La OATRH ha logrado la movilidad de los 4,100 empleados de la AEE, pero luego indicó que 600 personas han presentado su renuncia, por lo que el número total es 3,500.

La licenciada Zahira Maldonado Molina, quien dirige la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), confirmó que unos 600 empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) han renunciado al rechazar sus cartas de movilidad fuera de la corporación pública, ante la llegada de LUMA Energy.

LUMA Energy, que se encargará del sistema de transmisión y distribución de la AEE a partir del 1 de junio, supone contratar a parte de los empleados de la corporación pública, pero aquellos que opten por no laborar con la empresa privada serían transferidos a otras agencias del Gobierno de Puerto Rico, basado en su preparación académica y conocimientos.

Maldonado Molina celebró que la OATRH ha logrado la movilidad de los 4,100 empleados de la AEE, pero luego indicó que 600 personas han presentado su renuncia, por lo que el número total es 3,500. La plantilla total de la AEE es de 4,213, pero ese número incluye puestos confianza.

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“Sé que este proceso no ha sido fácil para ellos, yo lo reconozco. Nuestra oficina ha hecho todo lo posible para aquellas situaciones responder con sensibilidad y compromiso y empeño que caracteriza a la oficina de la OATRH. Como indiqué anteriormente, el propósito era que estos empleados tuvieran un salario asegurado para llevar a sus hogares”, lamentó Maldonado Molina ante la Comisión de Nombramientos el martes en la mañana.

Maldonado Molina reconoció la existencia de fallas en el proceso. Abundó que, en el caso de los celadores, solo la AEE tenía ese tipo de puesto, por lo que esos empleados son reubicados a base de su preparación académica. En muchos de los casos, indicó, solo contaban con estudios de cuarto año de escuela superior.

El salario, en cambio, está asegurado si continúa dentro del gobierno en cualquier puesto. Esto quiere decir que pueden existir puestos en agencias cuyas tareas sean las mismas, pero con salarios y beneficios distintos.

“Mientras ese empleado esté en gobierno, no se le puede privar su salario sin debido proceso de ley. El salario va a estar garantizado”, recalcó Maldonado Molina.

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En esa línea, explicó que la movilidad voluntaria surge cuando un empleado indica agencias de preferencia para ser movido, lo que provoca que la OATRH mire a esa agencia para ver si habían puestos disponibles. Por otra parte, la movilidad involuntaria es cuando la OATRH acomoda al empleado en la agencia que mejor entienda, basado en su preparación académica.

“De la Autoridad de Energía Eléctrica no se han movilizado empleados de confianza, del directorado de generación, ni empleados del sistema de retiro de la corporación pública”, añadió Maldonado Molina.

La AEE elaboró un proceso de transición voluntaria junto a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) en el cual se le pagan seis meses de salario y $600 para plan médico a quienes vayan a la empresa privada.

Mientras Maldonado Molina explicaba el proceso de movilidad, en las afueras del Capitolio docenas de empleados de la AEE comenzaban a aglomerarse para protestar.