Maestros, cooperativas y jueces quedan entre los pocos opositores al plan de ajuste, pero le recuerdan a la jueza que tiene que hacer evaluación del plan independientemente de cuántos estén a favor o en contra.

El primer día de evaluación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) quedó marcado por la retirada de integrantes del grupo opositor, que llegaron a acuerdos de última hora con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), dejando en el bando contrario a maestros, cooperativas, jueces y otros acreedores que entienden no están recibiendo lo justo dentro de la distribución de los recursos presentes y futuros del Gobierno de Puerto Rico.

El principal opositor es el abogado Peter C. Hein, quien se representa por derecho propio y pertenece a la clase de acreedores compuesta por aquellos que compraron bonos de Puerto Rico a título individual, distinto a los acreedores institucionales que compraron en nombre de otros. Pero, incluso, la mayoría de los miembros de la clase a la que pertenece Hein que votaron lo hicieron a favor de confirmar el plan.

"[E]l requerimiento de confirmación (del Plan) existe sin importar la votación de las clases", contestó a la jueza de quiebras Laura Taylor Swain cuando le preguntó su opinión sobre si el hecho de que su clase votó a favor del PAD debe limitar de alguna forma la capacidad de presentación de argumentos y evidencia que pueda tener durante la vista de confirmación. De esta manera, Hein recalcó que, si bien el nivel de votación de las clases es un criterio, y hasta ahora hay 57 de 71 clases de acreedores a favor del plan, la Ley PROMESA impone a la jueza la evaluación independiente de múltiples factores antes de poder otorgar su confirmación al PAD.

Ese proceso de evaluación ocurrirá específicamente desde el miércoles, cuando inicie el desfile de testigos con la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko. Ayer solo se vertieron para el récord los argumentos iniciales de las partes y hoy está reservado para que 25 ciudadanos pueden expresarse ante Swain sobre el PAD. La jueza indicó que los 25 fueron seleccionados aleatoriamente de "cientos" que pidieron participar y que le grupo incluye retirados, bonistas y empleados activos del gobierno.

La posición de Hein es que debe prevalecer el orden de la Constitución de Puerto Rico sobre el pago de la deuda y que tiene a los bonistas como los primeros que cobran por encima de todos los demás. Sus argumentos iniciales fueron una exposición de distintos ejemplos en los que este proceso ha resultado en recortes a los bonistas y tratamiento favorable a grupos que no deberían tenerlo, como los pensionados, cuya deuda es no asegurada. "¿Cómo un gobierno con $25,000 millones en efectivo puede pedir que se le exima de pagar su deuda?", planteó el bonista al contestarse a sí mismo que, en parte es porque cree que al gobierno no se le ha exigido realmente que demuestre su insolvencia.

"Puerto Rico podría pagar todas sus deudas hasta ahora y le quedaría dinero en el banco", apuntaló a la vez que citó a Alexander Hamilton, la figura histórica más citada en los argumentos iniciales, para recordar que los estados que pagan su deuda "son respetados e inspiran confianza", pero que los que no, no.

Hein quedó como el principal opositor, el más activo que ha estado durante el proceso de más de cuatro años que lleva la quiebra y la confección de un plan de ajuste que, curiosamente, tuvo su disparo de salida, y aparentemente su resolución final, con el mismo tema: los pensionados. Fue el Comité Oficial de Retirados (COR) el primer grupo que suscribió un acuerdo con la Junta para apoyar la primera versión del PAD el 7 de junio de 2019 y es la Ley 53, del 26 de octubre pasado, la que hizo que el gobierno retirara su oposición al Plan, a pesar de que la Junta solo incorporó las partes de la ley que eliminan todo recorte a los retirados, pero no las partes que buscaban proteger las condiciones de retiro de empleados activos.

