Los mecanismos para corroborar el uso efectivo de las vacunas se limitan a un formulario.

Aunque el Departamento de Salud no tiene constancia de personas que han accedido a una vacuna contra el COVID-19 fuera de turno, la fiscalización a la manera en que se administran las dosis son limitadas, pues se limitan a después de haberse inyectado a las personas.

La subsecretaria de Salud, la doctora Iris Cardona, reconoció que ha indagado sobre denuncias que apuntan a que personas han saltado las fases de vacunación y han logrado una dosis sin ser trabajadores de salud o empleados y residentes en hogares de cuido prolongado, que componen la Fase 1A que inició el proceso.

“Esta que está aquí llamó a dos hospitales y nadie pudo corroborar. Hemos tenido reuniones semanales con hospitales, enfermeras, directores de control médico. Hay denuncias en redes sociales, que cuando vas a buscar la información nadie te la puede verificar”, subrayó Cardona.

En los primeros cuatro días, Salud y la Guardia Nacional de Puerto Rico han distribuido un total de 30,225 dosis de la vacuna creada por Pfizer a todos los hospitales en la Isla. Sin embargo, los mecanismos para corroborar el uso efectivo de las vacunas se limitan a un formulario.

La doctora explicó que Salud cuenta con información de cada persona que se vacuna a través del formulario que llenan antes del procedimiento. En el documento se registra el nombre, la dirección y los padecimientos de la persona, entre otros datos. Sumado a eso, sostiene reuniones semanales con representantes de cada uno de los hospitales.

“A todas las facilidades se les ha dicho que esto es para empleados. Han preguntado si pueden llevar a su familia, la respuesta es no”, aseguró Cardona, quien subrayó que aquellas instituciones que violenten esa directriz se arriesgan a perder las próximas entregas de las dosis de la vacuna.

En el caso de la Guardia Nacional, el ayudante general José Reyes aclaró que solo se encargan de distribuir las dosis, por tanto, no tienen visibilidad sobre el uso que le dan los hospitales y centros de salud.

Reyes insistió en que la vacunación se lleva a cabo en etapas porque fue el orden establecido por profesionales de la salud y un consejo de asesores de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). De la misma forma, subrayó que las vacunas se adquirieron mediante el gobierno federal, por lo que las consecuencias de obviar el orden serían en ese foro.

“Yo creo que el mensaje tiene que llegar al pueblo de Puerto Rico que no es el momento de no faltar a ese orden. Tenemos profesionales de la salud que están en la línea de batalla todos los días, tenemos personas mayores de 65 años que tenemos que darle esa prioridad. Que la gente sepa que esto es una vacuna pagada por el gobierno federal que, de incurrir en cualquier [problema], podía ser considerado. No estoy diciendo que es considerado, pero que podría ser considerado”, expresó Reyes.

Cuando la Guardia Nacional comience a administrar la vacuna poco antes de Navidad, según Reyes, requerirán una lista de cotejo e identificación de la persona.

“Los centros de vacunación de nosotros vamos a tener dos maneras de cotejo. Le hemos pedido lo que se conoce como un alpha roster, un listado de personal, a todas las agencias estatales y federales de ley y orden, que van en ese grupo de primeros respondedores. Pero también, ellos tienen su tarjeta de identificación, así que van a presentar su tarjeta de identificación y vamos a corroborar con estos listados antes de proceder con la vacunación”, afirmó Reyes.

La próxima etapa de vacunación, la Fase 1B, está compuesta por empleados de primera respuesta, de infraestructura crítica y educación, así como personal de agencias gubernamentales, quienes irán antes que personas con enfermedades crónicas, estudiantes y empleados de 65 años o más, entre otros.

Cardona reiteró que el orden se basa en consideraciones sobre la ciencia, la implementación y la ética.

El secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, no estuvo presente, prolongando así su ausencia pública.