La alcaldesa propone que los gobernantes y funcionarios presenten sus planillas.

La alcaldesa de San Juan y candidata a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carmen Yulín Cruz, compartió hoy varias políticas públicas que pretende encaminar de convertirse en la Primera Mandataria del país en las elecciones del próximo noviembre y que incluirían la creación de un comité de transparencia y legislación para que los funcionarios electos publiquen sus planillas de contribución sobre ingresos.

Cruz propone, tanto para el o la gobernadora electo y todos los funcionarios públicos electos, que se enmendé la Ley de Ética Gubernamental para requerir que se publique anualmente el resumen de bienes activos y pasivos del funcionario, y su unidad familiar, si aplica.

Además, se legislará para que se publique la planilla de contribución sobre ingresos o las planillas de todo funcionario electo. De igual forma, propone que los candidatos a gobernador o gobernadora deben someter cinco planillas, incluyendo la del año anterior a la elección.

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Todos sus datos, dijo, los adelantó en la página digital www.sinmiedopr.com, en donde ya se puede acceder a su reporte contributivo para el 2019.

Rodeada de un grupo representativo de la juventud del PPD, Cruz expuso que “si algo ha querido la juventud y si por algo se volcó en el verano de 2019, es porque la corrupción terminara y no estuviera amarrado con nadie”.

“Esto es parte de una cultura que hay que derrotar para darle al servicio público una nueva brújula moral que restituya la confianza de los ciudadanos, y así atajar la corrupción que tantos recursos le quita a nuestra gente. Terminar con la corrupción es un asunto complejo pero hay políticas públicas que podemos atajar”, detalló en una rueda de prensa desde la sede del PPD, en Puerta de Tierra.

Entre las propuestas de la alcaldesa se encuentra la creación de una Comisión Blue Ribbon, que sería creada en los primeros seis meses de mandato, en donde una “comisión de personas de reputación intachable, que investiguen y den recomendaciones sobre los casos más notorios de corrupción en este cuatrienio”. Cruz señaló que está comisión sería independiente en presupuesto y en su marco de acción.

Añadió que se instituiría una Comisión de Juristas y Académicos que en seis meses tendrían la responsabilidad de someter recomendaciones sobre el funcionamiento y transparencia de la Oficina del Contralor, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Fiscal Especial Independiente.

La alcaldesa propone, además, una Comisión de Transparencia, cuyos integrantes serían miembros de la prensa, juristas y organizaciones investigativas para reescribir la Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico. También propuso la “Chequera digital de La Fortaleza” en la que buscaría tener una alianza con un organismo sin fines de lucro, externo al gobierno, para a manera de primera etapa, poder enseñar los cheques emitidos por La Fortaleza. Luego, se ampliaría esta capacidad a otras agencias.

Cruz también busca eliminar la dispensa que puede ser expedida por el Gobernador o la Gobernadora en el artículo 3.7 de la Ley de Ética Gubernamental que expone que “ningún ex-servidor público podrá, durante el año siguiente a la terminación de su empleo, ocupar cargo alguno ni tener interés pecuniario alguno, con persona o entidad alguna si la agencia, oficina, dependencia o tribunal en que trabajó le hubiese efectuado a dicha persona o entidad alguna investigación, examen de auditoría, en la cual él participara directamente durante el año previo a la terminación de su empleo”.

La alcaldesa expuso que con esto busca “eliminar la puerta rotativa de funcionarios que van a trabajar en agencias o empresas a quien contrataron o investigaron”.

Otras medidas propuestas son un registro de viaje en donde los funcionarios gubernamentales, incluyendo quién asumió el costo, los gastos asociados al viaje. También, que las subastas públicas sean transmitida por Internet en contratos y servicio por más de $1 millón y que las compañías contratadas por el gobierno tengan un mínimo de tres años de experiencia en el manejo de productos o servicios contratados.