Los datos del CDC reflejan que Florida realiza más pruebas para detectar covid-19 por cada 100,000 habitantes, que Puerto Rico.

Aunque Puerto Rico y Florida tienen muchas diferencias, un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) los sitúa, al igual que otros estados, con una variante en común: el alto nivel de transmisión por covid-19.

El panorama es un tanto distinto cuando se va al contexto de la situación. De un lado, Florida tiene un gobernador, Ron DeSantis, cuya política pública se centra en la no obligatoriedad de medidas como el uso de mascarillas.

DeSantis lleva un discurso centrado en que pese al uso de mascarilla, los casos de covid-19 continúan en ascenso en todo Estados Unidos, por lo que anunció que ni en las escuelas públicas, ni en ningún establecimiento del estado, será requisito el tapabocas. Con ese mandato, el Gobernador ignora varios estudios científicos que dan cuenta sobre la efectividad de la mascarilla como una de las medidas principales para evitar la exposición al virus.

Un estudio del Instituto Nacional para la Salud y la Seguridad Ocupacional de los CDC publicado a finales de 2020, detalla efectividad de mascarillas para prevenir el contacto con las partículas que genera la tos. Entre las mascarillas analizadas, la N95 resultó con el mejor desempeño al bloquear el 99% de esas partículas. Un mascarilla de tela, en cambio, tiene un 51% de efectividad. Los expertos agregan, que pese a que las mascarillas sí son útiles, en espacios cerrados como lugares de trabajos, es recomendable recurrir a mejores sistemas de ventilación.

Esa y otras evidencias científicas pasan desapercibidas por el Gobernador de Florida, quien hace escasamente 48 horas indicó que la Junta de Educación podría "retener los salarios" de los superintendentes escolares que ignoren su decreto y ordenen el uso de mascarillas en las aulas de sus distritos. De Santis también declaró -en marzo de este año- que no apoyará que se exijan las tarjetas de vacunas para entrar, asistir o participar de cualquier evento o establecimiento, para dar prioridad a la economía.

La política pública de la actual administración de Pedro R. Pierluisi Urrutia, aunque enfocada en la apertura económica al igual que De Santis, se distancia mucho del republicano en cuanto al uso de mascarillas y el requerimiento de vacunación.

Particularmente con el tema de la vacunación, y mediante órdenes ejecutivas, Pierluisi Urrutia ha buscado el mandato casi obligatorio a ser inoculado en la Rama Ejecutiva, la industria de la salud, las hospederías y hasta los contratistas gubernamentales, salvo en contadas excepciones (que cobijan únicamente a quienes por razones de salud o religiosas no recurran al pinchazo).

Pese a las diferencias en medidas, tanto Puerto Rico como Florida, además de la mayor cantidad de estados, están catalogados por los CDC en su último informe, como territorios con alto nivel de transmisión por covid-19, tras rebasar el 10% de positividad en las pruebas realizadas.

Una mirada a la data individual presenta lo siguiente:

Aunque ambos con cifras altas, Florida mantiene una tasa de positividad mucho mayor a la de Puerto Rico. Sin embargo, Florida también realiza muchas más pruebas en una escala que mide las pruebas realizadas por cada 100,000 habitantes.

Con una población de 22 millones, según el Buró Nacional del Censo, Florida realiza casi 13,000 pruebas de covid-19 por cada 100,000 habitantes. Puerto Rico, con 3,159,343 de habitantes, hace 1,072 pruebas por cada 100,000 habitantes.

Esas cifras apuntan a que en Puerto Rico hay una tasa de positividad por covid-19 de entre el 10 al 14.9%, mientras Florida mantiene una tasa de positividad mayor, de entre 20 a 24.9%.

Un dato importante que reflejan las cifras del CDC implica que el estado del sur hace muchas más pruebas por habitantes que Puerto Rico.

En los datos de vacunación, Florida mantiene 10,397,299 personas inoculadas. 8,393,060 con las series completadas y 2,004,239 con una sola dosis. En Puerto Rico, hay 2,189,410 personas con las dos series de dosis administradas, lo que representa el 76.9% de la población apta vacunada.

De Santis no apunta a estrategias para motivar o forzar la vacunación. Sin embargo, Pierluisi Urrutia, sigue cerrando el cerco para los no vacunados y anunció, tan reciente como ayer, otra serie de medidas que incluyen a los restaurantes y que implican que todos los empleados y hasta comensales de estos establecimientos de comida, deberán estar inoculados o presentar una prueba negativa de covid-19 desde el 23 de agosto.

El gobernador advirtió que no serán las últimas medidas que se tomen.