La Junta se expresó en contra de la medida y cuestionó que se prohíban recortes a la pensiones.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió hoy que el Proyecto de la Cámara 1003 enmendado por el Senado para aprobar la emisión de nuevos bonos de obligación general -que forman parte de la reestructuración de la deuda- haría que el Plan de Ajuste enmendado sea insostenible para Puerto Rico.

“La medida, según enmendada y aprobada por el Senado, condiciona la emisión de los bonos a disposiciones que costarían decenas de miles de millones de dólares al pueblo de Puerto Rico. Además de impedir cualquier recorte a los beneficios de pensiones de los retirados del Gobierno, la medida del Senado evitaría que se congelen y se reformen los planes de pensiones. Asimismo, las enmiendas incluyen gastos masivos como condición para que se apruebe el Plan de Ajuste”, expuso el presidente del ente federal creado bajo la ley Promesa, David Skeel en declaraciones escritas.

“La Junta lleva cinco años trabajando de buena fe con los retirados, los sindicatos, los bonistas y otros acreedores para negociar un Plan de Ajuste que sea justo y sostenible, y con la Legislatura y el gobernador para aprobar la legislación que permita emitir nuevos bonos. La Junta de Supervisión está convencida de que la legislación aprobada pone en peligro la capacidad de la Isla para salir de la quiebra y repite las prácticas y las políticas de gastos insostenibles que llevaron a Puerto Rico a la quiebra”, añadió.

Expuso que “los exorbitantes costos de las enmiendas al Proyecto de la Cámara 1003, en conjunto, harían imposible la confirmación del 7º Plan de Ajuste. Por lo tanto, la Junta se vería forzada a retirar el Plan de Ajuste propuesto ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos”.

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Mencionó que las consecuencias del fracaso del plan serían graves para el pueblo de Puerto Rico. “Al día de hoy desconocemos si los acreedores estarían dispuestos a esperar por una nueva legislación para emitir los bonos. Desconocemos si los acreedores aceptarán renegociar o solicitarán que se levante la moratoria en el pago de la deuda vigente en este momento, lo que obligaría al Gobierno a pagar la totalidad de la deuda ahora. Desconocemos además si los acreedores se acogerían a su derecho de rescindir su acuerdo de apoyo al plan, en cuyo caso el gobierno de Puerto Rico tendría que pagar a los acreedores 100 millones de dólares de inmediato como cargo por cancelación”, dijo Skeel.

“Lo que sí sabemos es que el Plan de Ajuste actual brinda la mejor oportunidad para que Puerto Rico reestructure sus deudas y cualquier futura reestructuración para salir de la quiebra le costaría más dinero al pueblo de Puerto Rico”, añadió.

Detalló que el séptimo Plan de Ajuste reducirá la deuda pendiente del Gobierno en un 80 por ciento, de 33,000 millones de dólares a 7,000 millones de dólares. Previo a PROMESA, el Gobierno tenía que pagar hasta 25 centavos de cada dólar que recaudaba en impuestos del pueblo de Puerto Rico a los acreedores; el plan reduciría esa cantidad a poco más de 7 centavos de cada dólar.

“Este plan traza la mejor ruta para que Puerto Rico siga adelante, se recupere y crezca. No lograr la confirmación del plan en este momento significaría que Puerto Rico continuaría en quiebra y la Junta de Supervisión permanecería en su lugar durante más tiempo de lo que supondría salir de la quiebra con el actual Plan de Ajuste”, señaló Skeel.

“La quiebra está frenando a Puerto Rico… la gente lo sufre, y todas las empresas de Puerto Rico se ven afectadas por la mayor quiebra del sector público en la historia de Estados Unidos. Es crucial para el futuro y la prosperidad de la Isla ponerle un fin a la quiebra. La Junta responderá en detalle al Proyecto de Cámara 1003, según enmendado por el Senado, y continuará trabajando con la Legislatura y el gobernador para alcanzar nuestra meta de completar el proceso de reestructuración de la deuda del Título Tres al amparo de PROMESA, que es un paso esencial para que la Junta de Supervisión complete su mandato bajo la ley”, concluyó.