Entre ellas la propuesta de Nueva Ley de Educación Especial, extender el término de la Procuradora de las Mujeres e incentivos para personas de la tercera edad.

En tan solo unos meses, la gobernadora Wanda Vázquez Garced ha vetado más de 50 medidas legislativas que buscaban convertirse en ley.

El veto ocurre cuando la Primera Ejecutiva impide que una medida aprobada por la legislatura se convierta en ley, aunque la Asamblea Legislativa pueda ir por encima del veto con al menos dos terceras partes de votos tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

A continuación, solo algunas de las medidas que vetó Vázquez Garced:

La determinación de vetarla fue criticada por sus autores en la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), por lo cual se fueron por encima del veto.

La Gobernadora recomendó en su veto expreso la creación de un grupo de trabajo para crear un consenso y generar una legislación mejor en beneficio de los niños y niñas con diversidad funcional.

Esta medida buscaba extender hasta el 2023 la presentación de certificaciones de cumplimiento a proyectos de viviendas para adultos mayores retirados (comúnmente conocidos como égidas) que ubiquen en los cascos o centros urbanos de los setenta y ocho municipios de Puerto Rico con el propósito de recibir créditos contributivos.

La medida surge del Programa de Gobierno del PNP bajo Ricardo Rosselló Nevares y que la exposición de motivos del proyecto de ley describió como una iniciativa de cambio social. Sin embargo, para Vázquez Garced la medida no cumplía con los requerimientos de “neutralidad fiscal”.

La Gobernadora también señaló que eximir del cobro de peaje en autopistas durante la emergencia del COVID-19 era inconsistente con el Plan Fiscal, por lo que más temprano en el año vetó una Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes.

Enmienda a la "Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 2003", que proponía establecer que los jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones debían tomar adiestramientos cada dos años.

Los temas tenían que ver con maltrato y protección de menores, seguridad pública, y cambios en políticas y procedimientos relacionados al Código Penal de Puerto Rico, Ley de Armas, Ley de Explosivos, Ley de Sustancias Controladas, Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y Ley de Propiedad Vehicular, entre otras. Como fue un veto de bolsillo, la Gobernadora no explicó las razones para oponerse.

Enmienda a la Ley para la Certificación de Cumplimiento con el Gobierno de Puerto Rico, que le requería a los comercios en la Isla la instalación de un rótulo de 8.5 pulgadas x 11 pulgadas, con una tipografía no menor de 20 puntos que le confirmara a los consumidores que el establecimiento cumplía con los requisitos de ley para operar.

Medida del senador y candidato a la Gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, que buscaba crear la Oficina de Enlace entre el Gobierno y la Comunidad Sorda para el ofrecimiento de servicios de interpretación, gestoría y coordinación de servicios entre las diferentes agencias.

Más temprano en el año, no dio paso a la medida de la Cámara de Representantes que extendía a diez años el cargo de procuradora de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y sugería que ese nombramiento se consultara con organizaciones que están en favor de los derechos de esa población.

Antes de ser secretaria del Departamento de Justicia, Vázquez Garced ocupó el cargo de procuradora.

De haberse aprobado la medida, Lersy Boria Vizcarrondo continuaría al mando de la oficina hasta el 2028. Sin embargo, su término vence este año.