En mayo se pensó que se aplanó la curva, pero los datos cinco meses después demuestran un incremento alarmante.

El manejo del coronavirus COVID-19 en Puerto Rico en agosto es el mismo desde que comenzó la emergencia hace cinco meses, en la medida en que no existe otra estrategia gubernamental para atajar la pandemia que no sea un encierro a nivel individual y uno escalonado para las industrias económicas.

Todavía a cinco meses, aunque hay mayor disponibilidad de fondos federales para atender la crisis, prevalece la escasez de pruebas para detectar la enfermedad y reactivos para procesarlas, así como una tardanza en el recibo de resultados, lo que a su vez estropea la necesidad de basarse en datos certeros.

Los contagios, las hospitalizaciones y las muertes, en cambio, continúan en aumento.

Las Órdenes Ejecutivas (OE) de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, han sido la guías de la Isla para lidiar con la pandemia, mediante las cuales se han ordenado cierres de comercios, parques, playas y se ha modificado o cancelado el ofrecimiento de servicios en el sector público.

La orden vigente originalmente vencía hoy, pero anoche la Primera Ejecutiva la extendió hasta el 21 de agosto, con tal de “darles el espacio a los consejos asesores del sector médico y económico a presentar sus recomendaciones finales”. Junto a esta disposición, acordó reunirse con esos grupos el próximo lunes, o sea, un día después de las primarias en las que la Gobernadora está en carrera.

Vázquez Garced ha recalcado que su prioridad es salvar vidas. No obstante, en una entrevista radial, el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, declaró que no había consenso entre el sector económico y el sector salubrista referente a los próximos pasos a seguir.

Lo más certero, de acuerdo a la Gobernadora, es que habría un retorno a fases iniciales de apertura económica, o sea, mayores restricciones.

“Preveo que puedan venir unas restricciones adicionales. Si bien es cierto que todas las fases se abrieron según se iba progresando y con el consejo y consentimiento del ‘Task Force’ Médico y Económico, siempre he dicho que es la voluntad del ciudadano. Cada ciudadano tiene que poner de su parte. Algunos cumplen, unos no. Vamos a tomar medidas para aquellos que no han podido poner su granito de arena para que tengamos controlado la manera en que queremos al COVID”, subrayó la Gobernadora ayer, viernes, en Aguas Buenas.

La Primera Ejecutiva señaló que su preocupación eran los pequeños y medianos comercios. A raíz de la pandemia, 304,577 personas en la Isla han solicitado asistencia de desempleo (PUA, por sus siglas en inglés) y 329,245 por desempleo regular.

En agosto solamente, el COVID-19 ha cobrado la vida de más de 60 personas y por días consecutivos, los datos de Salud han reflejado más de diez muertes.

Precisamente hasta ayer, viernes, Salud había reportado 428 personas hospitalizadas por esta enfermedad y 317 muertes. En cuanto a contagios, habían 10,730 casos confirmados por una prueba molecular y otros 14,398 probables, que fueron confirmados con una prueba serológica, que en total igualan 25,128 casos.

De las muertes por COVID-19, cinco corresponden a médicos. Según un estudio, aunque estos profesionales de la salud tengan equipo de protección personal, están tres veces más propensos a contraer el virus que otras personas.

Al inicio de la pandemia en la Isla, la clase médica alzó la voz contra los hospitales, quienes se negaban a proveerle más equipo o les exigían utilizar material tan esencial, como las mascarillas, por más de una ocasión.

¿Pruebas, rastreo y distanciamiento?

Desde inicios de la pandemia, los científicos han insistido en tres aspectos: realizar pruebas para detectar el COVID-19, establecer un sistema eficiente de rastreo de contactos y promover el distanciamiento social.

La campaña primarista de integrantes del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP) —incluida la Gobernadora— ha roto los parámetros de este último renglón.

En cuanto a la compra de pruebas para detectar el COVID-19, Luego del intento fallido de adquirir un millón de pruebas serológicas por $38 millones, Salud detuvo sus intenciones de adquirir más pruebas, según el Secretario de esa agencia reveló a mediados de abril.

Igual, no fue hasta dos días después de la primera vuelta de las primarias —y cinco meses de pandemia— que la Gobernadora se reunió con la empresa Roche Diagnostics para garantizar la priorización de Puerto Rico en la adquisición de reactivos para procesar pruebas moleculares.

Con el compromiso efectuado el martes 11 de agosto, se procesarían pruebas para 11,000 pacientes semanales, a razón de 44 mil mensuales, a través de los laboratorios de referencia privados.

