Según Justicia, Wanda Vázquez violentó la misma ley que ayudó a crear
El informe sometido al PFEI detalla irregularidades en la entrega de ayuda a los afectados por el temblor del 7 de enero e identifica posibles delitos cometidos por funcionarios públicos involucrados en el proceso.
El Departamento de Justicia concluyó que la gobernadora Wanda Vázquez Garced violentó el “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, una ley que la funcionaria misma ayudó a convertir en una realidad en el 2018 y a la que le sometió enmiendas luego de juramentar un año después, en agosto de 2019, como Primera Ejecutiva por orden constitucional.
La determinación de Justicia se basa en que Vázquez Garced despidió a la licenciada Glorimar Andújar Matos como secretaria del Departamento de la Familia por represalias, ya que la exfuncionaria ordenó una investigación administrativa en su agencia contra Surima Quiñones Suárez, exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), por alegado favoritismo político a la hora de repartir ayudas federales para los damnificados tras el terremoto registrado en el sur el pasado 7 de enero.
Este es parte del saldo de uno de los seis referidos que Dennise Longo Quiñones dejó encaminados hacia la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) antes de ser despedida de su cargo como secretaria de Justicia a principios de julio, y que fue filtrado a la prensa en horas de la noche ayer, martes. El trámite requeriría una investigación por parte del ente independiente para evaluar si amerita la radicación de cargos criminales contra la Primera Ejecutiva y los demás implicados.
Se desconoce hasta qué punto los otros cinco referidos salpican a la Gobernadora y cuántos de ellos continúan vigentes, ya que en días pasados se mencionó que otro de los que involucraba a Vázquez Garced estaba relacionado a una querella presentada por el grupo Servidores Públicos con Dignidad y no prosperó.
Al ser cuestionada al respecto, la presidenta del PFEI, Nydia Cotto Vives, declinó ofrecer información sobre otros cuatro casos en lo que Justicia investigó y no recomendó un fiscal especial independiente.
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El documento de 74 páginas también señala al secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle, como otro funcionario que infringió el Código Anticorrupción junto a la Gobernadora, en su caso durante su primer mes de trabajo en La Fortaleza.
Específicamente, se les imputa violentar el Artículo 4.2, que estipula que “ninguna persona podrá hostigar, discriminar, despedir, amenazar o suspender algún beneficio, derecho o protección a otra persona por el hecho de que ésta provea información, coopere o funja como testigo en cualquier investigación que conduzca a alguna denuncia, acusación, convicción acción civil o administrativa, por conducta relacionada con el uso ilegal de propiedad o fondos públicos”.
Es decir, el estatuto prohíbe represalias contra personas que denuncien actos de corrupción y eso incluye, aclaró Justicia, a los jefes de agencia aunque son empleados de confianza, o sea, de libre remoción.
“Las acciones adversas en contra de Andújar Matos fueron subsiguientes a su determinación de suspender sumariamente a Quiñones Suárez y de continuar con la investigación administrativa sobre la comisión de actos irregulares en la entrega de alimentos bajo el programa federal de TEFAP. Como ha demostrado nuestra investigación, la creencia de Andújar Matos acerca de los actos denunciados tenía fundamentos, de ahí que Pabón Batlle insistiera desesperadamente en tratar de cambiar el rumbo de los acontecimientos”, concluyó Justicia.
El Código Anticorrupción fue firmado el 4 de enero de 2018 por Ricardo Rosselló Nevares, quien estuvo acompañado de Vázquez Garced como entonces secretaria de Justicia. La ahora Gobernadora sometió una ponencia a la Legislatura de parte de la agencia que dirigía para avalar y celebrar la aprobación de la medida, a toda vez que sometió sugerencias para “robustecer” el estatuto, según se desprende del documento del 5 de diciembre de 2017.
El epígrafe en el informe de Justicia es una cita de Vázquez Garced, de una explicación que ofreció el día de la firma de la medida para convertirla en ley.
“El código dispone para que toda aquella persona que tenga conocimiento tenga el deber de informar de informar y una vez hecho eso, nadie, el supervisor puede tomar represalias contra estas personas. No solamente es un delito grave, sino que están excluidos de la Ley de Sentencia Suspendida”, declaró Vázquez Garced.
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El documento de Justicia subraya que cuenta con información suficiente para creer que se concretó la comisión de delitos por parte de Vázquez Garced, Pabón Batlle, y los senadores Evelyn Vázquez Nieves y Nelson Cruz Santiago.
