La Comisión de Gobierno del Senado celebró una audiencia para conocer la razón por la cual no se ha implantado la polémica Ley 81.

La polémica Ley 81 del 2020, mejor conocida como la “Ley de Retiro Digno” está vigente en opinión al menos de varios miembros de la Comisión de Gobierno del Senado, que ayer celebró una audiencia para conocer la razón por la cual no se ha implantado la misma.

Durante la vista pública se ofrecieron números distintos y dispares sobre el costo de implantar dicha legislación, que es objetada por la Junta de Supervisión Fiscal, y se conoció además que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) recomendó a la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced, no firmar el proyecto que es hoy la mencionada Ley.

“El propósito de la vista es conocer precisamente si se implementó o no, y qué pasos se han dado con la Ley 81… Ante este asunto sale a relucir durante la vista que la última comunicación que tuvieron la Junta de Supervisión Fiscal a través de Omar Marrero [AAFAF] fue el 16 de noviembre del año pasado… A la fecha de hoy no ha pasado nada [con la Ley 81]”, sostuvo el presidente de la comisión, el senador Ramón Ruiz Nieves en expresiones que hizo a medios de prensa tras concluir la vista.

Las disposiciones de esta Ley cubren a los miembros del Sistema de Rango de la Policía, los Miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos, los Miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia de Puerto Rico, y los Técnicos de Emergencias Médicas, comúnmente conocidos como paramédicos, que están en el Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas y del Sistema de Emergencias Médicas Municipal, incluyendo aquellos adscritos a las Oficinas para el Manejo de Emergencias.

La misma, se recordó, entró en vigor bajo la administración de la gobernadora Vázquez Garced, pero ha enfrentado objeciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que cuestiona la disponibilidad de fondos para costearla y que “no ha permitido” su implantación.

Durante la vista pública de ayer comparecieron la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF); el Departamento de Seguridad Pública (DSP); el Negociado de la Policía y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

AAFAF ofrece un estimado

La AAFAF fue representada por su subdirector ejecutivo, Julián Bayne Hernández, que afirmó que “a pesar de que se demostró a la JSF que la puesta en vigor de esas legislaciones no sería significativamente inconsistente con el Plan Fiscal certificado, lamentablemente la JSF se ha sostenido en impedir la implementación de la Ley 81-2020”.

Este sostuvo que implementar la Ley, según el estudio actuarial que realizó el Sistema de Retiro para cuando se aprobó la Ley, costaría solo $23 millones anuales.

Esa cifra provocó que el senador novoprogresista Henry Neumann cuestionara si “podemos sacar $23 millones de una economía que entran tantos billones dólares locales y federales”.

DSP ofrece otros números

Durante la audiencia no hubo consenso, sin embargo, sobre esos números y las cifras que presentó el Departamento de Seguridad Pública (DSP) son mucho mayores que esos $23 millones.

Según esta agencia se estima que un total de 902 empleados del sistema de rango cobijados bajo la Ley 447 podrían beneficiarse con la aplicación de la Ley 81; y se estarían retirando desde este año hasta el año 2021 al 2024. Estimaron que el impacto presupuestario proyectado hasta el año 2024 sería de cerca de $38 millones. El impacto en el primer año (2021), sería de poco más de $27 millones solo en este grupo.

“Por otra parte, se estima que aproximadamente 5,301 empleados del sistema de rango que entraron al servicio público entre 1ro de abril de 1990 y el 31 de diciembre de 1999, se podrían beneficiar con la aplicación de la Ley 81- 2020, entre el año corriente hasta el año 2038, lo que pudiera significar un impacto presupuestario de $185.8 millones en los próximos diecisiete (17) años”, indica la ponencia que presentó el DSP. Aclararon, sin embargo, que ese incremento “sería de forma escalonada por año” .

Para sostener sus estimados presentaron una tabla en la que en estos cuatro años el impacto presupuestario sería de otros $4.2; $5.7; $8.4 y $15.2 millones, desde el 2021 al 2024, respectivamente.

Objeciones de OGP

Durante su intervención el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco Urrutia, informó a la Comisión que ni la Administración de Retiro ni el Departamento de Seguridad Pública le proveyeron en su momento a esa agencia la certificación de impacto presupuestario en cumplimiento y como lo dispone el ordenamiento jurídico existente.

“Siendo así, y que la medida conllevaba impacto fiscal, aún cuando reconocíamos los méritos de la medida, nuestra Oficina le recomendó a la Honorable Gobernadora (Wanda Vázquez) no firmar el P. del S. 1623. Desconocemos los criterios finalmente considerados para que se impartiera la firma al proyecto convirtiéndolo así en la Ley 81-2020”, dijo

En su aparte con periodistas el presidente de la comisión, el senador Ruiz Nieves, recordó que durante la audiencia “se le solicitó al DSP, a la Oficina del Comisionado de la Policía, a la AAFAF, al Sistema de Retiro y a la OGP que tienen que entregar a más tardar del próximo miércoles, 10 de noviembre, una data para establecer una Resolución Concurrente que cruce Cámara y Senado y que podamos nosotros decirles a los miembros de la Policía que se va a comenzar esto y se va a implementar la Ley”.