La compra de mejor equipo para agilizar las autopsias y la contratación de personal son solo algunas de las cosas que Conte Miller espera completar ahora que Ciencias Forenses opera como una agencia independiente.

Con su retorno como agencia independiente, el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) ya no vería atrasados los trámites para comprar mejor equipo de trabajo, renovar contratos para “rape kits” o pensarlo dos veces antes de contratar más personal, como ha lidiado por los pasados tres años.

La separación del Departamento de Seguridad Pública (DSP) le regresa autonomía fiscal y administrativa al ICF, de acuerdo a su directora, la patóloga María Conte Miller, porque eliminó esa capa adicional de burocracia que condiciona la contratación de servicios, el desembolso de fondos y dilata su ejecución.

“Todo lo administrativo tiene que pasar por una segunda revisión en el Departamento de Seguridad Pública y eso alarga, hace que el proceso sea muy largo. Si queremos hacer un contrato, tenemos que pedir evaluación allá. Pasa por muchas evaluaciones. Si volvemos al estado original, sería la redacción del contrato y certificación nuestra”, describió Conte Miller a NotiCel.

La patóloga había solicitado por meses la renovación de contrato para los “rape kits”, que son pruebas de material genético utilizadas en los casos de agresión sexual para identificar a los autores del crimen, pero no había tenido éxito porque nunca tuvo el visto bueno a nivel administrativo del DSP.

Es decir, la funcionaria cuentaba con inventario en la agencia, sabía lo que diría el contrato y podía asegurar que los fondos estaban disponibles, pero cuando estaba bajo el DSP no tenía el poder para certificar que la compra continuara su curso.

“Yo sé que no hay intención de no hacerlo, pero tienen tantas otras cosas, muchas agencias y manejan varias cosas. Por eso no puedo completarlo. Necesito certificación de fondos de la oficina central”, explicó Conte Miller a este diario antes de que la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, convirtiera en ley una medida que dio la independencia a Ciencias Forenses.

Renovación de cara al 2021

La agencia tiene una serie de proyectos en proceso que no se han concretado, en gran parte por la misma burocracia que afectaba la renovación de contrato para los “rape kits”. Estos cambios, que esperan completar en el primer trimestre del próximo año, mejorarían las condiciones de trabajo que provocan atrasos en los servicios.

Cuando Conte Miller llegó a la agencia, había un cúmulo crítico de cadáveres a la espera de autopsias, tanto personas identificadas como sin identificar, o “John” y “Jane” Doe.

La intervención de la Cámara de Representantes y del Tribunal de Primera Instancia de San Juan impulsó la salida de una de las tres comisionadas que la agencia ha tenido en estos cuatro años. Luego, Conte Miller encabezó la normalización de la situación al reducir el tiempo de espera de entregar los cadáveres a los familiares de tres semanas a dos días.

La patóloga explicó que el ICF contaba con un sistema digital para identificar huellas dactilares, pero a través de los años antes de su llegada y la pérdida de fondos, ese sistema se dañó.

“Ahora mismo la huella se toma con una tinta en un cartoncito, pero cuando te llegan identidades desconocidas, tienes que ir con ese cartoncito a la policía personalmente para que ellos lo comparen con su base de datos. Con la digital, se hace inmediatamente con las base de datos de Policías y el FBI [Negociado de Investigaciones Federales]. Eso pasa con los John y Jane Doe, que teníamos sesenta y pico y ahora mismo están en nueve o diez más o menos, pero con ese sistema nuevo aceleraríamos”, expresó Conte Miller, quien espera contar con la máquina para octubre.

La patóloga también habló sobre la instalación de otra máquina para agilizar las autopsias y la remodelación de la sala de autopsias, pero para completarlos se requiere “la formalización de contratos hacer subastas, proceso de compras y contratación”.

Con la instalación de una máquina de CT Scan, las autopsias se harían de forma virtual. Permitiría, de acuerdo a Conte Miller, que las 500 autopsias que toman horas culminar se hagan en unos 30 segundos por cuerpo y los resultados se pueden enviar a cualquier parte a través del internet.

Para eso, Conte Miller contraría patólogos en Estados Unidos que interpreten los resultados y así los “patólogos nuestros pueden enfocarse en casos criminales. Eso da más agilidad al proceso de hacer las autopsias de la manera tradicional y los ayuda a poner al día los reportes, porque hay un sinnúmero de casos”.

En su tiempo al mando, la patóloga aseguró que han completado más de mil informes de autopsias, que datan desde los años 2013, 2014 y 2015.

“Para completar el informe de autopsia, se necesita un informe toxicológico, de sangre y orina, para ver si la persona estaba bajo el efecto de sustancias. Ese laboratorio estaba inoperante y los patólogos no podían completar el análisis. Todo el equipo estaba prácticamente dañado porque requieren de mantenimiento preventivo y como forenses había perdido fondos, no podía darle ese mantenimiento. No tenía los reactivos ni el equipo”, detalló, antes de añadir que la supervisora encargada de esa área modificó la forma de trabajar y arreglaron los equipos.

Otra adquisición reciente es una máquina de radiografías para ser utilizada en casos de heridas de bala. La herramienta leería los huesos y proyectiles en el cuerpo en 13 segundos. Una nueva versión de esa máquina —y que también será comprada— es más abarcadora y lee órganos.

Mientras, la renovación de la sala de autopsias podría ser lo más que tarde, pues incluye las camillas, las neveras y todo el salón, para un costo estimado de cuatro millones de dólares.

El ICF actualmente cuenta con 11 patólogos, incluida Conte Miller. En total, tiene 246 empleados entre peritos y personal administrativo. Idealmente, contrataría entre dos y tres patólogos más.

Conte Miller enfatizó en lo difícil que es retener talento local, pues en los Estados Unidos los patólogos pueden devengar alrededor de $50,000 más que en Puerto Rico. Para ello, solicitó la reacreditación de la escuela de entrenamiento de patólogos, para que realicen sus prácticas a nivel local y no se vayan.

“Si se van a Estados Unidos, se quedan por allá. La solución definitiva para atender la fuga de talento es la revisión de la escala salarial y que se le compense a los peritos. Esa es la solución, más que los equipos y cualquier cosa”, afirmó.

El ICF fue incluido en la sombrilla del DSP mediante la Ley 20 de 2017 como una de las grandes promesas de transformación del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien renunció a su cargo en julio de 2019.

La “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico” pretendía fortalecer el componente de seguridad pública mediante la colaboración y el uso efectivo de recursos fiscales. No obstante, solo logró aglomerar siete agencias bajo una misma sombrilla, que a su vez le sumó una capa burocrática, en la medida en que ninguno de los negociados puede tomar decisiones sin la aprobación de la oficina central.

El pasado 1 de septiembre, la gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó la ley que lo separa, en respuesta a un ultimátum de Conte Miller, quien exclamó que renunciaría a su cargo si la agencia no recuperaba su autonomía.

El cambio contará con un periodo de transición de tres meses que supone finalizar el 1 de diciembre.