Informe de la Oficina de la Contralora apunta a que no cuentan con el personal necesario para atender casos de impericia médica y de conducta no profesional.

Tras una auditoría a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, adscrita al Departamento de Salud (DS), la Oficina de Contraloría en Puerto Rico encontró que habían cientos de casos de impericia médica desde hace años sin resolver y que además la forma en la que se guardaban los expedientes de médicos no era la adecuada.

La situación que parece haber llevado a la Junta al incumplimiento de su deber es común y sucede en otras agencias: falta de recursos adecuados y de líderes que se adentren a la situación para buscar soluciones.

Y es que según el informe de autoría elaborado por la Oficina de la Contralora, los hallazgos respecto a los casos de impericia médica fueron dos:

- Al 30 de agosto de 2021, según la secretaria legal -que no fue identificada-, había 160 casos de conducta no profesional pendientes por resolver. El caso más antiguo de 2001, por lo que habían transcurrido entre 1 y 20 años sin que se resolvieran.

- A la misma fecha, pero según la administradora del Sistema III -que tampoco fue identificada-, había 408 casos de impericia médica sin resolver. El caso más antiguo de 2003, por lo que habían transcurrido entre 1 y 18 años sin que se resolvieran.

¿Qué provocó esta situación?

El personal "no es suficiente. La división legal de la Junta contó con los servicios de únicamente un abogado para trabajar los casos de conducta no profesional. En octubre de 2020 el oficial investigador asignado a la Junta remitió su carta de renuncia. Entonces, comenzó el proceso para buscar un sustituto o sustituta. No obstante, una vez la Junta había elegido una candidata, desde el Departamento de Salud, que entonces dirigía Lorenzo González, informaron que no procedía el contrato.

"La Oficina del Secretario de Salud ordenó la cancelación del contrato", lee el informe, que abunda que en sustitución, asignaron una abogada del Departamento de Justicia "a tiempo parcial" para que se encargara de estos casos de impericia.

Sumado a eso, la Junta contaba también con un solo abogado asignado a casos de conducta no profesional.

Vea también: Contraloría revela que hay 408 casos de impericia médica sin resolver

La Junta alega que se comunicó con la entonces secretaria de Justicia desde el 2019, pero que esta les indicó que los recortes en la agencia hacían complicado enviar más recursos. Aunque no se identifica en el informe, Wanda Vázquez Garced fungía como secretaria de Justicia durante gran parte del tiempo en que la Junta alega haber pedido auxilio de Justicia. Vázquez Garced fue secretaria de Justicia hasta el 7 de agosto de 2019, cuando juramentó como gobernadora de Puerto Rico tras la renuncia de Ricardo A. Rosselló Nevares.

A Vázquez Garced la sucedió Dennise N. Longo Quiñones, quien también estuvo en el poder durante el periodo en el que la Junta solicitó recursos adicionales.

El exsecretario González no ha respondido una comunicación emitida por la Oficina del Contralor sobre estas situaciones, algunas de las cuales ocurrieron bajo su mandato, según el informe.

Tras una petición de este diario digital, el Departamento de Justicia confirmó que el pasado 10 de septiembre la agencia aprobó un destaque administrativo de una abogada para que preste servicios a tiempo completo en la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica.

La aprobación ocurrió tras una solicitud realizada por el actual secretario de Salud, Carlos Mellado López.

Expedientes médicos:

La Junta debe contar un archivo de expedientes de médicos en Puerto Rico, que debe estar dividido entre expedientes generales, licencias permanentes, telemedicina, entre otros. Sin embargo, una visita de la Oficina de la Contralora al archivo concluyó que "la Junta no cuenta con un inventario ni un plan de retención para los expedientes médicos".

"Se observó que... las instalaciones no contaban con anaqueles suficientes para el archivo de los expedientes de médicos. Estos se colocaban en cajas en el suelo, unas sobre otras, lo cual dificulta la identificación de documentos", dice el informe también.

La Ley 38 de 2017 establece que todo caso sujeto a un proceso administrativo debe ser resuelto dentro de seis meses, desde su radicación, salvo en circunstancias excepcionales.

Además, la ley establece que la Junta, tan pronto recibe información sobre actuaciones que constituya impericia profesional, se trate o no un caso finalmente adjudicado, debe iniciar una investigación y rendir un informe dentro de los primeros 90 días siguientes. En dicho informe se debe recomendar si procede la imposición de sanciones disciplinarias al médico.

La Oficina de la Contralora recomendó a la Junta asegurarse de que se cumpla la ley y que se prepare un inventario y plan de retención de los expedientes de médicos.

Para ver el informe pulse aquí.