A ellos se les añade Peter Muller Maldonado, esposo de Vázquez Nieves, Quiñones Suárez, José Alfredo Galarza Vargas y María Teresa Zayas Gierbolini.
La base de los señalamientos
Las imputaciones contra Vázquez Garced y demás funcionarios tienen su base en la investigación administrativa ordenada por Andújar Matos como secretaria de Familia, que concluyó con la suspensión sumaria de Quiñones Suárez y que desde La Fortaleza se exigió revertir.
Según el referido al PFEI, Andújar Matos prestó una “detallada y extensa declaración jurada en la cual incluyó veinticuatro documentos para sustentar sus aseveraciones” y subrayó que la entonces administradora de ADSEF corría la dependencia como una agencia autónoma y con comunicación estrecha con personal federal y personal de la Mansión Ejecutiva.
En una vista pública de la Cámara de Representantes luego de su despido, Andújar Matos aseguró que durante el verano, en agosto y en noviembre de 2019 alertó a los correspondientes secretarios de la Gobernación —Ricardo Llerandi Cruz y Zoe Laboy Alvarado—, así como a Vázquez Garced sobre las actuaciones de Quiñones Suárez, pero nada pasó.
El 17 de enero del año en curso, Andújar Matos le comunicó a Vázquez Garced y a Pabón Batlle por separado a través de la aplicación Telegram que la exadministradora de ADSEF había sido suspendida de forma sumaria por “la forma y manera en que se estaba realizando la distribución de alimentos a los damnificados del sur por los sismos. El Programa de Distribución de Alimentos es un programa 100% federal”.
El 8 de enero, por ejemplo, se dejó sin suministros a residentes de Guánica que esperaron por cinco horas y, en su lugar, se llevaron a Ponce. Más adelante, el 14 de enero, surge la dilación de entrega de ayudas a damnificados por consideraciones político-partidistas y la que involucra a Vázquez Nieves y su esposo. Por regla federal, los candidatos no pueden hacer apariciones políticas en los lugares y a las horas en las que se entregaría la ayuda federal.
Dos minutos después de enviar el mensaje por Telegram, la Gobernadora llamó a Andújar Matos y le preguntó si no habían otras funciones que Quiñones Suárez podía hacer, porque no le gustaba que cobrara sin trabajar, a lo que Andújar Matos le reiteró que, por ser administradora, no habían otras funciones “ya que la investigación es precisamente contra la administración de esta en el proceso de la emergencia”.
La Gobernadora también cuestionó si habían declaraciones juradas de las alegaciones, porque no podían basarse en anónimos, y destacó que la jefa de agencia no le consultó la determinación, sino que simplemente le informó.
Una hora después, Andújar Matos recibió una llamada del Secretario de la Gobernación, quien le solicitó que se revirtiera la determinación contra Quiñones Suárez y, al no encontrar mecanismos para cumplir con la orden, la exsecretaria de Familia entonces recibió la encomienda de hacer una investigación dentro de 48 horas al respecto —desde un viernes a las 8 p.m. de un fin de semana feriado— para discutirlo el lunes a las 10 a.m.
La ley orgánica de Familia otorga cinco días para estos esfuerzos, pero a Andújar Matos se le fijó el plazo de 48 horas. En esa misma conversación, Pabón Batlle designó a Quiñones Suárez como persona enlace con el municipio de Guayanilla.
Luego de ese intercambio, las interacciones de la Gobernadora hacia Andújar Matos fueron de contrariedad y molestia, según se describe en el informe, desde llamar a la exfuncionaria para pedirle que “controle a su gente” por publicaciones en las redes sociales sobre Quiñones Suárez, hasta que le retiró la confianza el 18 de enero.
El informe de Justicia menciona que todo este proceso inició tras un señalamiento del representante del Partido Popular Democrático, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, quien primero denunció que la repartición de suministros fue irregular.
El lunes, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) acogió las recomendaciones del Departamento de Justicia y nombró a los fiscales Leticia Pabón Ortiz y Miguel A. Colón Ortiz para investigar a la Gobernadora, Pabón Batlle, Vázquez Nieves, Quiñones Suárez, Galarza Vargas y Zayas Gierbolini.
Pero ordeno el archivo de los casos contra Cruz Santiago y Muller Maldonado.
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