No se les revisa su salario desde hace más de una década, y las dos leyes firmadas por la gobernadora Wanda Vázquez Garced no entrarían en efecto, en algunos casos, hasta el 2023.

A las enfermeras y los enfermeros en Puerto Rico no se les revisa su salario desde hace más de una década, pese a que las condiciones de trabajo continúan igual o más exigentes, que les consumen días, noches y horas que suponen ser de descanso.

Dos leyes firmadas por la gobernadora Wanda Vázquez Garced hace poco más de un mes se proponen atajar este problema y ofrecerles justicia salarial, aunque su solución no llegaría en algunos casos hasta el 2023.

La problemática quedó plasmada en una demanda reciente radicada por Wanda Molina Rivera, enfermera desde el 1994 quien exige reclamación salarial y compensación por hostigamiento laboral debido a que trabajó 3,564 horas extras sin compensación alguna. De esas horas, 144 fueron trabajadas en días que debió permanecer en descanso y las otras 3,420 horas fueron en exceso de su jornada regular.

De acuerdo al recurso contra el Programa de Servicios de Salud en el Hogar San Lucas, Inc. y Servicios Episcopales, la enfermera visita diariamente entre seis a ocho pacientes, visitas que toman entre una hora y media y tres horas si son de evaluación, y entre 30 minutos y una hora si son citas de seguimiento.

Como parte de sus tareas, Molina Rivera también tiene que documentar cada visita en la computadora, que toma entre 30 minutos y una hora y media, estar “on call”, trabajar sábados alternos y visitar pacientes en Vieques y Culebra y participar de reuniones en la oficina de su empleador en Trujillo Alto, entre otras tareas. Es decir, es un trabajo que le ha tomado más de ocho horas.

“San Lucas se ha apoderado de nuestras vidas personales. No hay descanso. Para colmo, no tenemos derecho a disfrutar de los días feriados. Está situación está acabando con mi salud física y mental”, declaró la demandante en una queja escrita.

En uno de los renglones, Molina Rivera solicitó $235,328 basado en las horas adicionales trabajadas y su salario más alto en los últimos tres años de $16.51.

Molina Rivera presentó su recurso ante el Tribunal de Primera Instancia de Humacao, el cual desestimó parcialmente su queja. El asunto está bajo la consideración del Tribunal de Apelaciones, ya que la representación legal de la enfermera señaló que la sentencia fue dictada antes del vencimiento del término concedido a la apelante para presentar su súplica.

Los licenciados Carlos Mondríguez Torres y Denise Dubocq Berdeguez también apuntaron que la ley federal de normas razonables del trabajo no podía suplantar o prohibir legislación estatal, a toda vez que las leyes salariales de Puerto Rico no van por encima de los dispuesto en la Constitución de Puerto Rico.

Su problema no solo es uno de salario, sino que raya en la falta de personal y el compromiso de los patronos con el cumplimiento de las leyes vigentes en relación al trato hacia sus empleados.

Aumentos dentro de dos y tres años

Una de la soluciones a estos problemas presentada por la Asamblea Legislativa y apoyada por la Gobernadora fue enmendar la “Ley para regular la práctica de la enfermería en Puerto Rico” y aumentar el salario mínimo de estos profesionales en el sector público y en el privado por entre $250 y $500 mensuales mediante escalas.

Con esto el gobierno busca prevenir el éxodo de estos profesionales y ajustar el sueldo mínimo de las enfermeras y los enfermeros que desde el 2005 no ven un cambio.

No obstante, las leyes disponen que los patronos del sector privado implementarán los nuevos salarios mediante un periodo escalonado de transición de hasta 18 meses. En ese aspecto, cada enfermero o enfermera deberá estar ubicado en su escala salarial correspondiente para julio de 2023.

Escalas para el sector privado:

El salario básico a ser devengado por un(a) enfermero(a) en el sector privado será:

En el sector público la fecha límite es el 1 de julio de 2022.

Escalas para el sector público:

Durante la discusión de estas medidas en la Asamblea Legislativa, la Asociación de Hospitales de Puerto Rico se opuso a su aprobación porque hacía falta un estudio del impacto financiero que tendrían en las instituciones hospitalarias.