Luego de revelar que peligran varias de sus dependencias, como el Archivo General y la Biblioteca Nacional, todavía queda pendiente saber qué pasará con la sede del ICP.

El futuro de la sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) está en manos del Departamento de Justicia, ya que la agencia evalúa la viabilidad del contrato que convertiría el local, ubicado en San Juan, en un hotel.

El posible cambio de sede se negoció poco antes del comienzo del nuevo gobierno en el 2017 y resurge ahora en momentos en que los recortes presupuestarios exorbitantes han comenzado la disolución progresiva de las dependencias del ICP en el pasado cuatrienio.

De acuerdo al director ejecutivo, Carlos Ruiz Cortés, el ICP —que es la única corporación pública que desarrolla las artes y protege el patrimonio histórico— quedaría inoperante en términos administrativos y programáticos si se aplica el presupuesto límite, o “baseline”, impuesto por la Junta de Control Fiscal (JCF). A grandes rasgos, podría tener el efecto de cerrar el Archivo General y la Biblioteca Nacional.

Tres días antes de finalizar la administración de Alejandro García Padilla, la Autoridad de Terrenos (AT) firmó un contrato con la Corporación Gran Hotel San Felipe del Morro, LLC para que el Antiguo Asilo de Beneficencia, o sea, la sede del ICP, se transformara en un hotel exclusivo de 52 habitaciones.

El acuerdo, con vigencia por 40 años, fue elevado a la atención de la actual gobernadora Wanda Vázquez Garced el 29 de agosto de 2019.

El ICP presentó a la exsecretaria de la Gobernación, Zoé Laboy Alvarado, una propuesta de uso para el edificio y planteamientos en derecho para abogar por la cancelación del acuerdo. La funcionaria tenía a su cargo la evaluación del contrato y, poco después, afirmó que se buscarían alternativas para el ICP, pues desde ese entonces había experimentado recortes presupuestarios.

Sin embargo, a pocos días que el gobierno cambie nuevamente, el futuro de la sede del ICP continúa en suspenso.

“Actualmente el contrato se encuentra en evaluación por el Departamento de Justicia, pero no se han expresado al respecto”, aseguró Ruiz Cortés en un escrito sometido al comité de transición del gobierno entrante de Pedro Pierluisi Urrutia.

La evaluación ha quedado en manos de Justicia en su totalidad, pues Laboy Alvarado renunció a su cargo alrededor de cuatro meses después de recibir la encomienda de evaluar el contrato. Mientras, la Gobernadora no ha presentado las alternativas para la sede que se dijo que buscaría a un costo más económico.

Empero, en su ponencia ante el comité de transición del gobierno, Justicia no mencionó el estatus de la evaluación.

“El uso y costumbre del ICP, que somos los últimos que opinamos cuando somos los primeros que tenemos que ver”, exclamó Ruiz Cortés, quien añadió que en la Transición Gubernamental del 2016 no se les mencionó que el edificio había sido vendido.

“Nos enteramos en enero cuando vimos un documento. El contrato de desarrollo nunca se nos dijo”, denunció el Director Ejecutivo.

Ruiz Cortés apuntó a que el hotel propuesto cambiaría de manera sustancial la forma y propósito del edificio, ya que las 52 habitaciones contarían con sus respectivos baños, se crearía un área de restaurantes y un spa.

El Asilo de Beneficencia fue el primero de los edificios monumentales construidos en el Barrio Ballajá del Viejo San Juan, según el portal del ICP, y se comenzó a erigir en el 1841. El lugar queda a pasos del Castillo San Felipe del Morro. En su interior, las oficinas se esparcen por la planta rectangular en torno a dos grandes patios, divididos por una segunda planta.

“El propósito último de este proyecto apunta hacia la conservación de nuestro patrimonio nacional y la remodelación del Barrio Ballajá, rescatándolo del olvido y dándole sentido a este importante espacio urbano que se ha definido como el subsector institucional de escala más monumental de la ciudad”, de acuerdo al ICP.

En el 2019, un grupo de artistas se manifestó en las afueras del edificio para objetar su renta.

Sumado al posible desalojo, la extensión de las reducciones fiscales —dispuestas en el Plan Fiscal—, ocasionarían en el ICP la cesantía de 62 empleados tan pronto como en el 2021, la desaparición del Archivo General y la Biblioteca Nacional de Puerto Rico y, en menos de tres años, del Programa de Administración de Documentos Públicos.