La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que ayer dejó sin efecto el mandato de Joe Biden, que obligaba a vacunarse o presentar semanalmente resultados negativos a pruebas de covid-19 a los empleados de todas las empresas con 100 trabajadores o más, no invalida ni necesariamente afecta las órdenes ejecutivas de los gobernadores.

Así afirmó el abogado laboral, Jaime Sanabria, en entrevista con NotiCel.

"Si algo el Tribunal Supremo de Estados Unidos no resolvió es si un gobernador tiene autoridad o no para adoptar una Orden Ejecutiva e imponer mandatos de vacunacón compulsoria. Eso el Supremo no lo resolvió y fue enfático en eso", expresó el licenciado Sanabria.

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"La Orden Ejecutiva del Gobernador sigue siendo válida y hasta que alguien la cuestione, no puede ser invalidada. El mensaje a la ciudadanía en ese sentido es que tiene que obedecer", agregó el profesor de derecho.

"El Supremo devolvió el caso al foro federal que está dilucidando en los méritos para que evalúe el asunto, pero todavía no ha resuelto si un gobernador como (Pedro) Pierluisi puede obligar o no a sus ciudadanos a vacunarse a través de distintos requerimientos".

Ayer el gobernador anunció una nueva Orden Ejecutiva que amplía el mandato de vacunación mediante el refuerzo -la conocida tercera dosis- y que además extiende las restricciones vigentes.

El mandato de vacunación obligatoria respecto a la tercera dosis incluirá a los menores de 12 años o más que son elegibles para refuerzo, trabajadores de cines, hoteles, paradores, teatros y coliseos. Los alumnos tendrán hasta el 15 de febrero para que se les administre la tercera dosis de la vacuna contra el covid, y que puedan tomar clases presenciales.

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El martes en la noche, una pareja fue arrestada por violar la Orden Ejecutiva que dispone que cada ciudadano debe traer una prueba negativa de covid o realizarse una a su llegada a Puerto Rico.

Luego de que un juez emitiera una orden de arresto en su contra, Zulma I. Figueroa Córdova y su esposo, Luis Angel Colón Colón, protagonizaron un atrincheramiento con sus tres hijos en hechos ocurridos en Caguas. La pareja llegó el 2 de enero a Puerto Rico, y decidió no traer ninguna prueba. Tampoco accedieron a realizarse una en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. El miércoles quedaron libres bajo fianza.

Durante esa situación en Caguas, llegaron hasta el lugar decenas de manifestantes que no favorecen la vacunación y se oponen a las órdenes ejecutivas del Gobierno para atender la pandemia. Este ha sido posiblemente el caso que más atención ha generado de residentes de Puerto Rico que no quieren acatar las órdenes ejecutivas.

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No obstante, aunque esta decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos no tiene efecto inmediato en las órdenes ejecutivas como las impuestas por el Gobernador para atender la pandemia, Sanabia advirtió que "sí hay jueces que están dando voces de alerta. No necesariamente en todas las situaciones alguien tiene el poder absoluto de exigir vacunaciones compulsorias. Hay un mensaje subyacente enviado al estado diciéndole que tiene que estar preparado para justificar por qué está requiriendo vacunar compulsoriamente", dijo Sanabria.

La orden presidencial que fue frenada ayer por el Supremo debía comenzar en febrero.

"Lo que el Tribunal Supremo dijo es que una agencia federal como lo es el Departamento del Trabajo Federal y la oficina adscrita al Departamento del Trabajo Federal conocida como OSHA, no tiene el poder en sus leyes habilitadoras, en sus leyes orgánicas, de imponer a patronos privados con 100 empleados o más que vacunen compulsoriamente a sus empleados".

El Tribunal sí avaló otro mandato de Biden para que se vacunen unos 17 millones de empleados de las sobre 50,000 instalaciones sanitarias en el país, las que reciben subsidios de Medicare o Medicaid.

"El Supremo de los Estados Unidos validó un requerimiento de vacunación compulsoria que CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services) estaba exigiendo. En ese caso de Medicaid se contemplaba que hubiesen exenciones religiosas y de salud para aquellos que no querían vacunarse. Lo que quiere decir, y el Supremo lo dice así, es que este tema del covid es incierto, la información cambia todos los días", sostuvo el abogado laboral.