Para la Procuradora actual, la oficina no cuenta con fondos ni empleados suficientes para llevar a cabo todas sus tareas, aunque no ha detenido sus servicios.

Las críticas que ha enfrentado durante la semana la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) y su directora, Lersy Boria Vizcarrondo, sobre su desempeño y en el contexto de la desaparición de 20 mujeres convergen en un mismo punto: la entidad pública puede hacer más.

Si bien las desapariciones y los incidentes de violencia de género que perjudican en un mayor nivel a las mujeres tienen su raíz en carencias a nivel sistemático, el rol de la OPM establecido en su ley orgánica se ha relegado a un segundo plano que algunos argumentarían que es inexistente.

De acuerdo a la Ley 20 de 2001, que creó la OPM, la entidad no solo debe promover la política pública que “garantiza el pleno desarrollo y respeto do los derechos humanos de las mujeres y el ejercicio y disfrute de sus libertades fundamentales”, sino que está habilitada por el estatuto a tomar todas las medidas necesarias para que el Gobierno de Puerto Rico cumpla con esas disposiciones.

Para la Procuradora actual, la oficina no cuenta con fondos ni empleados suficientes para llevar a cabo todas sus tareas, aunque no ha detenido sus servicios. Según la ley orgánica, el presupuesto anual de la OPM no puede ser menor al que le fue asignado el año anterior. Es decir, su presupuesto debe haber sido el mismo que el de sus predecesoras, de lo contrario, el gobierno estaría incumpliendo la ley.

“Cuando se llega a esa agencia, sabes que te tienes que reinventar y que vas allí con el compromiso de adelantar todas las causas de la mujer, no solo la violencia doméstica, sino con las profesiones, con mejores salarios, con más oportunidades de crecimiento. Uno se diversifica, identifica qué otros recursos necesita y dónde los puede invertir. Por eso se hacen alianzas con las universidades, con la empresa privada y entidades. Es cuestión de conocer, de tener voluntad y de tener alto compromiso con lo que haces”, expresó la licenciada Carmen Lebrón González.

Lebrón González fungió como procuradora interina este cuatrienio y su corta estadía precedió la llegada de Boria Vizcarrondo. La exfuncionaria subrayó que los retos económicos siempre han estado presentes, pero no deben ser detentes para adelantar las causas de las mujeres.

En su experiencia, usó las alianzas para rellenar vacíos y a la hora de fiscalizar al gobierno mantuvo una relación abierta y de consenso. Al final del día, aunque tuviese que multar a un municipio, trabajaban en conjunto para resolver el señalamiento, como ocurrió con Guaynabo y la creación de protocolos y reglamentos contra el hostigamiento sexual en el empleo.

“Lo que se busca es que corrija la cosa. Ya eso es ganancia para la mujer. Cuando hay repartición de fondos, los asuntos de la mujer no tienen el mismo rango. Recae en los funcionarios en tener la creatividad, disponibilidad, empeño, ya sea por acuerdos colaborativos o por personal que colaboran en muchas áreas. A la problemática de las mujeres hay que darle mayor importancia”, destacó Lebrón González.

La licenciada aclaró que la OPM no está ideada para rendir servicios, pues eso no está establecido en la ley. Su función inicial, además de la fiscalización, reside en la coordinación de servicios y la promoción de las causas en favor de las mujeres. Explicó que cuando la actual gobernadora Wanda Vázquez Garced ocupó la jefatura en la OPM, creó la línea de orientación, que es el área donde único se rinde un tipo de servicio.

Vázquez Garced fue una de las que criticó el desempeño de Boria Vizcarrondo a principios de semana y aseguró que esperaba más de la funcionaria. La Procuradora respondió que la Gobernadora no ordenó la ejecución de la “Alerta Nacional por violencia de género”, decretada hace poco más de un año. Para Boria Vizcarrondo, tampoco se está “invirtiendo en nuestras mujeres”.

“Echar culpas, decir que no se está haciendo o no se está haciendo de la forma correcta pues no ayuda, porque las mujeres se desalientan”, argumentó Lebrón González.

Latente violencia de género

El señalamiento constante que ha enfrentado la OPM bajo la dirección de Boria Vizcarrondo es que no ha formado parte de la solución para atajar la violencia de género, entre lo que se encuentra implementar un currículo educativo de perspectiva de género en las escuelas del país.

A la misma vez, activistas, entidades sin fines de lucro y otros grupos que rinden servicios a la mujer han exigido que se decrete un estado de emergencia contra la violencia de género, que elevaría el nivel de importancia del asunto y la atención gubernamental mediante la asignación de recursos, ampliación de protecciones y la recopilación de mejores estadísticas.

Según estadísticas de la OPM, que son recopiladas por la Policía de Puerto Rico, 48 mujeres han muerto estrictamente por violencia doméstica durante este cuatrienio, cifra ajustada hasta el 26 de agosto de 2020. Los albergues que atienden a estas víctimas denunciaron ayer un abandono por parte del gobierno en términos económicos.

Entre enero y julio del año en curso, se han registrado alrededor de 3,542 incidentes de violencia doméstica, tipificado como delito en la Ley 54.

Mientras, un total de 230 mujeres han sido víctimas de agresiones sexuales alrededor de toda la Isla en ese mismo periodo. En el 2019, también se radicaron 279 querellas ante la OPM por otras causales de discrimen contra las mujeres, como estar embarazadas, por orientación sexual o identidad de género, desigualdad salarial, raza y nacionalidad, entre otros.

“Que asuma la labor por la cual fue creada esa oficina, que es fiscalizar todas las agencias gubernamentales y que también esté velando por la implementación de política pública dirigida a erradicar la violencia de genero y eso han sido los grandes ausentes en su labor. Ni ha estado fiscalizando ni ha estado impulsando junto a las organizaciones la política pública”, exclamó Shariana Ferrer Núñez, portavoz de la Colectiva Feminista en construcción.

Al menos con la Colectiva, la OPM no se reúne a solas desde la primera y única vez el 27 de noviembre. No obstante, los caminos se han cruzado en una reunión con Ricardo Rosselló Nevares y en los intentos de Vázquez Garced de lograr un consenso. Aunque en ese entonces los grupos coincidieron en la declaración de un estado de emergencia, la Gobernadora optó por la “Alerta Nacional” que ha quedado en nada.

“Estuvo presente, pero la actitud que asumió era como representante del Ejecutivo, no como funcionaria independiente con poderes cuasi judiciales. Estaba respaldando todas las gestiones de los gobernantes. Por eso nos sorprendieron las expresiones que hemos leído de la Procuradora en la prensa [esta semana].Es terrible que tengamos que verlo, están pasándose la papa caliente y en este tira y jala, cuando ninguna de las dos está bajando política pública ni asegurando las vidas de las mujeres”, añadió Ferrer Núñez.

La Colectiva presentó a la OPM y a la Gobernadora la propuesta “más real” y posible para el estado de emergencia enfocada en cinco áreas: campañas preventivas, educación con perspectiva de género, seguridad, techo seguro y cero impunidad. El documento fue elaborado junto a Taller Salud, Proyecto Matria, el Movimiento Amplío de Mujeres de Puerto Rico y Coordinadora Paz para las Mujeres, con el apoyo y endoso de más de 40 organizaciones, pero no han recibido respuesta.

Es por eso que la Colectiva convocó a una manifestación el próximo lunes, 28 de septiembre, que comenzará con un marcha a las 6:30 p.m. desde el cementerio Santa María Magdalena de Pazzi (La Perla) hasta La Fortaleza.