En Puerto Rico hay alrededor de 110 mil estudiantes bajo ese programa.

Unos 110 mil niños y niñas con diversidad funcional no tendrán acceso a sus terapias, a maestras de educación especial, personal de apoyo, psicólogos, entre otros servicios esenciales ante la reducción que hizo la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de $95 millones al presupuesto del programa de Educación Especial.

“Es increíble que por un lado el gobierno celebre un presupuesto histórico de $4 billones para el Departamento de Educación y, a su vez, reduzca el presupuesto a los estudiantes más vulnerables del sistema educativo”, reclamó la madre y portavoz del Movimiento por la Niñez y Educación Pública, Jinnette Morales.

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La ley IDEA, que es la ley federal de educación especial, establece como requisito que el Departamento de Educación haga un cálculo de los recursos que necesitan para establecer un número, que de acuerdo a las madres presentes, este recorte va en contra de esta necesidad.

“¿Por qué los federales permiten esta intromisión y reducción en el dinero de nuestros hijos e hijas?, ¿Cuál es el número de esa fórmula que el Departamento le da a los federales?, ¿Se está haciendo un cálculo correcto”, cuestionó la portavoz de la Alianza de Autismo de Puerto Rico, Aida Ortíz.

“Son muchas las preguntas que nos hacemos, pero la mayor indignación es ver cómo gobierno tras gobierno nuestros estudiantes no son prioridad y no se les toma en cuenta”, añadió Ortíz.

Al preguntarle si algún director de agencia se ha comunicado con ellas, la respuesta fue que sí, pero no ha ocurrido ninguna acción.

“El gobernador (Pedro Pierluisi) nos decía en la campaña que contáramos con él, pero seguimos esperando tener una reunión con él, que hemos solicitado y al sol de hoy no nos ha respondido. El gobernador tiene que recordar que ya no es abogado de la Junta”, manifestó la portavoz del Movimiento por la Niñez y Educación Pública.

Asimismo, emplazaron a la secretaria de la Familia, la doctora Carmen Ana González Magaz y al secretario interino del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, por no tomar acción en el asunto.

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“Este recorte presupuestario implica el incumplimiento del Departamento de Educación con el nombramiento de maestros, asistentes de servicios de Educación Especial, intérpretes de señas, terapias y con la compra de equipos asistivos. Estos son actos crueles y negligentes, que atentan contra la salud mental y física de nuestras familias”, reiteró la portavoz del Comité Timón, Carmen Warren.

Las madres junto a sus organizaciones convocaron una vigilia frente a La Fortaleza el miércoles 23 de junio a las 6:00 p.m. para exigirle al primer ejecutivo que tome acción remediativa ante el recorte millonario de estos fondos.