados esperados y amplíen la calidad de vida y las oportunidades que hay en la Isla”, concluyó.