Andrea Cristina Ruiz Costas, de 35 años, y Keishla Marlen Rodríguez Ortiz, de 27 años, son dos nombres de una larga lista de mujeres asesinadas en Puerto Rico, cuyas historias se entrelazaron en un período de 24 horas

El asesinato de dos mujeres estremeció —nuevamente— a Puerto Rico, aunque esta vez el nivel de impacto parecía mayor, por razones que van desde una constante cobertura noticiosa, hasta el hecho de que se trata de otras dos personas que no regresan a sus casas.

Andrea Cristina Ruiz Costas, de 35 años, y Keishla Marlen Rodríguez Ortiz, de 27 años, son dos nombres de una larga lista de mujeres asesinadas en Puerto Rico, pero cuyas historias se entrelazaron en un período de 24 horas a raíz de investigaciones policíacas.

Ambos casos tienen matices distintos, pero por la información que ha trascendido de manera oficial, se basan en el mismo mal que el gobierno ha intentado remediar a fuego lento, con protocolos noveles implementados a medias que no han traído resultados: la violencia de género, específicamente la violencia rampante contra las mujeres.

Desde finales de enero, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia aprobó un estado de emergencia por la violencia de género, precedido por una declaración de servicios prioritarios la lucha contra la violencia de género y una "Alerta Nacional" por este tipo de violencia.

En horas de la mañana del sábado, la Policía citó a una conferencia de prensa para abundar sobre el hallazgo de Ruiz Costas, el hecho que se le había negado una orden de protección en contra de su hoy asesino confeso, Miguel Ocasio Santiago, y la encarcelación del hombre, tras no prestar una fianza de $1,100,000. Ocasio Santiago fue ingresado en la cárcel regional de Bayamón.

Según el coronel Antonio López Figueroa, comisionado del Negociado de la Policía, la mujer fue asesinada por tras culminar su relación consensual con Ocasio Santiago. Su cuerpo calcinado fue encontrado en Cayey.

“Aparentemente la joven no quería seguir la relación con él y ese fue el detonante de todo”, señaló López Figueroa a la prensa.

El pasado 26 marzo, la víctima acudió ante la jueza municipal de Caguas, Ingrid D. Alvarado Rodríguez, para denunciar a Ocasio Santiago por violencia doméstica (Ley 54), pero el caso no prosperó. La víctima solicitó una orden de protección contra el hombre, pero también se le negó, lo que arrojó dudas sobre la efectividad de este proceso judicial.

La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, ordenó una investigación sobre los sucesos.

En el encuentro, y al ser abordado sobre el caso de Rodríguez Ortiz, el coronel pidió al boxeador Félix “El Diamante” Verdejo Sánchez que cooperara con la investigación. Desde el día antes, viernes, se había consignado la desaparición de la joven porque no se reportó a trabajar. El púgil fue citado al Cuartel General, en Hato Rey, pero no contestó preguntas de los agentes y al salir tampoco emitió declaraciones a la prensa.

“Le pido a Félix Verdejo por estos medios que coopere con la información. Félix Verdejo conoce a esta persona hace 11 años, le pedimos que coopere”, exclamó el coronel, quien afirmó que también entrevistaron a Eliz Marie Santiago, esposa de Verdejo Sánchez.

Por la información compartida por la Policía y la familia de Rodríguez Ortiz, se entiende que Verdejo Sánchez y la joven tenían una relación de pareja. La madre de Rodríguez Ortiz confirmó que la joven estaba embarazada.

“No estamos centrando la investigación en Félix Verdejo, estamos centrando la investigación en otras personas allegadas a ella. […] Todos son objeto de la investigación, que se van a entrevistar a ver qué vínculo tiene. Persona de interés es cualquier persona que pueda tener y brindar información del caso”, explicó López Figueroa en ese momento.

La desaparición de Rodríguez Ortiz llevó a la Policía a activar la Alerta Rosa por primera vez, aunque ya el Comisionado de la Policía identificó al menos dos cosas que no se hicieron en esta ocasión: la alerta no se envió a los celulares y tampoco se compartió la información en las vallas electrónicas ubicadas en las vías públicas.

Horas más tarde, la policía incautaría el una Dodge Durango negra de Verdejo Sánchez, un modelo similar al que se vio en un vídeo de seguridad como el vehículo utilizado por quienes lanzaron un cadáver a la laguna San José, en Carolina.

Pero eso no se conocía a las diez de la mañana, ni a las cuatro de la tarde cuando López Figueroa regresó al podio del Cuartel General para hablar sobre el hallazgo de un cádaver de una mujer de tez blanca y de pelo rubio, precisamente, en esa laguna.

Leer “autoridades encuentran cadáver de una mujer en la laguna” pudiera ser cualquiera de nosotras, pero la Policía arrojó atisbos sobre quién podría ser.

A esa hora, el Comisionado de la Policía no confirmó la identidad del cadáver, pero indicó que la Uniformada no contaba con reportes de mujeres desaparecidas que tuvieran el pelo rubio y, referente a Rodríguez Ortiz, todavía pensaban encontrarla con vida. De manera simultánea, ya habían agentes y familiares de Rodríguez Ortiz en las inmediaciones de la laguna para identificar el cuerpo.

“Todavía estamos buscando una persona con vida”, exclamó López Figueroa, desde Hato Rey, sin saber que los familiares se habían movido al lugar, también desde el Cuartel General donde habían sido entrevistados poco antes.

La familia de Rodríguez Ortiz estuvo presente durante el levantamiento del cadáver, un proceso que duró horas porque requería la presencia de un fiscal y personal del Instituto de Ciencias Forenses. Aunque en ningún momento se confirmó por ninguna de las partes que se trataba de la joven, hay videos de la familia en llanto, clamando por Rodríguez Ortiz.

Posteriormente, en horas de la noche y ya en Ciencias Forenses, la familia salió del edificio, nuevamente, en llanto. En sus únicas expresiones a la prensa, la hermana de Rodríguez Ortiz, Bereliz, agradeció a los medios de comunicación y al pueblo de Puerto Rico por el apoyo y la atención al caso. Entre lágrimas, se despidió al decir “Justicia para Keishla”.

Pasadas las 11 de la noche, Ciencias Forenses no había identificado a la víctima.

No obstante, el pesar colectivo ya le tenía nombre y apellido al cadáver.