No será al menos hasta el lunes que se conozca si el Tribunal Supremo de Estados Unidos evaluará la impugnación que sometió ayer la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) a la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que declaró confidenciales las grabaciones judiciales en el caso de Andrea Ruiz Costas.

"El Tribunal Supremo (de Estados Unidos) crea un panel en lo que se llama una conferencia, que es que la secretaría del Tribunal Supremo le sube los expedientes que se han radicado y ellos a puerta cerrada lo evalúan. Eso se llama una distribución del caso para conferencia. Y esa conferencia está pasando durante el día de hoy (ayer). No es pública porque es un periodo en el que los jueces junto con sus oficiales jurídicos evalúan todas las peticiones de intervención y deciden cada una de ellas. Sabremos el resultado a partir del lunes", dijo ayer a a NotiCel el licenciado Rafelli González, abogado de la ASPPRO.

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El también periodista y miembro de la Junta de Gobierno del gremio, explicó los posibles escenarios.

"Que el Tribunal Supremo (de Estados Unidos) notifique a través de la publicación del orders list el status del caso y que diga 'granted', que significa que va a entender sobre el caso, que va a mirarlo en los méritos. Y podría señalar un calendario que incluya que la ASPPRO y el Gobierno tengan que presentar alegatos en los méritos explicando las razones por las que deben prevalecer. La otra alternativa es que puede decir 'granted' y 'reverse', que le diga al Tribunal Supremo (de Puerto Rico) lo hiciste mal y tienes que entregar los audios. Otra alternativa puede ser que devuelvan el caso al Tribunal Supremo de Puerto Rico para que ellos hagan el análisis constitucional que no hicieron en el momento de determinar que en la ley dice que esos procesos son confidenciales cuando realmente no hay ninguna razón en derecho ni en la ley ni en los casos aplicables, para prohibir que la prensa tenga acceso cuando ya no existe intimidad que proteger, ya que Andrea lamentablemente fue asesinada y el presunto asesino se suicidó", agregó González

El cuerpo calcinado de Ruiz Costas fue encontrado el 29 de abril del 2021 en una zona boscosa de Cayey. Por ese asesinato fue acusado la expareja de la mujer, Miguel Ocasio Santiago, quien el 1 de agosto se suicidó en la cárcel.

Tras la muerte de la Ruiz Costas se supo que había acudido a los Tribunales a pedir órdenes de protección contra Ocasio Santiago, las cuales fueron denegadas por las juezas Sonya Y. Nieves Cordero e Ingrid Alvarado Rodríguez del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. La familia de Ruiz Costas, con el apoyo de las organizaciones periodísticas, ha solicitado que se hagan públicas todas las grabaciones de esos procesos. No obstante, sin escuchar las partes, una mayoría del Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró confidenciales las grabaciones de los procesos de violencia doméstica. Eso llevó a la petición que desde ayer está bajo consideración del Tribunal Supremo Federal.

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El recurso presentado por la ASPPRO cuenta entre sus amigos de la corte con el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, el Overseas Press Club, la Universidad de Cornell y Gannett Media Company, una empresa que agrupa una gran cantidad de medios digitales y televisivos.

"La radicación electrónica se hizo en una alianza con los abogados de la Clínica de Medios de la Universidad de Yale y en papel se llevó a cabo mediante el servicio Print Clerk, que toda persona que quiera ir al Supremo tiene que pagar para que ellos se encarguen de la diagramación del escrito de la forma y manera que el Supremo lo pide, que es un librito, y lo llevan al Supremo antes de la fecha limite y lo radican", dijo González.

Aunque esperan que el más alto foro judicial de los Estados Unidos atienda su petición, el licenciado González afirmó que la gestión es necesaria aún cuando el resultado fuera adverso.

"Independientemente del resultado, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico está convencida de que llevar el caso hasta lo más alto en el Supremo de Estados unidos envía un mensaje contundente, no solamente a la rama judicial, sino a todo el Gobierno de Puerto Rico, de que sus periodistas no van a claudicar en la responsabilidad que tienen para el pueblo de Puerto Rico de llevarle la información correcta, veraz y sin ningún temor. Desde este caso estamos viendo cambios en la forma y manera que se llevan los casos de violencia de género en Puerto Rico", expresó el letrado y periodista.