Las partidas más grandes no están destinadas a áreas de la salud, sino al sector privado.

Con tres meses desde que la gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció el recibo de $2,240 millones en fondos federales para atender la pandemia del COVID-19 en la Isla, el Gobierno de Puerto Rico ha utilizado menos de la mitad de ese fondo de emergencia y la salud no ha sido la prioridad.

El dinero proviene del “Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act”, conocido como la Ley CARES, aprobado para estimular la economía de los estados y las jurisdicciones de los Estados Unidos a raíz de la pandemia.

Los fondos debe asignarse en o antes del 30 de diciembre de 2020, de lo contrario, tendrán que ser devueltos al gobierno federal.

Del total de $2,240 millones, el gobierno ha utilizado $806,625,310, o lo equivalente a un 36% del dinero, según consta en un documento elaborado por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). El documento no representa un recuento formal o auditoría sobre las medidas gubernamentales para atajar el COVID-19, sino que es parte de una presentación para inversionistas, con fecha del 4 de agosto.

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Las partidas más grandes desglosadas en el documento no están destinadas a áreas de la salud, sino al sector privado para propósitos de protección de nómina y un rescate a los pequeños comercios.

Al presente, el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, adelantó que vislumbra que la próxima Orden Ejecutiva de la Gobernadora incluiría un retorno a las restricciones de movilidad ciudadana y en el sector económico para contrarrestar el alto nivel de contagios de COVID-19 en la Isla.

Desde mediados de junio, Puerto Rico sobrepasó el 5% en la tasa de positividad que la Organización Mundial de la Salud (OMS) fijó como límite para que las jurisdicciones tomaran acción. En la Isla, ese porcentaje ha sobrepasado el 10%.

La tercera tajada de mayor cantidad en el informe son $150 millones destinados para la compra de pruebas para detectar el COVID-19 y establecer un programa de rastreo de contactos, de los cuales solo se han asignado $63.4 millones.

Esto quiere decir que, al menos hasta la fecha de publicación de ese documento, quedaban $86.6 millones sin adjudicarse.

En mayo, el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, adelantó que evaluaría el uso de esos $150 millones conforme a necesidad y que vislumbraba que no se utilizarían únicamente para la compra de pruebas y el rastreo, sino para la contratación de personal y mejorar la infraestructura dentro de la agencia.

Al inicio de la pandemia, el Gobierno de Puerto Rico intentó comprar un millón de pruebas serológicas para detectar el COVID-19 a un costo de $38 millones a una empresa sin experiencia en la venta de productos de salud, pero la transacción falló. Luego de eso, Salud cesó sus intentos de comprar más pruebas y tampoco lo fijaba entre sus prioridades, según el Secretario.

La agencia también ha sido cuestionada por su deficiencia en el rastreo de contactos, proceso que los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) consideran parte del apoyo a pacientes que se sospecha que están contagiados o los que se ha confirmado que están contagiados con el virus.

La epidemióloga Fabiola Cruz López —a quien Salud designó como encargada del programa municipal de rastreo de contactos luego de ver su modelo exitoso en Villalba— ha dicho que se han desembolsado $20 millones a 65 municipios para este esfuerzo.

NotiCel solicitó al Departamento de Salud información sobre el uso y desembolso de este dinero, pero al cierre de esta edición la agencia informó que todavía estaba en el proceso de recopilación de datos.

Lo más importante es donde menos se ha gastado

El informe de AAFAF resume los gastos sobre los fondos federales en una página, ya que el resto del documento incluye los avances en la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, el arreglo de los puertos en San Juan y el estatus de la deuda.

De ese desglose, lo relacionado directamente al COVID-19 es en lo que menos se ha invertido dinero. Aquí el resumen de ese renglón:

Mientras, el informe revela que no se ha gastado ni un centavo en:

Otros gastos:

La emergencia por el COVID-19 comenzó en la Isla a mediados de marzo, fecha en que la Gobernadora decretó un toque de queda que ha visto modificaciones, pero continúa vigente.

Fondos utilizados en las primarias fallidas

Aunque no está explícitamente descrito en ese informe debido a la fecha en que se sometió, también se han utilizado $800,000 de ese fondo federal para subvencionar las primarias del pasado 9 de agosto, que la propia agencia interrumpió y aplazó debido a la falta de materiales de votación.

En entrevista previa con NotiCel, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila Rivera, explicó que parte de los fondos se utilizarían para pagos de nómina para el personal que trabajaría los días de voto adelantado y para la compra equipo de protección personal, como mascarillas, “face shields” y guantes.

El CARES Act a nivel federal incluyó $400 millones para “prevenir, prepararse y responder al coronavirus, a nivel doméstico e internacional, en el ciclo electoral del 2020”. La Comisión de Asistencia Electoral de los Estados Unidos, por su parte, explicó que los estados y jurisdicciones debían comprometerse a parear el 20% de los costos totales para recibir esos fondos.

Aunque comenzaron el pasado domingo, 9 de agosto, las primarias del Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista fueron interrumpidas porque las papeletas no llegaron a tiempo a algunos precintos y centros de votación. Esto provocó que solo una pequeña porción de los afiliados a esas colectividades pudieran ejercer su derecho constitucional al voto.

El asunto fue elevado al Tribunal Supremo, entidad que dictó que el evento electoral tendrá su continuación el domingo, 16 de agosto.

Lee el documento en su totalidad aquí: