Recientemente, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, radicó una demanda.

El director de la Autoridad para las Alianza Público-Privadas (AAPP), Fermín Fontánes Gómez, apuntó hoy, martes, a que la entidad que dirige se encargará de "fiscalizar la ejecución efectiva" de los trabajos de LUMA Energy, al mismo tiempo que mencionó que la movida permitirá "una nueva oportunidad de administrar con eficacia uno de los sistemas más importantes en la isla".

A solo horas de que LUMA se hiciera cargo oficialmente del sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Fontánes Gómez expuso que "en adelante, la AAPP continuará ejerciendo su función de administrador del contrato para fiscalizar la ejecución efectiva de los trabajos de transformación conforme al mismo".

"Además, comienza el rol de supervisión de las distintas entidades locales y federales que también estarán a cargo de velar porque se cumplan los objetivos de la transformación: la AEE, el Negociado de Energía de Puerto Rico, la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), FEMA, HUD, la Oficina del Inspector General de Puerto Rico, la Oficina del Inspector General de EE.UU, el Contralor de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal, entre otros", agregó.

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Sus expresiones se comparten luego de que el Centro de Periodismo Investigativo cuestionara hoy, a quiénes o qué ente debía dirigirse el pueblo y la prensa a la hora de fiscalizar a LUMA Energy, que pese a ser una empresa privada, operará el sistema de la AEE con fondos públicos.

LUMA ha requerido movidas controversiales, como la petición para un relevo de responsabilidad que habría impedido reclamaciones por todo tipo de negligencia, incluidas negligencia crasa y hasta mala conducta intencional, que el Negociado de Energía le denegó.

Hoy ya hay tres empleados de la AEE arrestados por intentar sacar camiones que ahora pasaron a manos de LUMA para trabajar como de costumbre. Ante las críticas al contrato, varios sindicatos, entre ellos la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego (UTIER), advirtieron tanto al gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, como a la Junta Fiscal, que paralizarían el país si no se cancela el contrato.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, por su parte, demandó en la tarde de hoy para, de igual modo, poner freno al contrato. Una demanda de la UTIER también se discute en el Tribunal federal.