A las alumnas tampoco se les brindó la opción de acomodo razonable.

Múltiples estudiantes han acudido a las redes sociales para quejarse de la política de la Universidad de Puerto Rico recinto de Cayey, ya que le han rechazado declaraciones juradas de exención de vacuna por razones religiosas.

“A estas dos estudiantes que estoy representando, y me han llamado como ocho más, la UPR alega que no incluyeron el dogma religioso (en su declaración jurada). La universidad dijo que dentro de su dogma tienen la opción de vacunarse o no, pues se rechaza la declaración”, explicó a NotiCel la licenciada Amber Vélez Burr.

Las estudiantes fueron dadas de baja de sus cursos, sin darles la opción de tomar las clases de manera remota y tampoco la de presentar una prueba de vacunación semanalmente, como se ha hecho en otros sectores.

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“La decisión fue de manera muy absoluta y estas estudiantes se sintieron como si hubieran sido destituidas”, expuso Vélez Burr a este medio digital.

La abogada sostuvo que la decisión de la UPR Cayey ha sido una errada, ya que, se les está violentando los derechos a la intimidad, a aceptar o rechazar un tratamiento médico como lo es la vacunación y la libertad religiosa.

“En todas estas instancias el derecho es claro que si bien el Estado tiene un derecho de implementar medidas drásticas en momentos de emergencia cuando tiene un bien común, si esas medidas van a incidir en los derechos fundamentales de las personas, el derecho las puede llevar a cabo siempre y cuando sean las medidas menos onerosas para lograr el fin”, indicó Vélez Burr.

Según la licenciada, la determinación de la universidad es una que va en contra de esto, ya que, está buscando medidas onerosas para que la exención religiosa por parte de las estudiantes sea aceptada.

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“La universidad, y a nuestro modo de ver, está en lo más errado, esto es la intromisión en la intimidad de la persona, y es cuestionar su interpretación sobre sus ideas religiosas. Esto va en contra del derecho vigente, las ideas religiosas tienen la interpretación que cada cual les dé. El ciudadano puede tener sus ideas religiosas y se tienen que respetar aún cuando el ciudadano no esté congregado y no tenga líder religioso'', señaló la abogada.

Sus dos clientas no son las únicas estudiantes pasando por esto en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Cayey, y Vélez Burr le exhortó a otras personas en esta situación que apelen su caso.

“Tienen 30 días para apelar y no deben gastar ni un minuto más en frustraciones y en decepcionarse. Tienen que coger fuerzas y tienen que pelear su caso y presentar un escrito de apelación dentro de este término, para poder entonces reivindicar sus derechos porque de lo contrario el sistema estaría triunfando en aplicar un derecho de manera errada y causando unos daños y unas angustias”, manifestó la licenciada.

“Mi llamado es a que no se queden callados y utilicen el mecanismo de apelación lo antes posible”, culminó.