La vista pública de la Cámara de Representantes ayer, no discutió a profundidad el tema de la violencia de género ni las mujeres, pues se enfocó en los niños desaparecidos y la trata humana.

Los casos de niños desaparecidos cobraron protagonismo durante una vista pública de la Cámara de Representantes, que también suponía discutir la desaparición de mujeres en la Isla, pero que se mantuvo en temas de trata humana y no alcanzó ninguna propuesta concreta que pudiese resolver el problema.

La vista de la Comisión de Seguridad Pública surgió en el marco de alrededor de 18 mujeres desaparecidas y el día después de una manifestación multitudinaria convocada por la Colectiva feminista en construcción que pedía la aprobación de un estado de emergencia por la violencia de género.

Sin embargo, el encuentro no discutió a profundidad el tema de la violencia de género, más allá de la pregunta de la representante Maricarmen Mas Rodríguez sobre qué sucedió con la “alerta nacional” a estos fines decretada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced hace un año y que quedó en nada. Mas Rodríguez fue la única legisladora mujer en participar de la vista pública.

Quien también abordó el tema de forma superficial fue la procuradora de las mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo, al respaldar la educación con perspectiva de género no solo para disminuir los casos de violencia física, sino para evitar la discriminación contra las mujeres meramente por ser mujeres.

“Tenemos que hacer una reforma de política pública. Me preocupo con que haya tanto tabú con el aspecto de la perspectiva de género, que es uno de tantos temas que tenemos que trabajar. De ahí establecemos que nuestros niños y niñas tienen los mismos derechos, pero de ahí trabajar como padres, como patrones, compañeros la equidad salarial, la lactancia, la rehabilitación. El aspecto de violencia de género no se puede circunscribir a un solo componente. Por supuesto que la Oficina de la Procuraduría está de acuerdo”, acotó Boria Vizcarrondo.

La funcionaria mencionó la lactancia porque esperó su turno para deponer en la vista en su carro, ya que el Anexo de la Cámara de Representantes en el Capitolio no cuenta con una sala para madres lactantes.

Durante la vista, ni el Departamento de Justicia ni el Departamento de la Familia pudieron responder sobre los avances de la alerta nacional.

Niños desaparecidos

El grueso de la vista pública se dedicó a la discusión sobre las desapariciones de menores de edad, que según el Departamento de Familia y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), conllevan protocolos distintos. De acuerdo al Departamento de Justicia, eso dificulta la radicación de cargos, porque hay leyes más complicadas.

Familia aseguró que las desapariciones por lo general contienen un elemento de problemas intrafamiliares, mientras que en el caso de menores se trata de problemas de disciplina, “ya sea por la que los padres imponen o porque los menores optan por no seguir las reglas impuestas en el hogar”.

Si el menor de edad desaparecido está bajo la custodia de Familia, los manejadores de casos suponen estar adiestrados para notificar secuestros o evasiones. Una evasión es cuando buscan desligarse del cuidado de la agencia.

Hasta agosto de 2020, se habían registrado 59 menores y jóvenes bajo la custodia de Familia y que estaban “evadidos”. De ese número, 21 son menores de 18 años: ocho son niñas y 13 son niños. De los mayores de 18 años, un total de 16 son mujeres.

La situación se dificulta —pero no se imposibilita— más si los menores cumplen 18 años y salen de Puerto Rico, porque ya se consideran personas adultas.

Al mismo tiempo que se llevaba a cabo la vista, trascendió en la prensa que una joven de 16 años desapareció el 26 de septiembre. Lidia N. Reyes García, quien vestía una camisa y un pantalón azul, se suma a los más de 18 reportes de mujeres desaparecidas en el año, pero que las organizaciones feministas aseguran que ascienden a 30.

“Al momento, la Administración de Familias y Niños (ADFAN) está trabajando una plataforma electrónica para incorporar la información de los menores evadidos o desaparecidos al sistema mecanizado y poder generar el informe mensual desde la aplicación SIMCa. Además, estamos trabajando en la identificación de algún programa o sistema de rastreo electrónico, que nos ayude a obtener datos confiables sobre la posible ubicación de nuestros menores evadidos”, citó la licenciada Corally Veguilla Torres de la ponencia del secretario de Familia, Orlando López Belmonte.

Por su parte, Marie Esther Hernández Medina, fiscal de Justicia, recomendó que las leyes que abordan el delito de trata humana sean más sencillas. A su juicio, son difíciles de entender no solo por el público general, sino por los policías y fiscales, lo que disminuye la posibilidad de que sean utilizadas para encausar a una persona.

“Más sencillo y más conciso en su redacción, con lenguaje menos confuso para las personas sobre el elemento del delito, sus diferentes modalidades. Más digerible para que cualquier funcionario de orden público lo pueda entender y explicar”, aconsejó Hernández Medina.

Tanto el delito de trata humana como el de secuestro no prescriben.

Cuando un menor de 18 años es secuestrado, se supone que suene la alerta AMBER mediante el Sistema de Alerta de Emergencia, el mismo que se utiliza desde marzo para anunciar el toque de queda por el COVID-19. El mensaje debe sonar cada 15 minutos por las primeras dos horas y cada media hora durante las tres horas siguientes.

En el caso de las mujeres mayores de 18 años, debe ponerse en marcha una “Alerta Rosa”, aprobada por la Ley 149 de 2019, y que ordena al Negociado de la Policía de Puerto Rico a ser la agencia primaria responsable. Este proceso no fue cumplido en el caso de Rosimar Rodríguez Gómez, quien fue secuestrada frente a su hogar en Toa Baja y el pasado lunes se confirmó el hallazgo de su cadáver en Dorado.

La Procuradora fue cuidadosa al decir que no toda desaparición de una mujer se debe a un secuestro, sino a que “ha decidido romper con el ciclo de violencia al que ha sido sometida y escapa del mismo”. Esta posibilidad pone un alto a las intenciones de publicar la desaparición de la persona a través de las diferentes alertas, porque podrían atentar contra su seguridad y confidencialidad, según Boria Vizcarrondo.

Por esa razón, la policía debe laborar con rapidez y certificar que sospechan que hubo mano criminal en la desaparición de la persona. Tal como reiteraron durante la vista, ni la OPM ni Justicia investigan, sino que colaboran con la investigación de la uniformada.

La Procuradora de las Mujeres fue quien único acudió a la citación hecha a los jefes de agencia, pues los secretarios de los departamentos de Justicia y Familia enviaron a sus alternos o representaciones legales de las agencias.

El Departamento de Seguridad Pública, por ejemplo, estaba citado al encuentro pero no se presentó. El presidente de la comisión, Félix Lasalle Toro, aseguró que se trataba solo de una fase inicial de vistas.

El representante Lasalle Toro se enfocó en buscar sugerencias y recomendaciones de los deponentes para crear legislación que atienda estas situaciones, lo que pierde de vista que las leyes ya existen y el problema es en su cumplimiento y ejecución.

Del mismo modo, la sesión ordinaria acabó, por lo que los representantes no podrían presentar legislación alguna sobre este tema y llevarla a votación en estos meses.

Quien único tendría potestad para hacerlo sería la gobernadora Wanda Vázquez Garced, quien tendría que incluir un proyecto de ley en la convocatoria de una sesión extraordinaria antes que finalice el año.