La exgobernadora reaccionó a los cargos contra el abogado Juan Maldonado y el empresario Aaron Vick, por la transacción en la que mediante la empresa APEX General Contractors, se intentó recibir del gobierno $19 millones por pruebas de Covid-19.

La exgobernadora Wanda Vázquez Garced reaccionó a la radicación de cargos criminales contra el abogado Juan Maldonado de Jesús y el empresario Aaron Vick, por tratar de obtener $19 millones del gobierno por la compra de unas pruebas de Covid-19, expresando que "hoy el tiempo, una vez más nos da la razón".

“Puerto Rico, la pandemia del Covid-19 es una emergencia nunca antes vivida por nuestro pueblo y en todo momento lo que guió a todos los funcionarios, fue la importancia de tomar acciones encaminadas a adquirir pruebas y lo necesario para proteger y salvar la vida de todos los puertorriqueños", sostuvo Vázquez Garced en declaraciones escritas.

"Hoy se confirma lo que les expresé en una ocasión: 'Bajo mi administración en esta situación, ningún funcionario público obró en contra de la ley'. Hoy el tiempo, una vez más nos da la razón", agregó.

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Esta tarde, la jueza Iradia Rodríguez Castro, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto contra Maldonado de Jesús y Vick. La transacción, que fue suspendida antes de completarse, se intentó hacer a través de la empresa de construcción APEX General Contractors.

La teoría de los fiscales especiales independientes Ramón Mendoza Rosario, Manuel Núñez Corrada y Juan Catalá Suárez deja las actuaciones ilegales solo dentro de la compañía APEX y no fue acusado ningún funcionario público. El presidente de APEX, Roberto Rodríguez López, tiene un acuerdo de inmunidad.

"Mi gestión al igual que la de los funcionarios públicos y los miembros del excelente Task Force Médico, estuvo guiada exclusivamente por la honestidad, lo correcto y sobretodo en la búsqueda de salvar vidas", expresó Vázquez Garced, quien aseguró que los señalamientos contra funcionarios de su administración fueron por otros motivos.

"A quienes se cegaron por faenas políticas y personalistas hoy les corresponde retractarse por haber hecho un juicio político y público contra servidores y personas íntegras al servicio de Puerto Rico”.

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Esta presentación de cargos fue un ejercicio de la independencia investigativa de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI). En noviembre pasado el Departamento de Justicia hizo su investigación preliminar y la refirió al Panel, pero en ella no recomendaba que se designaran fiscales contra Maldonado de Jesús, sino solo un referido de procesamiento ético al Tribunal Supremo por actuaciones cuestionables que cometió como notario. Ese proceso está pendiente de adjudicación por el Alto Foro.

Justicia tampoco recomendó designación de fiscales para la exsecretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo; al general José Burgos Vega, excomisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; Adil Rosa Rivera, exsecretaria Auxiliar de Administración de Salud; Mariel Rivera Rivera, exanalista de compras de Salud; Diana Meléndez Díaz, exdirectora Interina de Compras de Salud; Iris Santos Díaz, directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto; Alfonso Rossy, secretario auxiliar de Contabilidad del Departamento de Hacienda; Segundo Rodríguez Quilinchini, coordinador del ahora extinto 'Task Force' Médico; Juan Salgado, miembro del 'Task Force' Médico; Antonio Pabón Battle, exsecretario de la Gobernación; Lillian Sánchez, exsubsecretaria de la Gobernación; Mabel Cabeza, exjefa de personal de Salud y exenlace entre La Fortaleza y el 'Task Force' Médico; Guarina Delgado García, exayudante especial en el Negociado Manejo de Emergencias; y Ottmar Chávez Piñero, entonces administrador de Servicios Generales.

Todos estos funcionarios fueron referidos a Justicia por la Cámara de Representantes tras una investigación que realizó el representante novoprogresista, Juan Oscar Morales.