La OEG alega que Justicia tampoco cooperó con su pesquisa.

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) comunicó hoy, viernes, que la pesquisa que llevaban a cabo sobre los funcionarios de la Administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) que participaron del chat de Telegram -que culminó con la renuncia del ahora exgobernador, Ricardo Rosselló Nevares-, terminó por falta de autenticidad del referido chat.

Según argumentó en un comunicado de prensa de dos páginas Luis A. Pérez Vargas, director de ese organismo, la OEG intentó validar las 889 páginas del Telegram chat, publicado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), con los propios integrantes de la conversación, y hasta con el equipo de la plataforma de Telegram.

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Sin embargo, "los brothers" consultados, como ellos mismos se hacían llamar, aunque validaron la existencia de las conversaciones, mencionaron en varias ocasiones que las mismas estaban alteradas. El comunicado de la OEG, en cambio, no identifica quiénes de los miembros fueron los consultados, aunque alude a que dos no estuvieron disponibles para comentar, por recomendación de sus abogados.

Aunque no tiene que ver con la pesquisa de la OEG, sino con la del Departamento de Justicia, en febrero de este año, al menos Elías Sánchez Sifonte y Edwin Miranda Reyes se negaron a entregar sus celulares cuando la agencia los requirió también, para fines investigativos relacionados al chat.

El comunicado de Ética no aclara si estos dos participantes del chat fueron entrevistados o no.

“Todos los testigos entrevistados aceptaron que Telegram era el sistema de mensajería instantánea utilizada para la comunicación entre funcionarios del gobierno del Rosselló Nevares. Estos aceptaron su participación en la plataforma de mensajería y la existencia del chat. No obstante, todos los testigos se negaron a autenticar el contenido. Insistieron que el documento estaba alterado, que no era íntegro y que no reflejaba la totalidad de las conversaciones. Reiteradamente expresaron que no se enviaban mensajes sin contenido, que algunos espacios de las conversaciones estaban en blanco, que le faltaba contexto, que se ocultaban mensajes de algunos miembros y que estaba alterado en varias instancias. Ninguno estuvo dispuesto a autenticar su contenido”, detalló Pérez Vargas en el documento.

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Consecuentemente, indicó que su Oficina contactó a Telegram, pero argumentó que estos solo ofrecen detalles de conversaciones si existiera "sospecha de terrorismo".

"También se le solicitó cooperación al Departamento de Justicia para que compartieran la extracción de información de los teléfonos celulares ocupados a algunos de los participantes del chat, con el propósito de obtener el contenido directamente del teléfono, sin alteraciones o problemas de autenticación, pero la información no fue compartida debido a la investigación penal que aún conducen", continúan diciendo.

En enero, el Departamento de Justicia solicitó la asignación de un fiscal especial independiente para los miembros del chat. Sin embargo, tan reciente como la pasada semana, la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) solicitó, por segunda vez, tiempo adicional para culminar la pesquisa.

Según reseñó el CPI, el pedido esta vez ocurrió como resultado de la pandemia por coronavirus.

"De surgir información concluyente en el futuro, en esta o en cualquier otra investigación culminada en la Oficina, los abogados de la OEG pueden iniciar un nuevo proceso investigativo", cierra diciendo Pérez Vargas.

En el Telegram chat participaron Rosselló Nevares; Sánchez Sifonte; el publicista Edwin Miranda Reyes; el exsecretario del Departamento de Estado, Luis G. Rivera Marín; el exsecretario de Asuntos Públicos y exdirector de la Autoridad de Puertos, Anthony Maceira Zayas; el exsecretario de la Gobernación, Hacienda y ex principal oficial financiero, Raúl Maldonado Gautier; el exasesor legal de La Fortaleza, Alfonso Orona Amilivia; el exsecretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortes; el exdirector ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Christian Sobrino Vega; el exsecretario de la Gobernación, Ricardo J. Llerandi Cruz y los exasesores Carlos Bermúdez Urbina y Rafael Cerame D'Acosta.

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