Ayer continuó la saga entre la Gobernadora y el Presidente del Senado contra la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente.

En menos de 24 horas, se filtró el referido que hizo el Departamento de Justicia a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) con el detalle de las imputaciones contra la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, quien a su vez solicitó la desestimación y el archivo de su caso que aún no es ni final ni firme, pero al que ya se le atribuyen sesgos político partidistas.

En ese plazo, el PFEI allanó la sede de Justicia, en Hato Rey, por entender que la difusión no autorizada del documento —que contiene 74 páginas— surgió desde ahí, su punto de origen.

Estos sucesos enmarcaron lo que fue el tercer día en que se conoce públicamente que la Gobernadora es uno de los ejes de una pesquisa criminal por violentar el Artículo 4.2 del Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico y que involucra a su secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle, y a la senadora Evelyn Vázquez Nieves, entre otros.

La desestimación y el archivo solicitado mediante una moción, radicada a través del abogado de la Gobernadora, Edgar Vega Pabón, fue enviada al PFEI poco después de las tres de la tarde del miércoles y en parte se sustenta en que la investigación se ha nutrido de la lucha política contra Vázquez Garced de cara a las primarias del 9 de agosto.

Según el documento, la votación del PFEI de proceder con la investigación contra la Gobernadora es impugnable porque, contrario a la ley, no se justificó la ausencia de la tercera integrante del grupo, Ygrí Rivera Sánchez. Su no participación, de acuerdo a la defensa de la Primera Ejecutiva, cobra mayor importancia porque el exjuez Rubén Vélez Torres, uno de los dos votos a favor junto a la presidenta del panel Nydia Cotto Vives, aparenta preferir a Pedro Pierluisi Urrutia en la contienda primarista.

PDF: Moción Desestimación WVG.pdf

De acuerdo a la ley orgánica del PFEI, como único las determinaciones podrán ser decididas por dos de tres miembros del panel será si uno de los miembros se inhibe y no hay juez alterno que lo sustituya. No obstante, de la resolución publicada por el ente no se desprende que Rivera Sánchez se haya inhibido.

“La ausencia de la licenciada Rivera Sánchez cobra mayor vigencia a la luz de la información recibida en el día de hoy, a los efectos de que la hija del licenciado Rubén Vélez Torres, Zhamira Vélez Ortega, es empleada del Departamento de Corrección y Rehabilitación, trabajando en destaque como ayudante del Alcalde de Arecibo, que es uno de los principales líderes del oponente de la aquí compareciente en el proceso primarista que se celebrará en 18 días”, exclamó el abogado Vega Pabón.

A esto le sumó que el propio Vélez Torres sigue en las redes sociales (Facebook) a la página oficial de Pierluisi Urrutia, mas no menciona al contrincante por nombre y apellido.

“No divulgó eso, no se inhibió y entendemos que es suficiente para inhibirse. ¿Qué va a hacer el PFEI? Yo no sé. Pedimos que los dos jueces no estén parcializados por una razón personal o política”, exclamó Vega Pabón.

Las fotos del perfil de Vélez Torres fueron compartidas ayer y señaladas por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, porque hay un “like” a la página oficial de Pierluisi Urrutia. Vega Pabón también las incluyó como “exhibits” en su demanda.

Sin embargo, el perfil también sigue a otras páginas de candidatos del Partido Nuevo Progresista (PNP), como la de Rivera Schatz, el representante Antonio “Tony” Soto Torres, el senador Luis Berdiel Rivera y perfiles ligados a personas e ideales de la palma, como Carlos Romero Barceló y Fuerza Estadista.

El funcionario también sigue al senador independiente José Vargas Vidot, a varios periodistas y es amigo del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, así como fiscales y abogados.

Los “likes” no necesariamente demuestran apoyo, sino que bien podrían ser una manera para mantenerse al tanto o informado de lo que hagan esas figuras públicas, pues Facebook permite organizar el contenido de estas páginas para que tengan prioridad en su página de inicio.

Vélez Torres fue nombrado al PFEI por el exgobernador Luis Fortuño Burset en el 2011.

La moción de desestimación recalca que, como gobernadora, Vázquez Garced tiene la potestad de relevar a los funcionarios de confianza porque son cargos de libre remoción, precisamente por el elemento de confianza.

En el documento y en su conversación con NotiCel, el licenciado Vega Pabón subrayó que disfrazar la pérdida de confianza hacia un funcionario como un acto de represalias es una acción concertada con el propósito de “hacer daño a la Gobernadora por motivaciones personales y políticas mezquinas”.

Pero en su informe referido al PFEI, Justicia ya se había adelantado a la explicación de cómo un despido por pérdida de confianza podría catalogarse como una represalia. La agencia afirmó que el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico —el que se le imputa violentar a la Primera Ejecutiva— prohíbe que se tomen represalias contra personas que denuncien actos de corrupción, cosa que incluye a los jefes de agencia aunque sean funcionarios de confianza.

Vega Pabón admitió que la radicación surgió gracias a que “pudo aprovecharse” de la filtración de los referidos de Justicia al PFEI y leer las imputaciones contra su representada.

Del mismo modo, la moción pudo radicarse porque Vázquez Garced cae bajo funcionarios cuyos procesamientos recaen en el PFEI. Si no estuviera cobijada bajo ese estatuto, no se enteraría que es objeto de investigación con tanta anticipación ni hubiera podido solicitarle a los fiscales que detengan el proceso por carecer de bases legales.

Justicia no detalla allanamiento

Poco antes de la radicación de Vega Pabón, el fiscal Miguel A. Colón Ortiz y varios agentes del PFEI se personaron en Justicia para indagar sobre la filtración del informe, según Cotto Vives.

La noche del martes, varios medios de comunicación, como NotiCel, divulgaron el documento que elaboró el Justicia y que especificó las violaciones de ley de la Primera Ejecutiva bajo los parámetros y el criterio de la agencia. Cotto Vives rechazó a este diario digital que esa información saliera de su oficina.

“Nos sorprendió de dónde salió eso”, indicó la Presidenta del PFEI.

En cambio, la secretaria interina de Justicia Inés Carrau Martínez confirmó el allanamiento en declaraciones escritas, pero no especificó a qué se debía.

“En la mañana de hoy [ayer] miércoles, 22 de julio, personal de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente acudió al Departamento de Justicia con un requerimiento. Atendimos su solicitud, sin embargo, estamos impedidos de revelar cualquier información sobre esa visita ya que se trata de un asunto confidencial bajo la jurisdicción de esa oficina”, explicó Carrau Martínez.

El martes, el primer día de la Sesión Extraordinaria de la Legislatura estuvo enmarcado por las dudas que persistían sobre el enfoque de las investigaciones del PFEI, así como el nombramiento a último minuto realizado por Vázquez Garced de un integrante adicional a esa entidad investigadora. La Cámara de Representantes colgó el nombramiento de Carlos Rodríguez Muñiz y la Gobernadora aseguró que esa acción fue nula.