En medio de la ola de indignación, surgen medidas y recomendaciones para atajar este flagelo.

Ante la oleada de indignación causada por los feminicidios de Keishla Rodríguez Ortiz y Andrea Ruiz Costas, la exprocuradora de las mujeres Carmen Lebrón González alertó para que no se use este contexto para intentar enmendar la Ley 54 o de Violencia Doméstica sin el consenso de las personas y organizaciones que trabajan con las mujeres.

La letrada también abogó por el inicio inmediato de una campaña educativa nacional que ofrezca a las mujeres en situaciones de peligro una guía rápida de recursos y de servicios, mientras apoyó dos proyectos que el Senado aprobó para tratar de frenar la violencia de género, pero reclamó la asignación de fondos para cumplir con sus objetivos.

“Cualquier medida que se esté evaluando con propósitos de enmendar la Ley, esto tiene que ser concertado y hablado con la gente que sabe. No con gente que solo conozca la Ley (en términos teóricos) sino la gente que conoce la Ley y que está en la práctica y en el ‘field’ salvando vidas”, apuntó.

“Mi exhortación es a que tomen en cuenta lo que muchos de nosotros sabemos y practicamos todos los días en el ‘field’. No es lo mismo escribir en un papel, que llevarlo a la práctica. El resultado no siempre es el que uno quiere, puede haber muy buena fe, pero a veces el resultado en la práctica no es el que se buscaba cuando se redactó en un papel”, agregó.

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Las expresiones de la abogada, que ha dedicado toda su vida a trabajar con asuntos de mujeres, surgen en medio del llamado urgente a tomar acciones para detener la violencia de género y que ha provocado que los legisladores empiecen a convocarse para aprobar medidas de forma rápida.

Luego de los brutales asesinatos de Keishla Rodríguez Ortiz y de Andrea Ruiz Costas, el Senado aprobó una enmienda al Código Penal que tipifica los feminicidios y los transfeminicidios como un asesinato en primer grado y otra enmienda a la Ley 54 para estipular que un fiscal debe estar presente durante la vista de causa probable para arresto en los casos de violencia doméstica.

Esa enmienda a la Ley 54 se presentó y aprobó el mismo lunes luego de que trascendió que Ruiz Costas intentó que se presentaran cargos por acoso y amenaza contra su exnovio, Miguel Ocasio Santiago, pero la jueza municipal del Tribunal de Caguas, Ingrid Alvarado Rodríguez, no encontró méritos en sus reclamos. La mujer se presentó a la vista virtual solo en compañía de un agente. Hasta ahora, la Ley no exige la presencia obligatoria de un representante del Ministerio Público en dicha audiencia. Ocasio Santiago, quien tenía récord previo de violencia doméstica, confesó el crimen.

En mensajes de audio enviados a una amiga y divulgados ayer por Telemundo, Ruiz Costas describió el patrón de acoso que le robaba la tranquilidad y la reacción de la jueza durante la vista. “La jueza, ella estaba hasta enca... por la hora en que se había empezado a radicar el caso”…, comentó a su amiga.

Lebrón González favoreció ambas medidas, que pasaron a la consideración de la Cámara de Representantes. Pero insistió en la urgencia de asignar los fondos para cumplir con este requerimiento de exigir que una fiscal acuda a sala en la etapa inicial de un proceso criminal.

“A veces aprobamos medidas como esa que no vienen acompañadas de un presupuesto. Quizás en algunos casos van a ver que hay participación de un fiscal y, a lo mejor, en otros van a ver que no lo hay. A mí no me gustaría que las mujeres piensen que para unas sí y que para otras no”, advirtió.

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“En la Regla 6, es fundamental que un fiscal esté allí para velar porque esos cargos prosperen, pero además tenemos que estar de acuerdo que si no viene acompañado de los fondos para contratar los recursos adecuados en Justicia probablemente nos quedemos cojos para unos casos”, agregó.

