A esas dos áreas se les suma la necesidad de empleados y mejoramiento de operaciones en el Registro de la Propiedad, a un costo de $2.4 millones.

De cara al próximo año fiscal, el Departamento de Justicia no tiene presupuestados los $3.8 millones que requeriría absorber 62 empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que no serán contratados por LUMA Energy, aunque ya el secretario Domingo Emanuelli Hernández les tiene tarea.

A la misma vez, la agencia no incluye en el presupuesto —que consiste de $171 millones pedidos por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), pero solo $153.9 millones fueron autorizados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)— los fondos para la contratación del personal ordenado por la Orden Ejecutiva que declara un Estado de Emergencia contra la violencia de género.

“Nosotros hemos hecho unas economías, pero sí definitivamente vamos a necesitar por lo menos entre $15 a $17 millones de dólares. Nuestra contención es que estos 62 empleados que cuestan $3.8 millones de dólares van a ser pagados por el Fondo General de un fondo distinto al que se le asigne a Justicia. Si no fuera así, o si en algún momento cambiara, pues entonces eso va a colocar al Departamento en una necesidad de buscar $3.8 millones”, declaró Emanuelli Hernández a la prensa en el Capitolio.

LUMA Energy supone haber contratado algunos empleados de la AEE para su plantilla, pero el restante ha sido transferido a las agencias de gobierno. Unos 2,430 traslados han sido apelados ante la Comisión de Servicio Público, a toda vez que se ha denunciado que no se les ha encontrado un trabajo equivalente al que hacían en la corporación pública. Emanuelli, por su parte, señaló que los 62 empleados incluyen 14 abogados.

Mientras, tras la declaración de emergencia del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia en enero y los asesinatos recientes de mujeres, se ordenó que Justicia asigne un fiscal para cada denuncia o petición de orden de protección en los tribunales.

A esas dos áreas se les suma la necesidad de empleados y mejoramiento de operaciones en el Registro de la Propiedad, a un costo de $2.4 millones.

“Uno tiene que escoger las batallas aquí. Son 17 millones, pero yo las pongo de mayor a menor [importancia]”, declaró Juan Zaragoza Gómez, presidente de la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado.

“Esos 17 hay dos partidas que le dije que son las más fáciles para empujar, que son las de violencia doméstica y lo del Registro de la Propiedad. Ahí hay 6.2 de los 17. Esas son las más. Registro de la Propiedad porque la Junta tiene eso casi bajo sindicatura. Están dale que dale, dale que dale, pues, y lo de la violencia doméstica, creo que lo sabe todo el mundo y yo creo que ellos [la JSF] se han expresado a favor de eso. Las otras partidas tengo que verlas”, argumentó Zaragoza Gómez.

Sobre los fondos para subsanar el traslado de empleados de la AEE, Zaragoza Gómez aseguró que eso se trabaja “a nivel macro”, con el propósito de puntualizar de dónde se asigna el dinero.