Los dos grupos que más pedían protección en los cambios de sus miembros activos en el gobierno eran los maestros y jueces, pero, en su retiro de oposición, el gobierno directamente los deja a la merced del tribunal. "[La Ley 53] no atiende el potencial congelamiento de las pensiones ni la eliminación de los ajustes por costo de vida (COLA en inglés); si esas disposiciones son legítimas es un asunto que el tribunal debe decidir en los próximos días en el contexto de las objeciones presentadas por las uniones de maestros y jueces, respectivamente. El Gobierno cree que ambas uniones deben ser escuchadas por el tribunal con respecto a los asuntos levantados en sus objeciones", propuso la Administración Pierluisi en la moción que sometieron el sábado para retirar su oposición y en la que se reservan hasta mañana para presentar cualquier objeción que les surja con las modificaciones que la Junta estuvo haciendo al PAD hasta el domingo en la noche.

El gobierno no tiene poder intervenir en el caso de quiebras como una parte separada de la Junta ya que es el ente fiscal el que lo representa oficialmente, pero tiene capacidad de hacer argumentos persuasivos a la jueza que, al cabo de lo que el abogado del gobierno llamó un "maratón" de 1,650 días, resultó ser a favor de la confirmación del PAD.

Además de desmontar al gobierno de la guagua de la oposición, entre el fin de semana y el receso de almuerzo del primer día de la vista, la Junta desmontó a otros tres opositores: el frente compuesto por U.S. Bank Trust National Association y U.S. Bank National Association y las partes relacionadas a los activos que quedan de lo que era el Banco Gubernamental de Fomento (AmeriNational Community Services, LLC y Cantor-Katz Collateral Monitor LLC). PFZ Properties, Inc. se retiró del turno que habían reclamado para hacer argumentos de apertura.

En su turno de oposición, un grupo de cooperativas reclamó que el proceso de quiebras está siendo usado por el gobierno para encubrir los actos ilegales que entienden ocurrieron cuando la Administración Fortuño indujo a las cooperativas a comprar deuda de gobierno de Puerto Rico, que ya se sabía tenía problemas financieros. Tanto las cooperativas como Suiza Dairy, Mapfre, Finca Matilde, Inc. y Sucesión Pastor Mandry Mercado presentan variaciones de un mismo tema: son víctimas de acciones que realizó el gobierno y que resultaron en una incautación de su propiedad privada sin que se les compensara adecuadamente.

"Los maestros son trabajadores esenciales" y la educación está protegida en la Constitución de Puerto Rico, reclamó por su parte el abogado de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), José Luis Barrios. Añadió que la implantación del Plan como está ahora podría provocar la renuncia de unos 5,000 educadores y que el congelamiento del sistema para los maestros activos, que no es otra cosa que el plan de retiro les cambia de beneficios definidos a aportación definida, coloca a este grupo por debajo del nivel de pobreza cuando se retiren de una empleo que, en promedio, les paga ahora $1,750 al mes.

Los maestros han tenido un devenir torcido en el proceso de quiebras. En dos ocasiones, 2019 y en septiembre de 2021, rechazaron aprobar negociaciones que los hubieran dejado dentro del grupo de pensionados protegidos por el Plan. En la primera ocasión, rechazaron el acuerdo al que llegó el Comité de Retirados y, en la más reciente, no aceptaron una negociación que les hubiera concedido los mismos beneficios que cobijaran a los demás pensionados. El resultado es que, con el entendido de la Junta y el Gobierno en la Ley 53, ningún pensionado recibe recortes pero todavía están vigentes los cambios a los planes y condiciones de retiro para los empleados activos.

Dos uniones, la Service Employees International Union (SEIU) y la United Auto Workers (UAW), intervinieron a través del licenciado Peter D. DeChiara, quien opinó que el Plan era "demasiado generoso para los bonistas acreedores) y que dejaría a la isla con más deuda per cápita que la mayoría de los estados, aún con el descuento de la deuda. Por otro lado, consignó que la UAW tiene objeciones a la Ley 53 similares a la del gobierno, pero no han terminado su revisión del estatuto para comunicar si van a presentar objeción o no.

Mientras Swain no haya emitido su posición, la Junta puede seguir sometiendo modificaciones al Plan, siempre y cuando no se le cambien condiciones unilateralmente a los acreedores que ya lo apoyan. Las vistas están pautadas hasta el 23 de noviembre.

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