El representante Héctor Ferrer Santiago organizó la actividad de orientación “Cannabis 101”.

La despenalización del cannabis podría producir beneficios económicos y sociales para Puerto Rico por la vía de nuevos empleos, la reducción del sector informal y la criminalidad asociada, así como por la generación de importantes ingresos adicionales al estado, sostuvo la catedrática asociada del departamento de economía de la Universidad de Puerto Rico, Indira Luciano Montalvo, durante el actividad de orientación “Cannabis 101” que organizó ayer el representante Héctor Ferrer Santiago.

En el evento se ofrecieron documentadas ponencias sobre el marco legal del cannabis en Puerto Rico y Estados Unidos, el análisis y el control de calidad en la producción de esta; sobre su cultivo y también sobre las condiciones debilitantes que son tratadas con el cannabis medicinal.

Luciano Montalvo tuvo a su cargo presentar el tema de los indicadores económicos y proyecciones del cannabis en Puerto Rico.

Esta reconoció que la despenalización acarrea los costos sociales generados con la prohibición total y no necesariamente desmantela el tráfico ilegal, pero afirmó que la legalización minimiza la oferta criminal y el trato discriminatorio contra los usuarios.

Entre los beneficios económicos que enumeró incluyó que la producción formal produce empleos e ingresos salariales, economías de escala, especialización y disminución de precios y el estimulo a industrias relacionadas.

Sobre los beneficios fiscales indicó que al legalizar, se puede gravar un impuesto sobre el bien. Puede ser tratado como cualquier otro bien de consumo, con un impuesto sobre el consumo; o puede tener un trato especial como las bebidas alcohólicas y el tabaco, que es la tendencia en los estados norteamericanos y países donde de ha legalizado.

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Contrastó esa opción con la actual prohibición y dijo que el costo de esta se interpreta igual que el efecto que tiene un impuesto; la misma provoca gastos en recursos para la policía, el sistema judicial,y en el sistema correccional, y a pesar de los mismos hay muy poco éxito en detener la producción y disponibilidad de la marihuana.

Entre los datos actuales que ofreció sobre la industria de cannabis medicinal de Puerto Rico, indicó que en agosto de este año habían 114, 521 pacientes registrados, el 57% hombres y 43% mujeres; 197 médicos registrados y 327 establecimientos de cannabis medicinal. Estos se distribuían en dicho mes en 216 dispensarios, 45 cultivos, 37 establecimientos de manufactura, 24 empresas de transporte., 4 laboratorios y un laboratorio de investigación.

Al momento este sector creó 2,257 empleos directos, otros 5,305 indirectos 5,305 y 1,849 inducidos, para un total de 9,411 plazas, estimó.

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Recomendó finalmente Establecer estrategias de evaluación de la política pública, crear una base de indicadores socioeconómicos de cannabis; mejorar la recopilación de información, las bases de datos actuales y su disponibilidad; aumentar los recursos de la Oficina de Cannabis Medicinal (JRCM), realizar un estudio de mercado (oferta, demanda, precios, saturación, perfil del paciente, entre otros) y preparar estimados y proyecciones oficiales de los Departamentos de Salud y Hacienda.

Según la información ofrecida durante el evento en 16 estados norteamericanos es legal el cannabis medicinal y en un número similar es legal tanto el cannabis medicinal como su uso recreacional.

Representante Ferrer presentará Legislación

Mientras tanto el representante Ferrer Santiago afirmó que Puerto Rico necesita insertarse en el Siglo 21 en este tema. “La creación de un marco regulatorio del cannabis nos permitiría crear un nicho económico que actualmente no existe en el Caribe. Además, crearía una nueva industria que produciría empleos y nuevos ingresos que el Gobierno puede destinar a las pensiones, a la Universidad de Puerto Rico y a los municipios”

Adelantó que por esa razón, se encuentra trabajando con expertos y profesores de la Universidad de Puerto Rico para desarrollar “la mejor legislación posible mirando los aciertos y desaciertos de otras jurisdicciones en los Estados Unidos y en el mundo, para que Puerto Rico pueda tener un marco regulatorio de avanzada”

Afirmó que “los momentos difíciles merecen ideas y soluciones distintas a las del pasado. Es por ello, que, como Asamblea Legislativa, debemos dar pasos afirmativos sin el cálculo político. La creación de un marco regulatorio del cannabis en Puerto Rico nos permitiría destinar fondos a la Universidad de Puerto Rico, a las pensiones, a los municipios, pero sobre todo educar sobre el cannabis y tener, de cara al un futuro, una política pública con un enfoque salubrista”.