No aprobó el uso de fondos federales para la consulta.

El Departamento de Justicia federal notificó ayer a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que no aprueba la asignación de $2.5 millones para celebrar la consulta por varias razones, empezando con que hicieron las gestiones tarde y porque los materiales y el lenguaje de la ley están construidos a favor de la estadidad y engañan sobre el resultado que tendría un voto a favor de la estadidad.

Justicia federal tampoco aprobó el desembolso de fondos para el plebiscito de 2017 y utilizó la comunicación con la solicitud de este año para consignar que el Gobierno de los Estados Unidos no reconoce validez a los resultados de los plebiscitos de 2012 y 2017. Los $2.5 millones federales están disponibles desde 2014, pero ya este sería el segundo intento de realizar un plebiscito que cumpla con los requisitos de los fondos y no se logra.

“El Departamento ha determinado que está incapacitado de notificarle al Congreso de que aprueba la papeleta y materiales relacionados al plebiscito y, por tanto, no va a desembolsar los fondos”, indica el subsecretario de Justicia federal, Jeffrey A. Rosen en la misiva divulgada inicialmente por el analista político Jay Fonseca.

La postura del departamento es que la tardanza en someterle los materiales del plebiscito es la razón principal por la que rechazan recomendar el desembolso de fondos, pero, además, entra en otros aspectos sobre este ejercicio electoral así como los de 2012 y 2017.

“[L]os votantes pueden interpretar razonablemente que las declaraciones de la ley significan que un voto mayoritario por el ‘Sí’ resultará necesariamente en estadidad automática o inmediata, lo cual es incorrecto”.

La CEE sometió los materiales de la consulta el 3 de junio dándole a Justicia federal un plazo no final del 30 de junio para que hicieran la evaluación. Pero Justicia federal tuvo que recordarle en la carta que el informe congresional que aprobó la asignación de los $2.5 millones dice que el dinero estaría disponible 45 días después de que Justicia federal notifique al Congreso el resultado de su evaluación. A esos 45 días, habría que sumar lo que tome la evaluación, por lo que el departamento concluye que “no se proveyó suficiente tiempo” para completar la evaluación.

Para añadir sal a la herida, la carta dice que el programa de tiempo que toma la evaluación fue discutido con funcionarios del Gobierno de Puerto Rico para el plebiscito de 2017 y, a pesar de eso, la información que mandó la CEE el 3 de junio era hasta menos específica y más general que la que se mandó para el plebiscito de 2017.

Al entrar en los méritos del contenido del plebiscito, la carta dice que, aún si tuvieran tiempo para la evaluación, la ley habilitadora de la consulta “hace claro que se enfoca la pregunta del status futuro de Puerto Rico desde una perspectiva decididamente proestadidad y antiterritorial” lo cual sería contrario a la política pública del departamento de mantener un enfoque neutral sobre las opciones de status.

Además, como los materiales dirían que la consulta está aprobada y financiada por el Gobierno de los Estados Unidos, un plebiscito hecho a favor de una sola opción se interpretaría como un endoso del gobierno federal a un lenguaje que está en contra de su política pública sobre las opciones de status para la isla, dijeron.

Objetaron también que se diga en la ley y en los materiales que los plebiscitos de 2012 y 2017 fueron un rechazo directo del status territorial actual, cuando eso es contrario a la postura del departamento de que “es incierto” que el plebiscito de 2012 realmente reflejara “la voluntad actual del pueblo”. Recordaron que en el del 2017, el departamento rechazó la papeleta y tuvo baja participación “que nos evitan considerar los resultados del plebiscito de 2017 como un voto decisivo a favor de la estadidad”. Para el departamento, subrayaron, el pueblo de Puerto Rico no ha rechazado “definitivamente” el Estado Libre Asociado como status político.

Finalmente, entraron en lo que consideraron elementos engañosos, de “confusión a los votantes” y de “percepciones erróneas”, sobre lo que la ley y los materiales dicen que sería el resultado de un voto a favor de la estadidad, en la medida en que se plantea que con un voto a favor se va a iniciar el proceso de admisión y en tanto y en cuanto se compara este plebiscito con los que realizaron Alaska y Hawaii antes de convertirse en estados.

“Los Estados Unidos siguen comprometidos con permitir que el pueblo de Puerto Rico determine su status político futuro, pero el departamento tiene que enfatizar que un voto mayoritario al ‘Sí’ en este plebiscito no va a llevar automáticamente o inmediatamente a la admisión (como estado)”.

Apuntaron a que los materiales dicen que un voto a favor de la estadidad iniciará un proceso de transición para la admisión de Puerto Rico a la unión como estado, por lo que “los votantes pueden interpretar razonablemente que las declaraciones de la ley significan que un voto mayoritario por el ‘Sí’ resultará necesariamente en estadidad automática o inmediata, lo cual es incorrecto”.

Sobre Alaska y Hawaii indicaron que sus votos a favor de la estadidad antes de entrar a la unión ocurrieron al final del proceso de admisión y eran votaciones que estaban incluidas en las leyes federales que trabajaron su admisión a la Unión. Por esto, no se compara con este plebiscito que es el primer paso y que no tiene una ley federal que mandate un voto estadidad ‘Sí’ o ‘No’.