Las expresiones del funcionario son parte del debate que sobre el futuro de estas leyes se desarrolla en el Senado de Puerto Rico que evalúa un proyecto que propone derogarlas.

El secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, favoreció ayer legislación que le otorgue mayores poderes de fiscalización a dicha agencia sobre las Leyes 20 y 22 de 2012, e incluso para otorgarle algunas facultades sobre los decretos que se emiten bajo las mismas.

Las expresiones del Secretario son parte del debate que sobre el futuro de estas leyes se desarrolla en el Senado de Puerto Rico que evalúa un proyecto que propone derogarlas.

“Estas dos leyes representan dinero nuevo para el erario, por lo que, en lugar de su derogación, debe promoverse una mayor fiscalización, así como un análisis minucioso, para determinar dónde requieren ajustes, en beneficio del fisco”, expresó en ponencia que fue leída por el subsecretario, Ángel Pantoja Rodríguez ante la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado.

Explicó el funcionario que durante los años del 2012 a 2016 la intervención de fiscalización de Hacienda sobre estas leyes fue muy pobre y que no fue hasta el año contributivo 2017, que el Departamento comenzó a tomar cartas sobre la fiscalización de las mismas.

“Ese año se inició la confección de los Informes de Gastos Tributarios, en el que se mide el costo fiscal de los distintos incentivos contributivos, entre los que están las Leyes 20 y 22”, indicó.

Como parte de ese esfuerzo, agregó, en dicho año y en el 2018, con la intención de ejercer a cabalidad el deber de fiscalización, se establecieron programas de digitalización, medición de costos y otras estrategias. Posteriormente, en los años contributivos 2019 y 2020, se implementó la radicación 100% electrónica de las planillas de Contribución sobre Ingresos de individuos y de corporaciones, lo que significó un gran adelanto y eliminó los grandes inventarios de papel, dijo.

Esa gestión, abundó el Secretario, incluyó la contratación de un experto contributivo que está ayudando al Departamento a delimitar un plan de acción y el alcance de las auditorías que se van a trabajar a partir de octubre. En esa misma dirección informó que se iniciaron conversaciones con el IRS para colaborar sobre los procesos que ellos hagan a nivel federal, que es su jurisdicción. “Tenemos un Tax Coordination Agreement, que ampliará la visibilidad sobre los decretos”, señaló.

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Como parte de esos acuerdos, agregó, se incluye el envío regular de los nombres de individuos que reclamen residencia en Puerto Rico y obtengan el beneficio de las leyes. Hacienda también divulgará los requisitos de exclusión de la Sección 933 del Código de Rentas Internas Federal, sobre ingresos de fuentes de Puerto Rico y las reglas de residencia bajo la Sección 937 del mismo Código, para asegurar que la interacción de ambas leyes resulte en una tributación apropiada en los Estados Unidos y Puerto Rico.

Finalmente, informó, Hacienda está en el proceso de integrar en la plataforma SURI, todos los decretos contributivos bajo las Leyes 20 y 22 de 2012 y la información que tiene el Departamento de Desarrollo Económico.

“Estamos seguros que podemos implementar estrategias adicionales que garanticen el fiel cumplimiento de estas dos leyes y en esa dirección estamos robusteciendo el Área de Política Contributiva y atendiendo nuestro capital humano con adiestramientos técnicos y todas las herramientas necesarias”, afirmó Parés Alicea.

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Dentro de ese contexto solicitó a la Comisión senatorial que se le otorgue mayor discreción al Secretario de Hacienda para que, prospectivamente, sea requisito obtener el endoso e insumo del Departamento para la aprobación de los decretos y se le otorgue la facultad de reglamentar en conjunto con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, las disposiciones contributivas bajo el Código de Incentivos, en especial bajo los capítulos de exportación de servicios y de individuos inversionistas, entre otras capacidades.

Concurre el Colegio de Contadores Públicos Autorizados

Mientras tanto y ante el mismo foro senatorial, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, concurrió en que hace falta mayor monitoreo de estas leyes y requerir un impacto económico específico de las personas que reciben sus beneficios.

Presentaron también la preocupación de que los decretos otorgados por las leyes se consideran un contrato entre el negocio elegible, sus accionistas, socios o dueños y el Gobierno de Puerto Rico, y dicho contrato se considera la ley entre las partes.

“Las modificaciones a estas leyes deben ser prospectivas, para evitar que ello afecte los acuerdos suscritos a tenor con las leyes vigentes”, dice la ponencia que presentó la presidenta del Colegio, Rosa Rodríguez Ramos.

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Recomendaron una evaluación de los estatutos para determinar su efectividad y definir posibles cambios, por lo que no endosaron la aprobación del proyecto que propone su derogación.

“Debe realizarse un estudio minucioso y puntual sobre el impacto real de las mismas previo a determinar si lo más beneficioso para el Gobierno de Puerto Rico es la derogación de las leyes, dejarlas como al presente, o enmendarlas para afinar detalles adicionales”, indicaron.