La solicitud cubre la apelación pendiente en su primer caso y el proceso criminal activo en una segunda acusación federal.

El exsenador Abel Nazario Quiñones solicitó al Tribunal Federal que se le designe representación legal pública al declararse en estado de indigencia para enfrentar la apelación de su veredicto de culpabilidad en el caso sobre fraude electrónico y represalia a empleados con fondos federales del Departamento del Trabajo federal así como un segundo pliego acusatorio, que todavía no ha entrado en etapa de juicio, en el que enfrenta un cargo de robo o soborno de fondos federales.

Nazario Quiñones está pautado a entregarse el martes que viene para comenzar a cumplir la condena de 18 meses en la cárcel federal de Jesup, Georgia, una facilidad con 1,332 reos al día de hoy, la mayoría de los que cumplen condenas por tráfico de narcóticos o crímenes de cuello blanco. El preso notorio más reciente que pasó por Jesup fue el colaborador del expresidente Donald Trump, Roger Stone.

El bufete de la exfiscal federal María Domínguez Victoriano, pidió hoy tanto que se designe al exsenador como un acusado indigente como que se le permita prestar fianza y evadir el encierro en lo que se considera su apelación.

Sin embargo, Nazario Quiñones todavía no ha apelado formalmente. Solo ha sometido el aviso requerido, y su abogada explicó en una moción que el exsenador no ha decidido todavía sobre la apelación ni qué va a hacer con el segundo caso. Esto implica que Nazario Quiñones podría optar por declararse culpable en ese segundo caso.

Para el segundo caso, fueron la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico y la Oficina de Probatoria los que pidieron al tribunal la designación de abogado sufragado con fondos públicos. Las solicitudes en los dos casos están sometidas al tribunal de manera confidencial, pero acompañadas de un anejo que sería la declaración bajo juramento que se requiere sobre la condición financiera de Nazario Quiñones para que los jueces puedan evaluar y aprobar la designación de representación legal pública.

Un resultado posible es que la designación de oficio recaiga en el mismo bufete que lo ha representado hasta ahora.

En declaraciones a medios hoy, Nazario Quiñones se declaró “tranquilo” de cara a su encarcelamiento y que había tenido la oportunidad de poner en orden los asuntos relacionados con su padre nonagenario.

El 30 de abril, Nazario Quiñones fue condenado a pagar $19,774.50 a 18 víctimas, así como multa de $7,500, en el caso de los fondos del Trabajo federal, por el cual también serviría los 18 meses de cárcel en Georgia.

De otro lado, en el segundo caso se imputa que usó fondos federales para sufragar salario de empleados que realmente hacían trabajo político para su campaña como senador en un esquema similar al de empleados fantasmas.

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