En cuanto al rastreo de contactos, a mediados de julio, 70 de 78 municipios había solicitado fondos a Salud para establecer su programa de rastreo de contactos. De esos 70 municipios, 46 ya contaban con un epidemiólogo asignado y comenzaron a trabajar los sistemas desde el 1 de julio, según explicó en ese entonces la microbióloga Fabiola Cruz López.

En días recientes, Cruz López aseguró que se habían desembolsado $20 millones a 65 municipios para este esfuerzo.

Puerto Rico recibió $2,240 millones en fondos federales del “Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act”, conocido como la Ley CARES, para atender la pandemia.

Sin embargo, el Gobierno de Puerto Rico ha utilizado menos de la mitad de ese fondo de emergencia ($806,625,310, o lo equivalente a un 36%) y las partidas más grandes no están destinadas a áreas de la salud, sino al sector privado para propósitos de protección de nómina y un rescate a los pequeños comercios.

Picos cambiantes

A esta fecha se cumplen 153 días desde que la Gobernadora decretó un toque de queda mandatorio que ha persistido, pese a los cambios de horario y la apertura por fases.

La elaboración de una gráfica para visualizar datos sobre la prevalencia del COVID-19 en la Isla se asemejaría a la imagen del latido de un corazón con taquicardia: crecimiento rápido, irregular y descontrolado.

Al 25 de julio, los datos demográficos apuntaban a que eran las mujeres con mayor cantidad de contagios, especialmente entre las edades de 25 a 29 años. En los hombres, la mayoría de los casos se encontraron entre los 40 y 44 años. En ambos géneros, en cambio, la edad promedio de contagio se situó en 41.7 para esa fecha, según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR).

No todos los datos son recientes porque Salud, a través del doctor Miguel Valencia, ha indicado que la llegada de resultados de pruebas realizadas cargan con un retraso de casi dos semanas (entre 10 a 14 días) desde el momento en que se toma la muestra.

Según Valencia, quien labora en el sistema de vigilancia del Departamento de Salud, el virus fue controlado en entre marzo y mayo, tiempo en que la Isla mantenía un cierre total.

En ese entonces, el Secretario de Salud exclamó que el pico de contagios de COVID-19 sería entre el 4 y el 8 de mayo y comenzaría a normalizarse en junio. También, insistió en que el sistema hospitalario del país podía atender la respuesta al virus en esos niveles.

En el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín se fijó un área de cernimiento voluntario por parte de la Guardia Nacional.

En abril, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy Rivera, aseguró públicamente que era tiempo de encaminar una reapertura de la economía.

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El 21 de mayo, la Gobernadora dio paso a la primera fase reapertura y permitió que restaurantes, salones de belleza y barberías, comercios al detal, centros comerciales y concesionarios de autos, entre otros, reanudaran sus operaciones con restricciones porque era “el momento apropiado... hemos aplanado la curva”, término que se utiliza para señalar que se ha controlado el nivel de contagio.

El 11 de junio, permitió la apertura de los cines, los gimnasios, las playas, así como la práctica de eventos deportivos que no requieran contacto físico, lo que hasta el momento era la apertura más amplia, aunque Vázquez Garced no la consideraba ambiciosa.

De acuerdo a Valencia, la tasa de positividad —o sea, la cantidad de contagios— del COVID-19 aumentó en Puerto Rico a partir del 21 de junio. Ya para el 7 de julio, la Isla sobrepasó el cinco por ciento de positividad, que es el punto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció como límite a las reaperturas de la economía de un país o una jurisdicción.

Diez días después, Puerto Rico tenía una tasa de positividad de 5.1%, por eso en un mensaje televisado de la Gobernadora el pasado 17 de julio, se anunció el cierre nuevamente de cines, gimnasios, playas y balnearios, bares, casinos y “chinchorros”, entre otros. También se aplazó la reapertura de la faena turística.

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Al presente, se desconoce la exactitud de la tasa de positividad, porque esa cifra depende del número de pruebas que se administran y, ante la falta de reactivos para procesar las pruebas moleculares, se han hecho menos pruebas diarias que de ordinario.

El Secretario de Salud explicó durante la semana que en Puerto Rico se realizan entre 3,000 y 3,500 pruebas moleculares diarias. En otro momento durante esta emergencia, ese número rondaba las 4,500.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan unas 150 pruebas por cada 100,000 habitantes. Con 3.2 millones de habitantes, en la Isla deben hacerse alrededor de 4,800 pruebas por cada 100,000 habitantes.