Pero no llega a ser lo restrictivo que se anticipó.

Contrario a la expectativa creada por el secretario del Departamento de Salud Lorenzo González Feliciano y el “Task Force” Médico, las nuevas medidas para disminuir el contagio de COVID-19 en Puerto Rico anunciadas por la gobernadora Wanda Vázquez Garced son, en esencia, las mismas que se implementaron hace más de un mes.

Desde hace una semana, González Feliciano y el grupo asesor médico han abogado y asegurado que se avecinaban mayores restricciones ante el alza crítica de contagios, ya que se han registrado más de 600 casos en un solo día y existe un patrón sostenido de al menos nueve muertes diarias.

Sin embargo, las mismas medidas que han predominado hasta el momento continuarían vigentes, como el cierre de los cines, los casinos, las playas para bañistas y actividades recreacionales, así como la prohibición de venta de bebidas alcohólicas pasadas las siete de la noche y el toque de queda desde las diez de la noche hasta las cinco de mañana.

El cambio más notable es el regreso oficial a un cierre total los domingos, salvo el tránsito hacia hospitales, farmacias, ferreterías, supermercados, citas médicas, compra de comida por entregas, “carry-out” o servi-carro, o para brindar y recibir servicios esenciales.

De esta forma, permanecen abiertos los centros comerciales, las iglesias, los centros de inspección vehicular, los concesionarios de ventas de autos, las agencias de gobierno, los bancos e instituciones financieras y los cuidos de niños. A diferencia de la orden vigente, la nueva dispone que en el caso de los restaurantes, centros comerciales y otros espacios de comercio al detal, la ocupación no debe superar el 25%.

La nueva Orden Ejecutiva (OE) tendrá efectividad desde este sábado, 22 de agosto, hasta el 11 de septiembre, o sea, por 21 días.

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“Esto es un dato real: reunirse en grupos es un riesgo, incluirse reunirse con familiares que no conforman la misma unidad familiar, es un riesgo”, recalcó, Vázquez Garced durante un mensaje especial televisado.

La Primera Ejecutiva no abordó prohibiciones a las reuniones o mítines políticos, como los registrados durante la campaña primarista y su culminación este pasado fin de semana. Vázquez Garced tampoco abundó sobre cómo el Gobierno de Puerto Rico asegurará más inventario de pruebas para detectar el COVID-19, cómo potenciará el rastreo de contactos y cómo promulgará la prevención.

Lo que sí explicó fue que se establecerá un patrullaje más intenso junto al Negociado de la Policía de Puerto Rico y los agentes municipales desde la playa de Isla Verde, en Carolina, hasta la Plaza del Tótem, en San Juan, para reforzar en individuos y comercios el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y el cumplimiento con la OE.

Aquellas personas que, durante estos patrullajes, se nieguen a utilizar una mascarilla, se expondrán a una multa de $100, mientras que en el caso de los comercios, será de $500.

La determinación arropa a estos municipios específicos porque, según los datos presentados por el doctor José Rodríguez Orengo, es en San Juan, Bayamón y Carolina que se ha registrado la mayor cantidad de contagios en los últimos 14 días.

Insistencia en los jóvenes

Durante el mensaje especial, transmitido a través de la señal de WIPR, tanto Vázquez Garced, como Rodríguez Orengo y el epidemiólogo Juan Carlos Reyes subrayaron que los efectos de la pandemia en Puerto Rico han sido intensificados por los jóvenes.

Rodríguez Orengo declaró que el 80% de las personas contagiadas con COVID-19 tienen menos de 60 años.

Reyes, por su parte, añadió que las personas entre 20 y 29 son los que tienen tasa de contagio más alta, no obstante, las personas de mayor edad —80 años en adelante— son los más que se mueren por esta enfermedad, debido en gran medida a la influencia de condiciones preexistentes.

Es un hecho que muchos jóvenes laboran en centros comerciales, restaurantes y otras áreas que permanecieron abiertas con el anuncio de esta nueva OE.

El doctor Miguel Valencia, del sistema de vigilancia del Departamento de Salud, señaló que durante el mes de julio se experimentaron tres picos de contagios de COVID-19 y sobrepasaron los 400 casos.

“La tendencia es que esos casos bajaron luego de la Orden Ejecutiva, sin embargo a principios de agosto volvieron a subir, específicamente los días 3, 4 y 7. La transmisión comunitaria comenzó a bajar a partir del fin de julio, pero todavía estaban a 300 y 400 casos diarios. O sea, que ese 1 iba a infectar a 300 ó 400”, señaló Valencia.

El doctor Valencia aclaró que la baja de agosto era artificial “y necesitamos hacer algo más porque las medidas llegaron a controlar el número de casos diarios, pero no los bajaron. Tenemos que hacer un esfuerzo adicional”.

Prevalece el “Task Force” Económico

Las medidas anunciadas por la Gobernadora representan la conclusión de las discrepancias entre el “Task Force” Médico y el “Task Force” Económico, con la aparente victoria de este último.

Por la pasada semana se ha subrayado la ausencia de consenso entre ambos grupos en las reuniones de trabajo, pese a que Vázquez Garced ha insistido en que su prioridad era “salvar vidas”. Hace dos semanas, la Primera Ejecutiva admitió que también le preocupaban los pequeños y medianos comerciantes.

Con la nueva OE, los comercios deben implementar un programa de autocertificación de cumplimiento con las disposiciones —requisito que ya existía—, una autoauditoría y un control de volumen. Es decir, el sector privado se velará a sí mismo.

En esta ocasión, la diferencia estriba en que si una empresa excede el criterio establecido, será cerrada hasta que Salud determine lo contrario y expone a las demás empresas de ese sector económico a un cierre.

Iglesias abiertas los siete días

El lunes, el Secretario de Salud aseguró que el cierre de iglesias “no estaba en discusión”, porque era un asunto acordado por los grupos de trabajo.

Más tarde ese día, pastores y líderes del sector religioso cuestionaron las declaraciones del funcionario al subrayar que la Constitución de Puerto Rico dispone la separación de iglesia y Estado y la libertad de culto, por tanto la Primera Ejecutiva no podía ordenar un cierre en una OE.

González Feliciano, quien supone ser el líder de los esfuerzos gubernamentales en esta emergencia de salud pública, comentó en una intervención radial que no podía “pensar que un líder de una iglesia o de un movimiento religioso imponga la presencia en una iglesia a cuesta de la vida”.

Según sus datos, el grupo que más muere por COVID-19 son los envejecientes, especialmente mayores de 60 años, quienes tienden a ir presencialmente a las iglesias. “En ese contexto, el 75% de las personas que mueren son personas de 60 años en adelante”, aseguró.

En este cuatrienio, las iglesias no han respetado esa división constitucional y el Estado tampoco la ha ejercido, como fue el caso de la discusión legislativa sobre las terapias de conversión y el aborto. Empero, elevan el señalamiento en momentos de emergencia de salud pública.

En marzo, al inicio de la pandemia, la Gobernadora implementó cierres a las iglesias, avalados por líderes de distintas denominaciones religiosas. Luego, se incorporaron las misas virtuales y ese sector no mostró reparos como lo hizo esta semana.