La Cámara de Representantes derrotó el nombramiento, pero la Gobernadora dice que la acción es nula e insistirá.

Los exjueces que componen el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) habían solicitando a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, desde el 12 de noviembre de 2019, que nombrara a los dos miembros alternos que su ley habilitadora indica para darle más estabilidad a sus trabajos, pero la mandataria ni contestó las cartas.

Ayer, a 24 horas de que el PFEI nombrara a dos fiscales para investigarla, Vázquez Garced nombró como miembro alterno a un amigo personal que es exesposo de la exjefa de fiscales, Olga Castellón Miranda.

La relación de amistad entre el exjuez Carlos Rodríguez Muñiz y Vázquez Garced, así como detalles del vínculo con Castellón Miranda fueron confirmados por múltiples fuentes a solo minutos de que la gobernadora sorprendiera con el anuncio del nombramiento de Rodríguez Muñiz como miembro alterno.

NotiCel solicitó entrevista a Rodríguez Muñiz, pero a la hora de esta publicación no había accedido.

Si rápido fue el nombramiento de Rodríguez Muñíz, más rápida fue la respuesta de la Cámara de Representantes que, en su primer acto oficial al iniciar la Sesión Extraordinaria ayer a la 1:00 pm, descargó y derrotó a viva voz el nombramiento.

En una riposta, Vázquez Garced opinó que la actuación de la Cámara fue nula y ultravires (sin base en ley) porque el nombramiento todavía no había sido sometido formalmente porque no se había enmendado la convocatoria de la Sesión Extraordinaria para incluirlo. Advirtió que “estaremos evaluando el curso a seguir sobre esta acción”.

La movida de la Gobernadora con el nombramiento tiene varios niveles.

Por un lado, la ley habilitadora del PFEI dispone que el panel estará compuesto por tres miembros en propiedad y dos miembros alternos. Los miembros en propiedad son Nydia Cotto Vives, quien también sirve como presidenta, Rubén Vélez Torres e Ygrí Rivera Sánchez. La ley dice que los alternos "formarán parte del Panel en caso de inhibición o de alguna otra circunstancia que impida a cualquier miembro en propiedad desempeñar sus funciones".

Como el panel actualmente no tiene alternos, han estado operando en una especie de estado de necesidad donde, si más de un miembro en propiedad no pudiera participar de un asunto, el organismo quedaría inoperante. De hecho, ya hoy el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, se movió en esa dirección al especular que Vélez Torres había hecho expresiones a favor de Pedro Pierluisi en redes sociales y exigiendo que Cotto Vives tome cartas en eso.

Tanto en el referido del 12 de febrero de 2020 sobre el chat de Telegram que conllevó la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares como en el referido del lunes contra Vázquez Garced, la exjueza Rivera Sánchez no participó, por lo que el asunto siguió su curso con el voto afirmativo de dos miembros en propiedad. Es un escenario que la ley permite porque el panel decide por voto mayoritario de dos, sea de dos contra uno o por el voto unánime de dos.

La ausencia de Rivera Sánchez en estos dos casos notorios no responde a una inhibición ya que una inhibición tendría que presentarse formalmente ante la Oficina de Ética Gubernamental, responde a que no participó. Según más de una fuente, la no participación de Rivera Sánchez en estos casos se debe a relaciones que tienen al menos dos de sus tres hijas en el gobierno. Una, Lorna Colón Rivera, es fiscal y la otra, Arytza Martínez Rivera, es contratista que tuvo acuerdos con la Cámara de Representantes en 2017 por $24,200 a través de RM Consulting y tiene un acuerdo con la Administración de Vivienda Pública (AVP) por $25,000 hasta el 31 de diciembre de este año a través de Martínez Rivera PSC.

Por otro lado, en este cuatrienio el Panel solicitó dos veces a Rosselló Nevares que nombrara alternos (el 11 de octubre de 2018 y el 9 de enero de 2019) pero, aunque tenían candidatos disponibles, como los exjueces Néstor Aponte, quien fue director de campaña de Pedro Pierluisi en el 2016, Manuel Fabre, quien ahora encabeza el comité oficial de retirados en el caso de quiebra del gobierno, e Ivonne Feliciano, quien fue Procuradora de las Mujeres antes de que Vázquez Garced ocupara el cargo, no hubo acción de parte de éste.

Ya con Vázquez Garced en Fortaleza tras la renuncia de Rosselló Nevares, el PFEI le pidió que hiciera los nombramientos mediante comunicaciones el 12 de noviembre de 2019 y el 10 de febrero de 2020. Esta última solicitud fue dirigida también a los presidentes legislativos Thomas Rivera Schatz (Senado) y Carlos Méndez Núñez (Cámara de Representantes) ya que ambos cuerpos evaluarían los nombramientos, pero ni Vázquez Garced ni Rivera Schatz actuaron. Núñez Méndez, por su parte, hizo su propia carta a la Gobernadora pidiéndole los nombramientos.

El tracto institucional deja, entonces, el nombramiento de Rodríguez Muñíz completamente atado al referido que el PFEI hizo ayer para que a la Gobernadora, al secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle, a la senadora Evelyn Vázquez y otros miembros del equipo de la mandataria se les investigue por posibles violaciones de la Ley de Ética, el Código Anticorrupción y el Código Penal cuando supuestamente manipularon la entrega de ayudas a damnificados del terremoto por motivos partidistas y cuando despidieron a la secretaria de la Familia, Glorimar Andújar, después de que ésta tomara acciones contra la empleada involucrada en la manipulación de las entregas.

