Pero hacen referidos a la oficina del Contralor y a la Oficina de Ética Gubernamental para posteriores investigaciones administrativas.

Los fiscales especiales independientes (FEI) Zulma Fuster Troche y Manuel Núñez Corrada no encontraron evidencia suficiente para presentar un caso ante el tribunal contra la expresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), licenciada Liza García Vélez.

Sin embargo, refirieron sus hallazgos a la oficina del Contralor y a la Oficina de Ética Gubernamental para posteriores investigaciones administrativas, se informó hoy.

En su informe, los fiscales consignaron que “faltan los elementos de intención criminal necesarios para una causa penal por parte de la licenciada García Vélez para ejercer cualquier influencia ilegal”.

El referido inicial del Departamento de Justicia recomendaba la designación de un FEI sobre actuaciones de García Vélez, en contravención al Código Penal de 2012 y a la Ley de Ética Gubernamental en el ámbito penal.

De acuerdo con el informe, la médula del asunto gira en torno al hecho de que Helga García Pérez, de la empresa Perfect Partners, fue contratada por la licenciada García Vélez para manejar las relaciones públicas y prensa de la CEE, luego de fungir coma asesora personal de la investigada durante su proceso de confirmación, sin mediar compensación monetaria.

Coma parte de su investigación, los FEI recibieron el testimonio de la presidenta de Perfect Partners quien relató que, posteriormente, fue contratada por García Vélez y brindó servicios a la CEE, según requeridos contractualmente.

Sin embargo, no le fueron pagados los trabajos realizados durante tres meses (abril mayo y junio de 2016) debido a que se había agotado la partida total establecida en su contrato. A finales del mes de junio, (luego de haber prestado dichos servicios), Ia expresidenta de la CEE, enmendó el referido contrato con el propósito de pagarle retroactivamente a Perfect Partners por los servicios prestados en los aludidos meses.

Del informe surge, que la autorización para fondos adicionales fue refrendada por los comisionados electorales según exige Ia ley, debido a que, al enmendarse el contrato, el mismo excedía los $30,000 autorizados a García Vélez, para efectuar dicho contrato. Sin embargo, no surge que a los comisionados electorales se les haya informado que el propósito de la enmienda contractual era cubrir pagos de forma retroactiva, en contravención con la ley.

Luego, la CEE hizo un pago con carácter retroactivo por servicios prestados por Perfect Partners, lo cual está en contravención con las leyes que regulan este asunto.

La determinación de los fiscales independientes es referir este asunto a la Oficina del Contralor para que, conforme a la ley, se haga la reclamación correspondiente del reembolso del pago indebido. Además, se remitió copia del expediente de este caso a la Oficina de Ética Gubernamental, donde existe una investigación administrativa sobre el particular.