El lunes, al reconocer que el sistema le falló a Andrea Ruiz costas, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia aseguró que asignará los fondos necesarios para atender las necesidades del estado de emergencia contra la violencia de género, que decretó hace tres meses. También exigió al Departamento de Justicia -previo a la aprobación de la medida- que estableciera una política interna para garantizar que los fiscales siempre estuvieran en sala durante los casos de violencia doméstica.

A petición del Mandatario, el Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) contiene una partida de $3 millones para la contratación de personal para las unidades especializadas de violencia doméstica, delitos sexuales y abuso infantil del Departamento de Justicia. El ente fiscal, sin embargo, mantiene en remojo una partida presupuestaria de $7 millones que el Primer Ejecutivo incluyó en el presupuesto del próximo año fiscal que entra en vigor el 1 de julio.

Ayer, el Gobernador emplazó a la JSF a aprobar esos fondos.

En una movida inesperada y en el medio de los señalamientos en contra del Poder Judicial, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez solicitó una reunión a la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, para discutir el problema de la violencia de género y solicitó al ente fiscal que apruebe los fondos que necesita el Ejecutivo para ofrecer los servicios y adelantar las iniciativas que buscan paliar la violencia contra las mujeres. Oronoz Rodríguez también anunció la creación un grupo de trabajo para evaluar el manejo de los casos de feminicidios y tomar “las medidas que se requieran”.

En entrevista con NotiCel, Lebrón González reiteró su respaldo a la educación con perspectiva de género como una herramienta indispensable para tratar de erradicar la violencia contra las mujeres porque desarma la cultura y el sistema, que alimentan ese flagelo. Indicó, sin embargo, que ese proceso de toma de conciencia toma tiempo.

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“La educación es lo primordial. Cuando hablamos de educación no lo limitamos a la educación con perspectiva de género en las escuelas porque sabemos que ese impacto lo vamos a ver a largo plazo una vez que se comience. No va a ser de manera inmediata, pero hay cosas que se pueden hacer de manera inmediata y que son parte de ese proceso educativo como son las campañas de prevención”, afirmó la abogada.

Explicó que esas campañas deben abordar varios asuntos. Ofrecer información clara y rápida sobre los recursos y los servicios disponibles para las mujeres que se encuentran en contextos de violencia . Además, guías para ayudar a las mujeres a identificar los indicadores de riesgo.

“Las campañas de prevención no solo deben ir dirigidas a las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica y que a lo mejor en este momento están siendo víctima de esa conducta sino también dirigidas al varón sobre cuáles son las consecuencias que enfrenta, qué es lo que pierde en el camino, cuáles son las consecuencias y obviamente eso hay que divulgarlo”, afirmó la exprocuradora.

Como parte de esa campaña, también se debe presentar el problema de la violencia machista como un problema de toda la sociedad y que requiere de la acción y de la denuncia de todos los sectores.

En tanto, la directora ejecutiva del Hogar Ruth, Lisdel Flores, también realizó un llamado para que la indignación colectiva se transforme en acción.

“Necesitamos poner en acción las muchas medidas que están incluidas en la Declaración de Estado de Emergencia por violencia de género, que tan atinadamente el gobernador Pedro Pierluisi acogió luego de tres años de reclamo de las organizaciones que atienden los derechos de las mujeres. El comité PARE ha estado trabajando intensamente con estas propuestas que pronto van a divulgarse”, afirmó.

“Es indispensable que el gobierno asigne los recursos para una campaña de educación masiva. Es necesario que la educación con perspectiva de género, con el currículo que se está trabajando, comience en nuestras escuelas; las agencias de seguridad y los tribunales tienen que seguir capacitándose para atender con diligencia los reclamos de mujeres en los que literalmente se les va la vida, como fue el caso de Andrea; debe haber alianzas con los municipios y con los medios de comunicación para que las mujeres conozcan los muchos servicios que hay disponibles”, agregó.

Pierluisi Urrutia indicó el lunes que el currículo con perspectiva de género comenzará a enseñarse en las escuelas públicas del país a partir de agosto próximo.

En abril, solamente han muerto siete mujeres a manos de su excompañeros o parejas, según el Observatorio de Género. En lo que va de año han ocurrido 20 feminicidios, dos de mujeres que no han sido identificadas, y un transfeminicidio.