La premura por tener a Rodríguez Muñiz dentro del Panel no solo se delata con que su nombramiento llega 24 horas después del referido, también está el hecho de que el anuncio del nombramiento se hizo a eso de una hora antes de que comenzara la Sesión Extraordinaria que la Gobernadora anunció el lunes en una conferencia con los presidentes legislativos y con la senadora Vázquez en la que en ningún momento se dijo que los trabajos incluirían atender el nombramiento de un miembro alterno al PFEI. Dicha sesión quedó convocada para ayer a la 1:00 pm. Ya que la designación se hizo antes de la 1:00 pm, el de Rodríguez Muñiz se convierte en un nombramiento en receso, lo cual quiere decir que entra a ejercer sus funciones de inmediato sin tener que esperar por el aval legislativo. Del nombramiento haberse realizado a la 1:01 pm, no podía entrar en funciones hasta que la Legislatura lo apruebe. Aún cuando la Gobernadora enmiende la convocatoria de la sesión para incluir la evaluación del nombramiento, Rodríguez Muñiz no tiene que esperar a que lo aprueben y puede ejercer de inmediato porque su nombramiento, por apenas una hora, es un nombramiento en receso.

Entonces, como miembro alterno, si la exjueza Rivera Sánchez se mantiene sin participar del caso de la Gobernadora, o si se inhibe formalmente, es Rodríguez Muñiz el que queda capacitado para tomar decisiones con los demás miembros del Panel. Y, si Rivera Schatz consigue impugnar a Vélez Torres, la constitución del panel potencialmente queda solo entre Cotto Vives y Rodríguez Muñíz, con altas probabilidades de que quede inoperante porque la votación sea empate 1-1.

La ley del PFEI no indica si Rodríguez Muñiz tendría capacidad para ver lo que hasta ahora es confidencial, las piezas de evidencia que sometieron los fiscales de Justicia al Panel en contra de Vázquez Garced, pero lo que sí está claro es que, una vez el caso ha sido asignado a unos fiscales especiales independientes, como ya sucedió mediante una resolución ayer, los miembros del panel tienen poca o ninguna otra incidencia sobre el caso, incluyendo que no tienen control de qué acusaciones se presentan contra quién. Volverían a entrar en el caso si, una vez presentada las acusaciones, alguno de los implicados quisiera entrar en un acuerdo para declararse culpable, lo cual no pueden decidir los fiscales sino que tiene que decidirlo el Panel.

Donde sí puede entrar Rodríguez Muñíz, si es que se hace necesaria su activación, es en las otras 10 investigaciones que están en etapa preliminar en Justicia y que tendrían que ser referidas al Panel debido a que atañen a funcionarios públicos de alto nivel. Al menos una de esas investigaciones pendientes tiene que ver con Vázquez Garced también. En el otro asunto pendiente que puede entrar es en la investigación que ya está realizando la exjueza Crisanta González Seda por designación del Panel sobre el referido de la Cámara de Representantes relacionado a la compra fallida de pruebas rápidas de coronavirus que abarca a ayudantes de la Gobernadora y que podría involucrarla también.

Sin embargo, la capacidad de Rodríguez Muñíz de integrar el panel en el tema de las pruebas rápidas, si es que su activación fuera necesaria, está en entredicho ya que el licenciado ya expresó públicamente un juicio sobre la investigación cameral de las pruebas mediante una publicación en Facebook el 9 de mayo. "Soñé que interpretaron que donde la Constitución dispone que ninguna persona será privada de su libertad sin un "debido proceso de ley", que a su vez incluye estar "debidamente representado por un abogado que pueda participar activamente en la defensa de su cliente" se debe interpretar que aplica a procesos donde se trata de obtener prueba que los incrimine para luego referírsela a los foros que en nuestro sistema de gobierno tienen la misión de procesar a sospechosos de delitos.

Castellón Miranda, exesposa de Rodríguez Muñiz y con quien procreó un hijo, es una fiscal federal que se convirtió en Jefa de Fiscales del Gobierno de Puerto Rico por designación de Vázquez Garced cuando se desempeñaba como Secretaria de Justicia. Castellón Miranda fue testigo en el caso criminal que le presentaron los fiscales especiales independientes a Vázquez Garced por supuestamente intervenir ilegalmente en el procesamiento de dos jóvenes acusados de escalar y robar en una residencia en la que pernoctaba una de las hijas de Vázquez Garced y su entonces novio, actual esposo y contratista de Justicia.

Según el comunicado de Fortaleza, Rodríguez Muñiz se desempeñó como juez del Tribunal de Apelaciones de 2000 al 2009; juez superior del 1995 al 2000; juez de distrito del 1988 al 1995 y juez municipal del 1983 al 1988. Además, fungió como juez administrador de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) de 1982 al 1983. Su hermano, Miguel Rodríguez Muñíz, fue administrador de la AVP.

Del récord público consta que Rodríguez Muñiz ha servido como oficial examinador de la Autoridad de Energía Eléctrica, de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, como comisionado especial en procesos disciplinarios judiciales, como oficial examinador del Partido Demócrata de Puerto Rico y como conferenciante sobre la Separación de Iglesia y Estado.