Una investigación realizada por la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia (DJ) y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) en apoyo al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) concluyó este lunes, con la presentación de 16 cargos contra cuatro empleados del municipio de Mayagüez por supuesta apropiación ilegal y comisión de fraude al programa federal Pandemic Unemployment Assistance (PUA, por sus siglas en inglés).

“Miles de personas perdieron sus empleos o vieron reducido sus ingresos a causa de una pandemia que ha causado dolor e incertidumbre a muchos. El que alguien trate de obtener ventaja de un beneficio que se creó para quienes realmente lo necesitan, es un acto de abuso y total inconciencia. La División de Delitos Económicos y la Jefa de los Fiscales junto al equipo de fiscales del Ministerio Público tienen mi respaldo para ir detrás de todo aquel que defraude un programa destinado a los que necesitan y quienes más vulnerables se encuentran”, manifestó el secretario del DJ, Domingo Emanuelli en conferencia de prensa.

La investigación, que se extendió por alrededor de un año, reveló que Steven Martell Olivencia, Omar Marrero Santiago, Jordán Matías Rivera e Isabel González Rodríguez, todos empleados gubernamentales del municipio de Mayagüez mintieron para apropiarse ilegalmente de un total de 45,524 dólares del PUA.

Sin embargo, según la investigación, cada empleado actuó por su cuenta.

El secretario de Justicia explicó que los cuatro empleados, supuestamente “planificaron el esquema de forma deliberada y a sabiendas de que estaban cometiendo fraude contra el programa federal”. Para ello, informaron en sus respectivas solicitudes de asistencia por desempleo que perdieron ingresos como producto de sus labores en ocupaciones falsas, alegando que estas eran sus únicas fuentes de ingresos.

No obstante, todos laboraban a tiempo completo como empleados de diferentes programas y divisiones del Municipio de Mayagüez. En ningún momento su salario en el municipio mermó ni su empleo fue interrumpido.

Según Rodney Ríos, director de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, los imputados se exponen a 15 años de cárcel y/ o multas por 12 cargos al Artículo 182 por apropiación ilegal agravada y cuatro cargos por el Artículo 202 (b) de fraude del Código Penal. Este agregó que el municipio de Mayagüez colaboró en el proceso, que permitió la radicación de cargos ante el Tribunal de Primera Instancia de esta ciudad.

De la investigación se desprende que Martell Olivencia supuestamente alegó en su solicitud que realizaba trabajos de mantenimiento y poda de árboles, cuando en realidad laboraba como Trabajador General en la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias. Su jornada diaria era de seis horas para un total de 30 horas semanales. En un periodo de cinco meses, Martell Olivencia recibió 14,307 dólares de manera fraudulenta.

Mientras, Marrero Santiago y Matías Rivera solicitaron el beneficio del PUA asegurando laborar en lo que denominaron como “potato farming”. Sin embargo, ambos se desempeñaban, respectivamente, como Trabajador de Construcción y Mantenimiento y como Auxiliar de Mantenimiento y Construcción en el Head Start adscrito al municipio con una jornada a tiempo completo. Como resultado del esquema, Marrero Santiago devengó 12,564 dólares en un término de cinco meses y Matías Rivera obtuvo 12,790 dólares en cuatro meses.

González Rodríguez aseguró en la solicitud haber perdido ingresos como instructora de clases de Zumba, a pesar de trabajar como Oficial de Gerencia Pública en la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias con una jornada de 30 horas semanales. Supuestamente, esta se apropió ilegalmente de 12,147 dólares en un periodo de cuatro meses.

Emanuelli Hernández advirtió que un equipo de fiscales del Departamento de Justicia continúa trabajando en múltiples investigaciones, tanto de empleados públicos como del sector privado o de ciudadanos que han declarado falsamente en las solicitudes del PUA para beneficiarse ilegalmente.

“Nuestra división de Fraude en el Departamento del Trabajo continuará trabajando en las investigaciones concernientes en colaboración con las autoridades locales y federales sobre los posibles esquemas fraudes a las compensaciones ofrecidas por el DTRH durante la pandemia del Covid-19”, dijo el secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera Santiago.

“Este caso contra empleados del municipio de Mayagüez es apenas uno de varios casos que agentes del NIE del Departamento de Seguridad Pública, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y el Departamento de Justicia hemos trabajado en conjunto para poder identificar, investigar y traer ante la justicia personas inescrupulosas que trataron de lucrarse en medio de la pandemia. Continuaremos trabajando para poder investigar todos los casos para su eventual radicación”, señaló el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres.

Por su parte, Rafael Freytes, comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), aseguró que sus agentes continuarán investigando de manera responsable a todos aquellos funcionarios públicos que, con la intención de defraudar, se hayan apropiado de estos fondos.

En la investigación, laboraron tres agentes del NIE, destacados en el Departamento de Justicia junto a tres fiscales, Maricarmen Rodríquez Barea, Estelle Vilar Santos y Luis López Valdés.

La Jefa de los Fiscales, Melissa Vázquez indicó que el poder contar con agentes del NIE y de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Delitos Económicos, ha sido fundamental para el éxito de las investigaciones relacionadas a fraude contra el PUA que ha llevado a cabo la agencia.

“La combinación de pericia de fiscales y agentes de cada negociado ha resultado una estrategia de gran efectividad para encausar a quienes comenten este tipo de fraude”, agregó Vázquez.