En la OE que entra en vigor mañana, la ocupación en los comercios no debe exceder de 30% y la Guardia Nacional fue activada para atenderlo.

A menos de 48 horas para que entre en vigor la colaboración de la Guardia Nacional con el Negociado de la Policía para hacer cumplir la Orden Ejecutiva (OE) contra el COVID-19, el plan estratégico no se había finalizado ni se tenía certeza sobre la cantidad de recursos que serían destinados a esta iniciativa.

Tampoco se conocía el costo que conllevaría la operación, pero se trató de dejar claro que, a pesar de que existe un acuerdo de cooperación, ambas entidades operarían de forma paralela por un mismo fin.

Es que, mientras que la gobernadora Wanda Vázquez Garced activó a la Guardia Nacional para asistir a la Policía en aplicar los lineamientos de la OE, sus soldados no pueden emitir multas ni efectuar arrestos, a menos que sea un arresto civil porque hay vidas en peligro.

“La Guardia Nacional va a servir como ojo avizor de que alguna actividad fuera de esa Orden Ejecutiva está ocurriendo en esos establecimientos. Van a servir como los ojos y los oídos. Unos vigilantes en este esfuerzo que estamos a punto de comenzar”, declaró el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Pedro Janer Román desde el Cuartel General de la Policía, en Hato Rey.

Janer Román sostuvo una reunión con integrantes de la Guardia Nacional y el Negociado de la Policía ayer, sábado, para discutir los pormenores de la colaboración.

En la OE que entra en vigor mañana, la ocupación en los comercios no debe exceder de 30% —a diferencia del 55% actual— y no deben predominar las filas sin distanciamiento entre las personas, además de la continuación del toque de queda de 10 p.m. a 5 a.m.

Se indicó que los soldados tendrán turnos de 12 horas y no irán en las patrullas con los agentes de la Policía ni entrarán juntos. De acuerdo a Miguel Méndez, general de brigada de la Guardia Nacional, la presencia continuará en incremento durante la semana hasta llegar a las 13 regiones policíacas y los 78 municipios.

“Tratar de cubrir todo lo más que podamos, incluyendo centros comerciales, filas, tiendas al detal, restaurantes. Todo eso, pues, vamos a tratar de estar atendiendo y, según se nos pida, pues así vamos a estar presente”, esbozó Méndez.

El monitor de la Policía, John Romero, también destinará observadores para evaluar las intervenciones, según dispuesto por el juez Gustavo Gelpí.

Parte de los recursos de la Guardia Nacional provienen del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y esta activación “para el erario público no va a tener un costo, excepto el ‘share’ de 25 por ciento que es la relación financiera con el Estado”, según Méndez.

La activación de la Guardia Nacional precede unos seis meses de duras críticas a la Policía como consecuencia del poco cumplimiento con las directrices de las OE que han sido firmadas durante la pandemia.

También surge luego de diversas estrategias fallidas con la Policía, como desarrollar una zona de patrullaje en Carolina para reforzar el cumplimiento en la zona turística, además de la cero intervención con las campañas políticas que violentaron las medidas.

“Se ha orientado demasiado, se van a considerar todas las circunstancias y el Policía interviniendo con esos establecimientos tomará la decisión”, explicó Janer Román.

Desde un inicio, Vázquez Garced, ha insistido en que el Gobierno de Puerto Rico no puede poner un policía en cada esquina para hacer valer la ley, porque hay un elemento de responsabilidad individual requerido para disminuir los contagios.

Incluso, en la OE de septiembre, la Policía de Puerto Rico no emitió boletos o multas por incumplimiento de la directriz, porque esperaba que el Departamento de Salud y el Departamento de Hacienda establecieran procedimientos internos para expedir el boleto. Ese procedimiento se completó tiempo después y la Policía finalmente contaba con el protocolo para emitir el boleto administrativo.