Los empleados actuales de la AEE suponen tener un empleo asegurado, pero si LUMA Energy no los contrata, le toca al gobierno reubicarlos, panorama se complica con las elecciones generales y el cambio de política pública.

Ante la incursión de LUMA Energy como operador del sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), persiste la incertidumbre sobre dónde se les honrará el empleo a los trabajadores de la corporación pública.

El desasosiego aumenta con el inevitable cambio de gobierno tras las elecciones de noviembre, porque se desconoce cuál será la política pública del próximo incumbente y su postura en torno al acuerdo con LUMA Energy. Ya varios candidatos a la gobernación se han expresado en contra y otros han adelantado que al menos lo revisarían.

El acuerdo que el gobierno suscribió con LUMA Energy no garantiza que todos los empleados de la AEE laborarán con la empresa, ya que deben ser entrevistados y evaluados.

De no quedar entre la selección oficial, esos trabajadores serán reubicados en agencias gubernamentales. Sin embargo, ese proceso añade otra capa de dificultad, porque se debe analizar en qué espacios se necesitan los conocimientos y las destrezas de estos trabajadores o si son ellos quienes requieren adiestramientos para encajar en las plazas disponibles.

“Eso es un proceso de evaluación interno y dependerá de qué empleados LUMA entreviste y decida que van a estar al otro lado, qué oportunidad se les ofrecerá de retiro incentivado y una vez finalice ese proceso, entramos nosotros para ofrecer un plan de movilidad”, declaró Sandra Torres López, directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH).

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Al momento, tampoco se ha aprobado un plan de retribución uniforme para ajustar las escalas salariales que influirían en esos movimientos.

Torres López explicó que la agencia que dirige, junto a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fsical conforman un comité que tendrá a su cargo determinar hacia dónde se moverían estos empleados, pero su intervención surgirá “una vez se agotan todos los mecanismos”.

La funcionaria dejó claro que los empleos están asegurados aunque cambie la administración gubernamental, pero hasta el momento se desconoce en dónde.

“Es posible porque no podemos asegurar la política pública del próximo incumbente. Ya estos empleados tienen una garantía por las leyes de que se les van a garantizar sus derechos. Independientemente de la política pública que se pueda implementar, hay unos derechos adquiridos que se tienen que respetar”, exclamó Torres López.

No hay panorama claro

Para Víctor Parés Otero, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes, el panorama es preocupante porque cabe la posibilidad de que un empleado de la AEE que se mueva a otra agencia pierda beneficios adquiridos como el plan médico.

La información fue discutida durante una vista pública de la comisión, convocada para investigar la implementación del contrato con LUMA Energy y evaluar el cumplimiento con las leyes de Política Pública Energética (Ley 17 de 2019) y para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico (Ley 120 de 2018).

Durante el encuentro, en que depuso la Directora de OATRH, quedó clara la incertidumbre y no se proveyeron detalles adicionales sobre el avance del acuerdo.

“No es normal. Para mí es penoso que eso no haya ocurrido. Yo esperaba que hoy me dieran un plano más claro de dónde están [los procesos] en las oficinas”, expresó Parés Otero, autor de la Resolución de la Cámara 64.

Una de sus preocupaciones es conocer cómo el Gobierno de Puerto Rico adiestrará a un celador de línea, por ejemplo, para acomodarlo en otra agencia.

Otra preocupación es que la Unión de Trabajadores de Industria Eléctrica y Riego (UTIER) hizo un llamado a su matrícula —alrededor de 2,500 de los 5,000 empleados de la AEE— a no participar de las entrevistas y ferias de empleo de LUMA Energy. Es decir, esta avalancha de empleados tendría que ser reubicada en el gobierno.

La licenciada Rachel Pagán, subdirectora de la OATRH, esbozó que las agencias que recibirán a los empleados deben tener presupuesto para absorberlos, así como la necesidad de esas destrezas y capacidades que esos empleados tengan.

“Si yo tengo unas necesidades en el gobierno, por poner el ejemplo, que son unas funciones bien específicas, a lo mejor voy a tener 1,000 empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que no me van a poder cumplir con esas necesidades. [Tenemos que descifrar] este personal que tenemos que mover y cómo lo vamos a mover si la necesidad que existe en el gobierno y el acervo de candidatos que tengo no es compatible”, detalló Pagán.

La funcionaria señaló que los empleados serían adiestrados mediante una alianza vigente entre la OATRH y la Universidad de Puerto Rico.

“La alianza con la UPR me les puede dar diversas certificaciones, pero no me les va a dar un bachillerato o una maestría”, argumentó Pagán.

Parés Otero no descartó una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez Garced para elaborar un proyecto de ley que certifique estos beneficios antes que cambie la administración. Según la información con la que cuenta, en mayo supone terminar la transición a LUMA Energy, por lo que cercano a ese periodo se tendría un cuadro más claro del impacto fiscal en cada agencia por los traslados de empleados.

El Negociado de Energía será citado para la semana para que expliquen su rol en esta transacción.