Pide auxilio la industria del cannabis medicinal
Empresarios denuncian proliferación descontrolada de dispensarios y cultivos
La aún incipiente industria del cannabis medicinal levantó su voz de alerta ante la proliferación descontrolada de dispensarios, cultivos y establecimientos de manufactura, a la vez que se registra una reducción en el ritmo de crecimiento de pacientes, lo que amenaza ya la viabilidad de negocios ya establecidos.
Portavoces en representación de sobre 100 empresarios de la industria hicieron un llamado urgente al gobierno para que, de forma inmediata, detenga el otorgamiento de licencias para dispensarios, cultivos y manufactura para evitar el colapso del sector.
De la misma forma reclamaron de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal que decrete una amnistía temporera para que los pacientes y médicos registren o renueven sus respectivas licencias libres de costo.
“Del gobierno no implementar estas medidas, en el plazo de uno a dos meses veremos el cierre de empresas, pérdida empleos y el inicio de la desaparición de la industria de cannabis medicinal en la Isla,” declaró Goodwin Aldarondo, presidente de Puerto Rico Legal Marijuana y uno de los principales promotores de esta industria desde antes de su creación en Puerto Rico.
Le puede interesar: Senado aprueba medida de protecciones laborales a pacientes de cannabis medicinal
Informó que según datos del Departamento de Salud, en abril de este año existían en la Isla 179 dispensarios con licencias, y ya para el pasado mes de agosto dicho total había crecido a 216 dispensarios, de los cuales cerca del 25% (55 dispensarios) están en San Juan.
Dicho crecimiento no se queda ahí, pues según Aldarondo hay sobre 60 establecimientos en proceso de obtener su licencia de dispensario.
En el área de cultivos la situación es similar, ya que mientras, hay 45 cultivos operando hay otros 40 en proceso de recibir licencia para operar.
“Estamos haciendo un llamado de emergencia. La industria está en medio de una desaceleración precipitada y alarmante”, sostuvo Aldarondo, que solicitó además del Gobierno y de la Junta que desarrollen nuevas campañas educativas para promover los beneficios del cannabis medicinal, como se hizo en el pasado, cuando comenzó el auge del sector.
También solicitaron que se realice un estudio de necesidad para precisar cuantas licencias adicionales pueden otorgarse en cada área geográfica, así como investigar la existencia de posibles “monopolios” en la industria.
Le puede interesar: La indubitable legalidad del cannabis medicinal
Advirtió que a cinco años de creada esta industria en Puerto Rico ya están viendo una merma en la llegada de nuevos pacientes, lo que amenaza la estabilidad de 350 dueños de establecimientos y más de 3,000 empleos que genera esta actividad.
El vicepresidente del Colectivo Puertorriqueño de Dispensarios, Jorge Padilla, señaló por su parte, que los dispensarios están reportando una reducción significativa en ventas, que ronda entre el 30% hasta el 50%.
“Esto se debe al exceso de aprobaciones de licencias para establecer dispensarios sin considerar si la cantidad de este tipo de licencia, ya aprobadas por municipio, es cónsona con el número de habitantes; lo cual es una locura”.
Recordó que si el número de dispensarios no va a la par con el universo de pacientes ávidos para compra, se diluye el mercado.
“De hecho, desde hace varias semanas se observa un desplome en el precio de la libra de la flor de marihuana, la cual en el 2016 alcanzó los $4,500 dólares y hoy día se vende por $1,500 dólares, porque hay un excedente de este producto”.
Otro detalle que preocupa a este sector es el hecho de que la cantidad de pacientes no ha alcanzado las proyecciones de 250,000 para esta fecha. “En mayo de este año había 118,000 pacientes, y al momento hay poco más de 114,000 pacientes activos, lo cuales en su mayoría son pacientes nuevos; ya que los pacientes que sacaron su licencia en años anteriores no están renovándola”, apuntó el presidente de MiCam, José Rivera,
El grupo reconoció que al igual que otros sectores económicos en el país, las ayudas federales y el dinero que circuló en el país como resultado de la pandemia de covid-19 generó una bonanza artificial.
“Según datos del Departamento de Hacienda, las ventas reportadas van en aumento. Para el año fiscal 2020 se reportaron ventas de $183,049, mientras que el año fiscal 2021 cerró con ventas ascendentes a $253,977.
“Si tomamos en consideración que no ha habido un aumento significativo en cantidad de pacientes, podemos inferir que ese aumento es uno artificial como resultado de la pandemia y el acceso a ayudas económicas como el PUA, lo cual provocó un aumento en consumo entre los pacientes”, señaló Aldarondo.
El reclamo de la amnistía en los costos de obtener las licencias obedece al hecho de que para un paciente la recomendación médica puede costar entre $50 y $150 y luego tiene que pagar $20 con la solicitud. Además, coincidieron los empresarios, el tiempo que toma la aprobación de esas licencias resulta también oneroso para los pacientes.
Resaltaron también la falta de médicos licenciados para recomendar tratamientos de cannabis y lo atribuyeron también al costo que tiene la obtención de dicha licencia que, según indicaron, alcanza los $1,500 anuales.
“El número de médicos certificados para recomendar cannabis medicinal era de 395 para el 2019 y actualmente hay alrededor de 188 médicos para atender toda la isla. De continuar esta tendencia, pocos pacientes registrados y la proliferación desmedida de dispensarios, estaremos provocando la tormenta perfecta para aniquilar una industria que en otras jurisdicciones está desarrollándose de manera vertiginosa”, apuntó el Presidente de MiCam.
“Cuando se comenzó a planificar y a desarrollar lo que sería la industria de cannabis en Puerto Rico, el modelo económico estaba basado en la sostenibilidad, pero este modelo toma en consideración el consumo de cannabis recreacional o adulto. Al solo limitarse al uso medicinal, lo que ha hecho es encarecer el costo de tratamientos, limitando accesibilidad para los pacientes. Ejemplo de ello, es que a la venta de flor y de productos manufacturados a base de THC se le aplicael IVU, mientras que a los medicamentos controlados no se le aplica este arancel,” expresó Aldarondo, al resaltar otra dinámica que obra en contra de esta industria.
El grupo endosó los esfuerzos que se realizan en la Asamblea Legislativa para despenalizar la marihuana en Puerto Rico, pero advirtieron que cualquier legislación que se apruebe en esa dirección debe tener las regulaciones necesarias para no impactar adversamente a los establecimientos que operan legalmente.