Lilliam Sánchez, Mabel Cabeza, el General José Burgos y el abogado Juan Maldonado enfrentan la pesquisa.

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) determinó hoy investigar a los responsables en el proceso de compras de pruebas de COVID-19, por lo que no acogió Ia recomendación del Departamento de Justicia de no pesquisar el asunto.

En comunicado de prensa, el PFEI dio a conocer que para su determinación, el Panel evaluó las declaraciones juradas en el sumario fiscal remitido por Justicia. De ellas surge que varios funcionarios y personas, sin autoridad legal, intervinieron indebidamente con procesos de compras y adquisiciones claramente reguladas.

Ello incluyó el ejercicio de presión indebida sobre la entonces Secretaria Interina de Salud para que firmara en 20 minutos una orden de compra millonaria sin seguir el análisis y rigor que la normativa exige.

Aunque el referido inicial incluía a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y otros funcionarios, el PFEI centró la investigación sobre Lilliam Sánchez, Subsecretaria de Ia Gobernación; Mabel Cabeza, funcionaria de La Fortaleza adscrita al Task Force Médico de COVID, el General José Burgos, pasado comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y el licenciado Juan Maldonado, como posible coautor.

No obstante, el Panel fue especifico que ello no exime de responsabilidad sobre varios funcionarios mencionados en la Resolución emitida. Según establece su ley habilitadora, no habrá impedimento para que los FEI determinen ampliar su investigación sobre éstos, de obtenerse el quantum de prueba mediante el cual puedan presentar un caso ante los tribunales contra las restantes personas que menciona Justicia en su Informe.

“Ciertamente estamos ante un caso complejo y de alto interés público donde tenemos el deber de asegurarnos que ninguna conducta quede impune, allí donde el dolor humano durante una pandemia, pudo quedar soterrado frente a un desmedido e insensible ánimo de lucro y el interés de algunos de controlar los procesos para adelantar agendas y ventajas insospechadas. Los mandatos antes indicados no quedan en suspenso ante un estado de emergencia. Se impone mayor rigor y disciplina”, dice la resolución del PFEI.

El Panel encomendó la investigación a fondo al Lcdo. Ramón Mendoza Rosario, Fiscal Especial Independiente, quien será asistido por otros fiscales delegados según Ia carga de trabajo de las encomiendas ya referidas, informó el PFEI.

Contra Sánchez, Cabeza y Burgos, la encomienda de investigación, está predicada en las posibles infracciones al Código Penal en su Art. 261 (Influencia indebida); Art. 254 (Intervención indebida en operaciones gubernamentales); Art. 262 (Incumplimiento del deber); Art. 263 (Pérdida de fondos públicos mediante acción u omisión y negligencia); Art. 264 (Malversación de fondos públicos); Art. 269 (Perjurio). También se les atribuyen infracciones al Art. 3.2 del Código Anticorrupción (Obligaciones y Responsabilidades Éticas). En cuanto a los funcionarios, también se tendrán que considerar las alegadas infracciones al Art. 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental.

En cuanto a Maldonado, Ia investigación se centrará en posibles infracciones a los Artículos 212, 254, 261 y 269 sobre falsedad ideológica, intervención indebida en operaciones gubernamentales, influencia indebida y perjurio, respectivamente. Igualmente, en posibles infracciones a Código Anticorrupción.